Entrevistas

Se deben conocer aspectos claves antes de aceptar un cargo en un Directorio para no incurrir en responsabilidades onerosas

Los administradores sociales deben conocer las contingencias del desempeño del cargo, el que a veces se asume por cuestiones de prestigio o familia, sintomar precauciones, dijo Miguel Silveyra, del estudio Beccar Varela, a abogados.com.ar

¿Conocen los directores de sociedades anónimas los riesgos que asumen y la forma de mitigarlos?

Es muy usual encontrarse con personas que asumen un puesto en el directorio, sea por una cuestión de prestigio, de pertenencia familiar o como accesorio de un cargo en relación de dependencia, y que desconocen por completo las responsabilidades que están asumiendo, al menos hasta el momento en que quedan involucrados en una demanda de responsabilidad o en un sumario cambiario, por solo citar algún ejemplo.

¿Cuál es la responsabilidad en materia civil?

La responsabilidad de los directores de sociedades anónimas y, en general, la de los administradores sociales, tiene su fundamento en un principio básico del derecho civil por el que todos aquellos que ejecutan actos que por su culpa o negligencia ocasionan un daño a otro, están obligados a la reparación de los perjuicios. Pero para que exista responsabilidad, no es suficiente que haya un incumplimiento de deberes sino que tienen que darse otros presupuestos: que se haya producido un daño, que el director haya actuado con dolo o culpa, es decir, con intención de dañar o con negligencia o imprudencia; y finalmente, y que el daño sea consecuencia o tenga su causa en la conducta reprochable del director.

¿Son todos responsables en caso de pluralidad de directores?

En general, la respuesta es afirmativa, salvo que el director haya manifestado su disidencia en la deliberación y resolución del acto que genera responsabilidad,  y que dejara constancia de ello y lo comunicara al síndico; o cuando hay una formal asignación de facultades específicas, en cuyo caso el directora quién se le han asignado las funciones será responsable en forma personal por cualquier actuación reprochable en el ejercicio de tales facultades

¿Cuáles son los regímenes de responsabilidad del director que surgen de leyes especiales?

Además de la responsabilidad general antes señalada, que según lo ha entendido la jurisprudencia comprende también la responsabilidad por infracción a las normas laborales, existen innumerables regímenes especiales que agravan la responsabilidad de los directores. Así puede citarse la responsabilidad impositiva o previsional; penal tributaria y previsional; por normas del mercado de capitales; por normas de defensa de la competencia; civil por daño ambiental colectivo y penal ambiental; penal cambiaria y por hechos de lavado de activos y financiación del terrorismo; aduanera, y por delitos del Código Penal.

La contingencia por juicios laborales es una de las más frecuentes, ¿De dónde surge la solidaridad?

Existe una corriente jurisprudencial muy importante que les asigna responsabilidad solidaria a los directores por demandas laborales de empleados de la sociedad cuando estos alegan fraude laboral. Por ejemplo, personal no registrado o indebidamente registrado, retención de aportes previsionales, etc..

¿Qué carácter tiene la responsabilidad por deudas impositivas y/o previsionales?

En general, no se trata de una responsabilidad objetiva, sino subjetiva y derivada de una conducta que importe el incumplimiento de los deberes impositivos a cargo del director. En el régimen nacional, si bien los directores son responsables con sus propios bienes, lo son en forma subsidiaria,toda vez que éstos tienen derecho a que se exija previamente su pago a la sociedad.Sin embargo, el régimen de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es más estricto dado que busca garantizarse el pago de los créditos fiscales, por lo que no existe subsidiariedad ni beneficio de exclusión y el fisco puede ir directamente contra los directores.

¿Cuál es la responsabilidad penal tributaria y previsional?

La Ley 24.769 establece que cuando los hechos punibles hubieren sido ejecutados en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, entre otros que hubiesen intervenido. A título de ejemplo,la evasión fiscal por montos mayores a $ 400.000 por tributo y por año se sanciona con prisión de dos a seis años; y si es agravada la pena es de tres años y seis meses a nueve años de prisión. Los agravantes son, entre otros, superar los $ 4 millones o el uso de facturas falsas. En cuanto a la evasión de aportes previsionales por montos mayores a $ 80.000 por cada mes o en el caso de no ingreso de aportes retenidos a los dependientes por montos mayores a $ 20.000 por mes, la pena es de dos a seis años de prisión, y en el caso de la figura agravada de evasión, la pena se eleva: de 3 años y 6 meses a 9 años.

¿Qué ocurre en el mercado de capitales?

La Ley de Mercado de Capitales 26.831 sanciona conductas contrarias a la transparencia en el mercado bursátil, como abuso de información privilegiada; manipulación y engaño; intervención en oferta pública en forma no autorizada, y veracidad de los prospectos, donde los emisores de los valores negociables son responsables directos y las entidades y agentes intermediarios son responsables indirectos. La responsabilidad entre los infractores tendrá carácter solidario.Además, la Ley establece sanciones en cabeza de las personas físicas, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil, que pueden consistir en apercibimiento, que podrá ser acompañado de la obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina y hasta en dos diarios de circulación nacional a costa del sujeto punido;multa de $ 5.000 a $ 20 millonesque podrá ser elevada hasta el quíntuplo del beneficio obtenido o del perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos resultare mayor; inhabilitación de hasta cinco años para ejercer funciones como directores, administradores, síndicoso miembro del consejo de vigilancia de cualquier entidad bajo fiscalización de la Comisión Nacional de Valores;suspensión de hasta dos años para efectuar oferta públicao, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública;y prohibición para efectuar ofertas públicasde valores negociables o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta públicade valores negociables.

¿Qué prevén las normas de defensa de la competencia?

La Ley 25.156 reprime los actos o conductas, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Cuando las infracciones fueran cometidas por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos, que por su acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de la infracción, además  podrá establecerse una sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el comercio de 1 a 10 años.

¿Y en materia ambiental?

La Ley General del Ambiente 25.675 establece que aquel que cause un daño ambiental debe restablecer las cosas al estado anterior o pagar una indemnización sustitutiva -“el contaminador paga”-, y que cuando el daño ambiental colectivo es producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hará extensiva, entre otros, a sus autoridades, con un criterio de objetividad, por lo que para eximirse de responsabilidad el director deberá demostrar que no tuvo participación en la decisión que generó el daño. Y la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 sanciona con penas de prisión o reclusión de 3 a 10 años al que utilizando residuos peligrosos contaminare el ambiente, y si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años; asimismo, establece que cuando algunos de los hechos se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible. Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado sobre la necesidad de que exista dolo en el actuar de los directivos; es decir, conocimiento del peligro de tales conductas de la sociedad. Asimismo, la ley prevé sanciones administrativas que comprenden multas y la expresa responsabilidad personal y solidaria de los directores y gerentes, en el caso de sociedades.

¿Qué responsabilidad les asigna a los directores el Régimen Penal Cambiario?

El incumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del mercado de cambios está sujeto a sanciones que van desde multas de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción, suspensiones de hasta 10 años y cancelaciones para operar o intermediar en cambios, inhabilitaciones de hasta 10 años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas a tal fin, a penas de prisión para ciertos supuestos de reincidencia. Evidenciada una infracción cambiaria, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA debe iniciar un sumario cambiario. En tal caso, el sumario será enderezado contra la sociedad, su presidente  y, generalmente, contra los miembros del Directorio que se considere que intervinieron directamente en las operaciones o que tuvieron capacidad de controlarlas y no lo hicieron.

¿Qué está previsto en materia de lavado de dinero?



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10 de agosto 2015 | 1 comentario | Comentar

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María Gabriela Urrutigoity | www.Urrutigoity-abogados.com

Excelente Miguel. Saludos. Gabriela

17 de noviembre 2016