El decreto 1366/2026[1], publicado en el Boletín Oficial el 16 de noviembre de 2026, introdujo cuatro (4) modificaciones sustantivas en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (en adelante “RIGI”) aprobada por el decreto 749/2024.
Estos cambios se suman a otras modificaciones de la misma reglamentación por los decretos 940/2024, 1028/2024, 105/2026, 748/2026 y 868/2026 y que hacen a la adaptación del RIGI, para que sus reglas operen de manera compatible con las estructuras económicas y societarias que el propio régimen admite. En ese sentido, no puede soslayarse que el decreto 105/26, antes mencionado, prorrogó por un año el plazo para adherir al régimen “a contar desde el 8 de julio de 2026”[2], por lo que la adaptación analizada en el presente está destinada a cubrir el último tramo del plazo de adhesión al RIGI.
Asimismo, los cambios están dados (conforme se desprende de los considerandos de la norma) por la experiencia acumulada durante la implementación del régimen, la cual aconseja introducir adecuaciones puntuales para precisar el alcance de algunas reglas y preservar la coherencia entre los objetivos del RIGI y las condiciones para acceder a sus beneficios. Esa formulación permite comprender el decreto como una respuesta a problemas de aplicación identificados por la Administración, antes que como una reforma integral del régimen.
En ese sentido, los fundamentos se desarrollan en torno a cuatro cuestiones concretas:
- ampliar la participación de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro,
- distinguir el mínimo de inversión del proyecto de los compromisos propios de cada etapa,
- dotar de mayor certeza a las transferencias y reorganizaciones de los VPU y
- computar, bajo condiciones de afectación y trazabilidad, ciertos aportes externos canalizados por integrantes o sociedades vinculadas.
En consecuencia, formalmente el nuevo decreto sustituyó la definición de proveedor local del artículo 3, inciso f), la regla sobre fecha límite de inversión del artículo 47, inciso i), el artículo 62 sobre operaciones societarias de los Vehículos de Proyecto Único (en adelante “VPU”) y el inciso c) del artículo 100, relativo al acceso al mercado de cambios.
01 - La redefinición del proveedor local
Antes de la reforma del decreto 1366/2026, la persona jurídica que pretendía ser considerada proveedor local debía estar constituida y domiciliada en la Argentina. Además, sus accionistas debían reunir una condición de propiedad o control nacional, al menos el 51% del capital, o los votos necesarios para formar la voluntad social, tenían que pertenecer a personas humanas o jurídicas con domicilio fiscal en el país[3].
El criterio combinaba, por tanto, la radicación de la sociedad con la titularidad o el control ejercidos por personas domiciliadas fiscalmente en el país.
El decreto 1366/2026 elimina este segundo requisito, por lo que para las personas jurídicas la condición depende de que estén constituidas y domiciliadas en la Argentina, sin atender a la nacionalidad o residencia de los accionistas ni a la composición del capital[4].
El objetivo perseguido es reconocer como locales a las empresas vinculadas jurídicamente con el territorio nacional y que desarrollan allí su actividad. Según se explica en la norma analizada, el criterio anterior podía excluir de las cadenas de suministro a compañías radicadas en el país por el solo origen de su capital, con el efecto de restringir la concurrencia y los encadenamientos productivos que el régimen busca promover[5].
La consecuencia inmediata es que una sociedad argentina controlada íntegramente por accionistas extranjeros puede calificar como proveedor local, siempre que esté constituida y domiciliada en el país y provea bienes o servicios a un VPU adherido[6].
La modificación, sin embargo, no suprime el requisito de origen nacional aplicable a los bienes, el cual se mantiene intacto. Estos deben satisfacer los criterios del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR y sus protocolos, cuya metodología debe precisar la Autoridad de Aplicación (en adelante la “Autoridad”).
02 - Una fecha límite para el mínimo de inversión del proyecto
En segundo lugar, antes de la modificación introducida por el decreto 1366/2026, la reglamentación exigía que el plan de adhesión indicara la fecha límite para que el VPU alcanzara y cumpliera el monto mínimo de inversión en activos computables. Como regla general, esa fecha debía ser compatible con las prácticas del sector y permitir el desarrollo razonable del Proyecto Único.
Sin embargo, para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (en adelante “PEELP”), establecía que la fecha límite debía coincidir con el último día de cada una de las dos primeras etapas del proyecto. Se refería a las etapas temporales en que el VPU dividía el proyecto en su solicitud de adhesión, por eso, su duración y el monto de inversión comprometido para cada una debían especificarse en el plan[7].
Esa regla podía llevar a confundir dos exigencias diferentes. La primera es alcanzar el monto mínimo de inversión exigido para el Proyecto Único en su conjunto. La segunda, aplicable a los PEELP, consiste en cumplir los montos de inversión comprometidos para cada etapa antes de que esta finalice.
Para diferenciarlas, el decreto 1366/2026 establece una fecha límite única para verificar el mínimo global del proyecto. Los compromisos y montos correspondientes a cada etapa se mantienen y deben controlarse conforme a sus propias reglas y el plan de inversión y el acto de aprobación debe identificar por separado ambos parámetros[8].
La nueva regla establece una fecha límite única (eliminándose la previsión especial de los PEELP) para que el VPU alcance y haya cumplido el mínimo de inversión correspondiente al Proyecto Único, manteniendo el criterio de que ese plazo sea razonable para las prácticas del sector. La modificación no dispensa del cumplimiento de los montos ni de los compromisos de inversión por etapa. Su efecto consiste en separar el control del umbral global del proyecto del control de la ejecución sucesiva del PEELP. En la práctica, los planes de inversión deberán permitir identificar ambos parámetros sin superponerlos[9].
03 - Transferencias y reorganizaciones de los VPU
El artículo 62 anterior regulaba las adquisiciones y fusiones que podían afectar la unidad del proyecto y contemplaba la adquisición por terceros de acciones de un VPU sin pérdida de los derechos del régimen. También establecía que la compra de acciones, cuotas o participaciones posterior a la solicitud de adhesión no podía computarse como inversión en activos computables[10].
El decreto 1366/26 conserva estas reglas y amplía el artículo mencionado para atender de manera expresa a otras operaciones societarias.
En ese sentido, el artículo 207 de la ley 27.742 admite la transferencia directa o indirecta de participaciones en los VPU sin autorización previa de la Autoridad con aviso dentro de los quince (15) días corridos. Para evitar incertidumbre sobre sus efectos, el decreto aclara que la adquisición de participaciones no altera por sí misma los derechos derivados de la adhesión ni genera inversiones computables para alcanzar el mínimo exigido. En este punto, la reforma tiene un componente aclaratorio y de continuidad con la reglamentación anterior.
La novedad más marcada es el régimen de cambios en la integración de un VPU constituido como unión transitoria u otro contrato asociativo. Sus miembros pueden ceder total o parcialmente su participación o incorporar nuevos integrantes sin que ello altere los derechos del VPU ni del Proyecto RIGI.
La operación debe informarse a la Autoridad dentro de los quince (15) días corridos de su inscripción en el Registro Público y acompañarse con la acreditación de los consentimientos exigibles, la elegibilidad del nuevo integrante, el destino de los bienes vinculados al proyecto y la asunción de los compromisos y garantías pendientes. La Autoridad puede observarla dentro de los treinta (30) días corridos, una vez vencido ese plazo sin observaciones, se la tiene por conformada. Sin embargo, el cedente conserva responsabilidad solidaria por las obligaciones devengadas hasta la inscripción y la transferencia no genera inversiones computables.
El decreto también permite que una Sucursal Dedicada adherida al RIGI se reorganice, con autorización previa, mediante la transferencia integral de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal que reúna los requisitos para ser VPU. La transferencia puede instrumentarse por escisión cuando la sociedad de la que depende la sucursal esté constituida en el país o mediante aporte en especie o transferencia de fondo de comercio conforme a la ley 11.867.
La razón del cambio es preservar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de la adhesión. Por eso, la sociedad receptora sucede a la Sucursal Dedicada en sus beneficios, obligaciones y compromisos, sin una nueva adhesión ni alteración de la fecha original, los plazos, los derechos o el plan de inversión aprobado.
Sin embargo, la continuidad tiene dos límites. Por un lado, la sociedad de la que depende la Sucursal Dedicada responde en forma solidaria por las obligaciones devengadas hasta la inscripción de la reorganización, en términos análogos a los previstos para el cedente en las uniones transitorias.
Por el otro, la autorización de la Autoridad no reemplaza los consentimientos de terceros que resulten necesarios para transferir las concesiones, permisos u otros derechos afectados al proyecto. Esta salvedad tiene especial relevancia en los proyectos mineros e hidrocarburíferos, en los que la cesión de los títulos habilitantes requiere, en general, la intervención de la autoridad concedente.
04 - El cómputo de divisas aportadas por sujetos vinculados
Respecto al último cambio analizado, cabe señalar que el inciso c) del artículo 100 ya había sido sustituido por el artículo 14 del decreto 105/2026. Ese texto permitía al Banco Central, mientras el régimen general exigiera liquidar las exportaciones, condicionar el acceso al mercado de cambios de los VPU que hubieran contemplado el incentivo del artículo 198 de la ley 27.742[11]. En tal caso, las divisas ingresadas y liquidadas debían igualar o superar, en cada acceso, las demandadas para el proyecto, salvo para intereses y dividendos habilitados. A esos efectos ya se computaban los fondos aportados por integrantes de uniones transitorias, socios o accionistas del VPU y la titular de la Sucursal Dedicada, en la proporción destinada al Proyecto Único.
El decreto 1366/2026 mantiene ese esquema con dos cambios. Por un lado, amplía los aportantes cuyos fondos pueden computarse e incorpora a las sociedades accionistas directas o indirectas de los integrantes de la unión transitoria o del contrato asociativo. Por otro, sustituye el criterio de la proporción destinada al proyecto por exigencias más precisas. Las divisas deben destinarse efectivamente al Proyecto Único, ingresar y liquidarse conforme a los procedimientos del Banco Central y quedar registradas contablemente como afectadas, con mecanismos que aseguren su trazabilidad.
La modificación no crea una autorización general para acceder al mercado de cambios ni vuelve obligatoria la condición prevista en el inciso. El Banco Central solo puede imponerla mientras el régimen general del mercado de cambios exija el ingreso y la liquidación total o parcial de las exportaciones. Además, la condición alcanza únicamente a los VPU cuya factibilidad económica haya incluido el incentivo del artículo 198.
05 - Alcance jurídico y efectos prácticos
En conjunto, el decreto 1366/2026 combina cambios de distinto alcance. Por un lado, la redefinición del proveedor local amplía de manera sustantiva las sociedades que pueden integrar las cadenas de suministro del RIGI.
Por otro, la fecha límite única ordena la relación entre el mínimo global y los compromisos por etapas y las reglas sobre uniones transitorias y Sucursales Dedicadas establecen vías de reorganización que preservan la continuidad de los proyectos y, al mismo tiempo, mantienen las obligaciones y controles correspondientes.
Así, la nueva regla cambiaria reconoce las estructuras de financiación indirecta sin abandonar las exigencias de ingreso, liquidación y trazabilidad.
Como resumen final puede decirse que el decreto muestra una orientación a adaptar aspectos operativos del régimen a la experiencia de implementación sin alterar sus elementos legales centrales. No se modifican los sectores habilitados, los mínimos de inversión por etapa de los PEELP ni el porcentaje del compromiso de contratación local, aunque sí el universo de sujetos que permiten cumplirlo y las fuentes computables para el acceso al mercado de cambios.
Por último, el artículo 5 dispone la fecha de entrada en vigencia, con su publicación, el 16 de noviembre de 2026, pero no incorpora un régimen transitorio específico. Por ello, en principio, las solicitudes y reorganizaciones en curso deberían analizarse atendiendo a su estado, a las condiciones aprobadas para cada VPU y a las reglas generales sobre aplicación temporal de las normas.
Citas
[1] Que se dicta en virtud de los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional.
[2] Art. 1 del decreto 105/26.
[3] El texto anterior establecía: “f) Proveedores locales. Son proveedores locales a los efectos del RIGI, aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) Sujetos. Las personas humanas que tengan domicilio fiscal en el país y/o las personas jurídicas que: 1. se encuentren constituidas y domiciliadas en el país; y 2. los titulares de al menos el CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de su capital social, o los titulares de la participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias, sean personas humanas y/o jurídicas con domicilio fiscal en el país”.
[4] El nuevo texto establece: “f) Proveedores locales. Son proveedores locales a los efectos del RIGI aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: (i) Sujetos. Las personas humanas que tengan domicilio fiscal en el país y/o las personas jurídicas que se encuentren constituidas y domiciliadas en el país. (ii) Objeto. Presten servicios o provean bienes con destino a uno o más VPU adheridos al RIGI”.
[5] Este aspecto resulta importante analizarlo a la luz de las facultades del Poder Ejecutivo para el dictado del decreto analizado. La ley 27.742 no define "proveedor local", sino que el art. 193 solo menciona el fomento de "políticas de contratación de proveedores locales". El compromiso del 20% surge de la reglamentación (arts. 47 y 49 del decreto 749/24).
[6] Así, las compras a filiales locales de grupos extranjeros pasan a computar para el compromiso del 20% de proveedores locales. Ese fue el eje de distintas críticas.
[7] Texto anterior: “i) Fecha límite. Fecha antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables conforme lo previsto en el artículo 173 de la Ley N° 27.742 y en el artículo 29 y siguientes de la presente reglamentación. La fecha límite no debe resultar ajena a las prácticas del Sector de que se trate para el razonable desarrollo del Proyecto Único. En los casos de los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, será el último día de cada una de las DOS (2) primeras Etapas”.
[8] Conforme surge de los considerandos de la norma.
[9] El nuevo texto: “i) Fecha límite. Fecha antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables conforme lo previsto por los artículos 172 y 173 de la Ley N° 27.742 y por el artículo 29 y siguientes de la presente reglamentación. La fecha límite no debe resultar ajena a las prácticas del Sector de que se trate para el razonable desarrollo del Proyecto Único”.
[10] Texto anterior: “Adquisiciones y fusiones. Las adquisiciones y fusiones de acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI se regirán por las siguientes reglas: a) Adquisiciones o fusiones, conforme el artículo 178 de la Ley N° 27.742. A los efectos de lo previsto en el último párrafo del artículo 178 de la Ley N° 27.742: (i) En razón de que el VPU adherido al RIGI debe ser titular de un Proyecto Único, se encuentra prohibido para un VPU titular de un Proyecto RIGI realizar adquisiciones y/o fusiones que no constituyan Ampliaciones del mismo Proyecto RIGI conforme al artículo 61 de la presente reglamentación y que, en cambio, resulten en la adquisición por parte del VPU adherido de un Proyecto distinto del Proyecto RIGI en violación del concepto de Proyecto Único. (ii) En los casos de adquisiciones o fusiones que involucren DOS (2) o más Proyectos RIGI, requerirán la aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un Proyecto Único adherido al RIGI, al que se le aplicarán los derechos y obligaciones correspondientes al proyecto de fecha de adhesión más antigua al RIGI. En oportunidad de la aprobación excepcional, la Autoridad de Aplicación podrá imponer condiciones adicionales. b) Adquisición de acciones de un VPU adherido al RIGI. De conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la Ley N° 27.742, cualquier tercero puede adquirir las acciones de un VPU adherido sin que dicha adquisición altere los derechos de los que goza el VPU adherido y su Proyecto RIGI. La adquisición de acciones, cuotas o participaciones de cualquier naturaleza en un VPU con posterioridad a que haya solicitado su adhesión al RIGI no dará lugar al cómputo de inversiones en activos computables previsto en el tercer párrafo, apartado (i) del artículo 174 de la Ley N° 27.742”.
[11] “Artículo 198.- Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios: a) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU; b) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU; c) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido cuatro (4) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU. Dichos fondos en los porcentajes referidos serán de libre disponibilidad. Los VPU no estarán obligados a ingresar y/o liquidar en el mercado de cambios las divisas y/o cualquier contravalor correspondiente a otros rubros o conceptos (tales como aportes de capital, préstamos o servicios) vinculados al proyecto objeto del plan de inversión aprobado, contando con la libre disponibilidad de los mismos. Las divisas exceptuadas de la obligación de ingreso y liquidación en los términos precedentes serán de libre disponibilidad para los VPU. Cuando se trate del cobro de exportaciones a las que se refiere el primer párrafo de este artículo efectuadas por VPU titulares de Proyectos declarados de Exportación Estratégica de Largo Plazo, a efectos de la excepción de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:(i) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha de puesta en marcha del VPU; (ii) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;(iii) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU. Resultarán aplicables al VPU las disposiciones previstas en el presente artículo siempre que no sean más favorables las dispuestas en el régimen general de negociación y liquidación del mercado de cambio de las operaciones de exportación”.
Opinión
Negri & Pueyrredón Abogados
opinión
ver todosKabas & Martorell
Gericó Associates
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten




















































































































