La Jueza Electoral María Servini de Cubría, decidió dictar el procesamiento sobre 20 personas que habían sido designadas para desempeñarse como autoridades de mesa, las cuales no se habían presentado a ocupar sus puestos durante la celebración de los comicios. Tal decisión, fue adoptada en el marco de una importante investigación, en la que se  involucra  a más de 700 personas que incumplimieron con el deber de presentarse.  Los investigados, en caso de que no logren justificar su inasistencia, podrán recibir una pena que va de los seis meses a los dos años de prisión, tal como lo establece el Código Nacional Electoral. Todos aquellos que presenten alguna excusación, deberán demostrarlo de alguna manera. Tal es el caso de varios sobreseidos, quienes lograron demostrar que no habían sido citados correctamente debido a errores en la notificación, mientras que otros alegaron que se encontraban fuera del país, acreditándolo mediante lo registrado en sus pasaportes. Sin embargo, no será considerado como un motivo suficiente para no ser sancionado, el hecho de que el ciudadano que haya sido notificado en un determinado domicilio, no viviera más en el mismo. Esto se debe, a que es su obligación notificar al Estado los cambios que se producen en su domicilio. Por su parte, los camaristas electorales, manifestaron que sería de mayor importancia lograr un convencimiento en la ciudadanía de que debe hacerse cargo de sus deberes. Tal intención parece ser la de la magistrada, quien  decidió conceder la suspensión del juicio a prueba a un acusado, el cual tenía altas probabilidades de resultar condenado, a cambio de que el mismo se comprometiera a ser autoridad de mesa por un plazo de dos años en todas las elecciones que se desarrollen en la Capital Federal y a donar la remuneración que le sea abonada por parte del Estado.