Se trata de una causa que investiga el pago de sobreprecios por aproximadamente 120 millones de pesos vinculado a la contratación de servicios informáticos que firmó la DGI con la compañía hace más de 20 años.

La decisión que ordenó el embargo por 82 millones de pesos fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.

La decisión tiene como objetivo que el Estado “recupere activos” por la causa y se enmarca en un pedido de la Oficina Anticorrupción, el cual había sido denegado por tribunales inferiores.

Días atrás, la Cámara decidió revocar el sobreseimiento de once imputados por considerar a la causa prescripta. Cabe señalar que en ese momento 120 millones de pesos eran equivalentes a 120 millones de dólares y, por tal motivo, la Oficina Anticorrupción podría pedir la actualización de las cifras.

Existe otro expediente paralelo a la mencionada causa en el que se investiga el supuesto pago de sobornos por 21 millones de dólares para la informatización del Banco Nación Argentina.