Opinión

El diferimiento de pago de acreencias firmes contra el Estado Nacional. Su inconstitucionalidad.

Por Pablo D. Cirilli

El objeto de estas palabras consiste en describir y comentar una situación que se está verificando en la actualidad con respecto a aquellos conciudadanos que, como consecuencia de los vaivenes económicos que se vienen sucediendo en nuestro país desde hace mas de veinte años, se han convertido en acreedores del Estado Nacional que no han ingresado a ninguno de los canjes de deuda soberana oportunamente dispuestos, y hasta el momento no han podido percibir sus acreencias; no obstante contar con sentencia firme dictada por nuestro más Alto Tribunal que les ha reconocido el crédito reclamado.

Antecedentes del tema bajo análisis.

La parte actora de esta historia era titular de bonos del Estado Nacional Bontes05; los cuales en su momento fueron “canjeados” por los denominados “Préstamos Garantizados” (1). Mediante la suscripción del contrato de préstamo garantizado y el canje de los bonos por dicho préstamo, el Estado Nacional pretendió reducir la tasa de interés y diferir el vencimiento de los pagos de esa deuda pública. Como contrapartida, el Estado Nacional se comprometió a abonar la deuda en dólares estadounidenses y garantizar el pago de la misma mediante la afectación de recursos que le correspondían a la Nación de conformidad al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o recursos del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria, hasta la suma que resulte necesaria para atender los vencimientos de capital e intereses de los Préstamos o Bonos Nacionales garantizados en que se convirtió la deuda pública nacional.

Con motivo del dictado del Decreto Nº 471/02 (integrante de la llamada “normativa de la emergencia)(2), la actora interpuso acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad del referido Decreto y se le abonase la deuda que mantenía el Estado Nacional bajo los mismos términos y condiciones del contrato de préstamo garantizado del cual había participado.

En primera instancia, con fecha 27 de noviembre de 2003, la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la acción deducida por la parte actora resolviendo declarar la inconstitucionalidad de los decretos 214/02, 320/02 y 471/02, y ordenando al Estado Nacional – Ministerio de Economía abonar a la actora las obligaciones previstas en los Bontes05 canjeados en su oportunidad por prestamos garantizados de conformidad a las condiciones en que fueron pactados los mismos. Esta sentencia fue oportunamente confirmada por la Cámara Contencioso Administrativo Federal.

Contra tal pronunciamiento el Estado Nacional interpuso Recurso Extraordinario Federal, el cual fue concedido por la Cámara y finalmente con fecha 6 de octubre de 2009  la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia definitiva, resolviendo rechazar el Recurso Extraordinario interpuesto por el Estado Nacional. Como consecuencia de ello, quedó firme la sentencia dictada a favor de la actora que resolvió que el Estado Nacional debe abonarle los Bonos canjeados en su oportunidad por prestamos garantizados, de conformidad a las condiciones en que fueron pactados, esto es, en dólares y con una tasa de interés del 7% anual.

Terminada la discusión sobre el fondo de la cuestión con la sentencia de la Corte, se inició la etapa de ejecución de sentencia. La actora no adhirió al canje de deuda previsto en el Decreto 563/10.

Dentro de la etapa de ejecución de sentencia, se intimó al Estado Nacional a abonar la deuda generada por el no pago de los bonos reconocida a favor de la actora. Sin embargo, en ese momento, el Estado Nacional se opuso a pagar la deuda argumentando la aplicación al caso de las previsiones establecidas en los artículos 49 y 51 de la Ley 26.456 (3).

En esta ley, al igual que en todas las leyes de presupuesto dictadas a partir del ejercicio 2005, se mantuvo el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha.

Como consecuencia de este diferimiento, el juzgado de primera instancia hizo lugar al planteo esgrimido por el Estado Nacional, lo cual fue confirmado posteriormente por la Cámara, y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, haciendo aplicación al caso de marras de lo resuelto en el fallo “Tonelli, Pablo Gabriel y otro c/ Estado Nacional s/amparo sobre ley 25.561”, con fecha 14 de agosto de 2013.

En el corriente año, la actora cumplió la edad de 75 años, por este motivo se pensó en la posibilidad de retomar el cobro de la deuda, debido a que las leyes de presupuesto correspondientes a los ejercicios 2004 a 2005 exceptuaban del diferimiento en el pago a las personas tenedoras de bonos que acreditando su tenencia en la Caja de Valores S.A. al 31 de diciembre de 2001, hubieran alcanzado la edad de 75 años.

Sin embargo, pese a que el diferimiento fue mantenido hasta la ley de presupuesto actual, la excepción prevista para el caso de las personas mayores de 75 años no corrió con la misma suerte, y ya ha dicho la Corte en el precedente “Galindo de Spota Norma Carmen c/ Estado Nacional s/ Proceso de Conocimiento – Ley 25561” del año 2015, que solo resultan abarcados por dicha excepción aquellas personas que hubieran llegado a la requerida edad al momento de vigencia de la ley que incluía la excepción; o sea la Ley 25.967 de Presupuesto general de la Nación para el periodo 2005. Lamentablemente la actora no contaba con esa edad al momento del dictado de la Ley 25.967 y por ello no pudo hacer uso de la excepción prevista en la misma.

La situación se torna aún más injusta teniendo en cuenta que con el dictado de la Ley 27.249, publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2016, se dejaron sin efecto el conjunto de “leyes cerrojo” que impedían el pago a tenedores de bonos con ley extranjera, y sin embargo se dejó afuera de este beneficio a los tenedores de bonos con ley Argentina; con lo cual, el Estado Nacional ha priorizado el pago de las acreencias a acreedores foráneos en detrimento de los acreedores locales.

En este punto cabe resaltar además que la actual ley de presupuesto mantiene el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional dispuesto en todas la leyes de presupuesto dictadas desde el periodo 2005, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha. Asimismo, los pronunciamientos judiciales firmes emitidos contra las disposiciones de la ley 25.561, el Decreto Nº 471/02 y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos –tal como ocurre en el caso bajo comentario- están incluidos en el diferimiento indicado anteriormente.

De esta forma, del análisis del intrincado esquema normativo vigente en esta materia es posible sostener que los títulos de deuda pública que constituyen el objeto del caso bajo comentario, aún hoy se encuentran diferidos en el pago de sus servicios y amortización de capital, pero no han perdido su virtualidad de mantener la condición de acreedores del Estado Nacional de sus tenedores y al Estado Nacional como deudor de aquéllos aunque el crédito esté diferido en su cobro.

Ello es así toda vez que el Estado Nacional no ha repudiado su deuda, tal como lo han expresado en sus votos los Dres Maqueda y Highton de Nolasco en el considerando 19) del precedente de la CSJN “Galli” (4). Allí ambos magistrados sostuvieron que “... la República Argentina, no repudió su deuda pública. La situación de los titulares de bonos que, como los actores, habiendo podido participar del canje decidieron no hacerlo, no ha sido aún regulada normativamente ...”.

El pronunciamiento de la CSJN en el fallo “Galli” antes citado se emitió en el año 2005 y ha corrido mucho agua bajo el puente desde ese momento.

En este punto me pregunto ¿cuánto tiempo más deberán esperar los acreedores locales del Estado Nacional que no han adherido a los “canjes” para cobrar sus deudas?. Habiendo pasado ya quince años desde el “default”, ¿no habrá llegado la hora de que el Estado Nacional finalmente deje sin efecto el diferimiento de los pagos en cuestión y de una vez por todas cumpla con sus obligaciones de pago de las sentencias que han reconocido el derecho al cobro íntegro de los títulos de deuda de la República Argentina?. Por supuesto considero que la respuesta afirmativa a ambos interrogantes es la que se impone en este caso.

Reflexionando en torno a este tema comparto y destaco lo expresado por alguna jurisprudencia que ha dicho que “si bien el diferimiento de los pagos dispuesto y su vinculación a la capacidad del Estado para hacer frente a los compromisos aparece como un resultado legítimo, ello es así en la medida en que tal postergación no tenga carácter “sine die”, pues en ese caso se estaría aniquilando el derecho para su titular ...” (5)

Considerando que han pasado quince años desde la proclamación del default y más de diez años desde que invariable y sistemáticamente se dispusiera diferir el pago de este tipo de acreencias, dicho diferimiento ya no podría considerarse como una restricción temporal a los derechos de los acreedores y ello importaría ya otra ilegítima restricción a su derecho de propiedad.

El diferimiento de pago de la deuda pública va en contra de lo dispuesto en la Ley de Administración Financiera y Patrimonial del Estado.

Tal como lo vengo exponiendo hasta el presente, los acontecimientos que motivan este comentario corresponden a la etapa de ejecución de una sentencia firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, respecto de la cual y a los efectos ejecutorios se deben aplicar las normas especificas a tal fin, que no son otras que las (actualmente) están previstas en los artículos 41 y 42 de la ley 27.341. (6)

Lamentablemente se ha arraigado en nuestro país una práctica parlamentaria que consiste en insertar en las leyes de presupuesto, otras disposiciones que no se relacionan directamente con los recursos disponibles y la autorización de gastos para el ejercicio fiscal inmediato, sino que se refieren a cuestiones que si bien inciden en el pasivo estatal, modifican el ordenamiento jurídico de forma definitiva.



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Estudio Platinum

 

07 de marzo 2017 | Sin comentarios | Comentar

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