El Consejo de Ministros español aprobó el proyecto de reforma del Código Penal, el cual prevé sanciones de hasta seis años de cárcel para los propietarios de sitios Web que publiquen enlaces de descargas piratas.

El objetivo principal de los cambios introducidos en el Código Penal es “lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y las nuevas tecnologías".

De esta manera, se endurecen los controles y las penas para actividades referidas a reproducción, plagio, distribución y comunicación pública de una obra, sin la respectiva autorización de los titulares.

A pesar de esto, el Ejecutivo español aclaró "en ningún caso se actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P que permiten compartir contenidos".

Las penas mínimas previstas en la legislación se mantendrán, ya que el Gobierno español afirmó la existencia de una desproporción de sanciones vinculados a delitos contra la propiedad.

Se diferenciará la responsabilidad penal de importadores y distribuidores mayoristas, respecto a los minoristas y vendedores al público, comúnmente denominados como manteros.