Con el fin de que los propietarios de los departamentos formen parte en las negociaciones paritarias a fin de acordar los sueldos de los encargados de los edificios, fue recientemente presentado al Congreso Nacional un proyecto de ley para afrontar aquellas situaciones que aquejan el presente de la relación concursal.

La iniciativa presentada por diputados de diferentes partidos que lleva la firma de Gerardo Milman, Silvana Giúdice, Horacio Alcuaz, Adrián Pérez y Laura Alonso, si bien respetó los conceptos establecidos como principios rectores de la Ley de Propiedad Horizontal 13.512, establece una enumeración de los bienes comunes y propios abarcativos de la realidad cotidiana de dicho consorcio.

El proyecto que determina al consorcio como persona jurídica y detalla la integración de su patrimonio, contempla que los consorcistas tengan la posibilidad de participar en la negociación de los salarios de los encargadas, a la vez que establece que debe tenerse en cuenta la capacidad contributiva de los consorcistas, así como de la zona en que viven.

Con relación al reglamento de copropiedad y administración, el proyecto admite la posibilidad de que el Estatuto constitutivo sea modificado por los propietarios, mientras que en relación a cómo deben constituirse la asambleas, la iniciativa pretende clarificar las personas que se encuentran habilitadas para poder participar de las mismas, las pautas que deben seguirse sobre la notificación de manera fehaciente de los consorcistas, junto con la posibilidad de oponerse a las decisiones asamblearias.

En cuanto a las expensas, el proyecto define a las expensas ordinarias como aquellos gastos normales originados en la conservación, reparación o funcionamiento de las cosas y servicios comunes, mientras que a las expensas extraordinarios las define como aquellas correspondientes a innovaciones destinadas a un mejor uso o goce de mayor renta, cuya aprobación depende de la reunión de propietarios en asamblea.

Con respecto a la contratación de los administradores de consorcio, la propuesta dispone que ésta deberá efectuarse mediante la figura de la locación de servicios, teniendo mandatos anuales, a la vez que busca regular su elección, junto con sus funciones y obligaciones.