La nueva Ley de Hidrocarburos de Mendoza y el régimen federal
Por Francisco Javier Romano
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten

La provincia derogó sus Leyes 7526 y 9137 y sancionó un marco propio que adopta, en clave local, el giro que la Ley 27.007 y la Ley Bases imprimieron a la Ley 17.319.

 

Una nueva ley provincial que sigue el régimen federal reformado

 

El 10 de noviembre de 2026 la Legislatura mendocina sancionó, bajo el N° 9744, una nueva Ley de Hidrocarburos que deroga las Leyes provinciales 7526 y 9137 (art. 38). La reforma responde al cambio de paradigma federal. El Ejecutivo provincial la impulsó para adaptar la legislación local a las modificaciones que la Ley Bases (27.742) introdujo a la Ley 17.319 reformada por la ley 27.007, que viró el objetivo del sector desde el autoabastecimiento hacia la maximización de la renta y la libertad de precios y de exportación[1].

 

La nueva norma se apoya en el dominio provincial sobre los yacimientos (art. 124 CN) y en el reparto que consolidó la Ley 26.197 («ley corta»)[2], que puso en cabeza de las provincias la administración de las áreas situadas en su territorio. El art. 1° de la 9744 reafirma ese dominio provincial como premisa de todo el régimen.

 

Lo que la ley mendocina recoge del derecho federal

 

La 9744 es, en buena parte, una ley de recepción y reenvío. Lejos de apartarse de la Ley 17.319, la toma como norma madre y la integra expresamente en casi todos sus institutos centrales.

 

El procedimiento como regla sigue siendo la licitación pública (art. 9), con las dos excepciones clásicas del régimen federal: la transformación de permisos de exploración en concesiones de explotación (arts. 17 y 22 de la 17.319) y la concesión de explotación no convencional del art. 27 bis, el instrumento que la Ley 27.007 incorporó para viabilizar Vaca Muerta[3].

 

El canon de exploración y de explotación se liquida conforme a los arts. 57, 58 y 58 bis de la ley nacional (art. 27). Las cesiones (arts. 72 y 73), las renuncias parciales o totales (arts. 81 y 82), el arbitraje (art. 86) y el régimen de servidumbres y relación con superficiarios (arts. 66 y 100, con remisión al Código de Minería) se rigen también por la norma federal (arts. 4, 21 y 22). Y la solución de la superposición de áreas con derechos mineros (muy importantes en Mendoza) reenvía al art. 38 de la 17.319 y al Código de Minería (art. 23).

 

El objetivo rector también es de molde federal: el art. 2° asume la promoción de inversiones, la maximización de la renta, el aumento de la producción y la explotación eficiente y sostenible, siguiendo idéntico vocabulario al de la 17.319 reformada. La provincia, en suma, no reinventa el sistema: lo adopta y se reserva el ejercicio del poder de policía, la fiscalización y la autoridad de aplicación (Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Hidrocarburos, art. 4).

 

Lo que agrega: innovaciones provinciales

 

Sobre esa base, la 9744 construye un andamiaje propio que excede lo que la ley nacional contempla.

 

Operación transitoria de áreas sin titularidad vigente (art. 6). Por razones de interés público estratégico, el Ejecutivo puede contratar directamente con EMESA, o con operadoras titulares de concesiones, la operación transitoria de áreas que carezcan de titular, hasta su adjudicación por licitación, con un plazo máximo improrrogable de 18 meses. Es una herramienta de continuidad operativa inspirada en la experiencia de reversión de áreas, con fuerte protagonismo de la empresa provincial pero sin implicar una adjudicación directa ni una “reserva de áreas”, vedada por la ley federal.

 

Derecho de preferencia del iniciador (art. 8). Quien presente una propuesta sobre áreas libres (o dentro de los doce meses previos al vencimiento de un título) declarada de interés público, goza de preferencia en paridad de condiciones en la licitación. Es un incentivo a la iniciativa privada que la ley nacional no prevé con esa nitidez.

 

Régimen sancionatorio autónomo y detallado (art. 33), con clasificación de infracciones (leves a gravísimas), tipificación, graduación y agravantes. El dato de técnica legislativa más llamativo es que las multas se expresan en litros de nafta súper (de 20.000 a 2.090.000), tomando el precio promedio provincial del mes anterior. Es una cláusula de indexación pensada para preservar el poder disuasivo de la sanción frente a la inflación. Pero crea tensiones con el régimen federal, sobre las que volveremos más adelante.

 

Contenido local y responsabilidad social. El art. 15 obliga a priorizar proveedores, bienes y mano de obra mendocinos o residentes, en igualdad de condiciones; y el art. 16 impone una «Declaración Jurada de Buenas Prácticas» de actualización bienal y carácter público, estructurada sobre comunidad, ambiente, recursos humanos, cadena de proveedores y gobernanza. Es un capítulo de «licencia para operar» que la 17.319 no contiene.

 

Restricciones a la titularidad extranjera (art. 10). La ley veda que Estados extranjeros y personas jurídicas extranjeras de derecho público sean titulares de permisos y concesiones, y exige a las sociedades con participación estatal extranjera el sometimiento expreso a la jurisdicción local y la renuncia a toda inmunidad. Se suman la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera (art. 36)[4], con alícuota máxima del 0,8% sobre regalías y/o cánones, y un Registro Provincial propio (arts. 34-35).

 

Omisiones

 

Tan relevante como lo que la ley agrega es lo que deja fuera o difiere. No fija plazos de concesión ni de prórroga (los toma del art. 35 de la 17.319)[5]; no regula en detalle el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ni la participación ciudadana; y delega a la reglamentación (art. 20 y art. 39) buena parte del régimen ambiental operativo. Son silencios deliberados, pero algunos tienen peso específico, sobre todo en materia ambiental, como se verá.

 

El eje ambiental: la 9744 frente a la Ley General del Ambiente

 

La Ley 25.675 (LGA) fija los presupuestos mínimos de protección ambiental (art. 41 CN): un piso federal uniforme que la provincia no puede perforar hacia abajo, pero sí complementar hacia arriba. La 9744 se inserta como ley sectorial que convive con ese piso, con la Ley provincial 5961 (ambiental) y con la normativa hídrica, dimensión crítica en Mendoza.

 

En el plano de los principios, el art. 5° de la 9744 adopta la sostenibilidad, el precautorio ambiental, la responsabilidad económica con internalización de externalidades y la eficiencia. Es un subconjunto alineado con el art. 4° de la LGA, que enumera, entre otros, los principios de prevención, precautorio, responsabilidad, progresividad y sustentabilidad. La «internalización de externalidades» del art. 5° inc. c) es, en rigor, la traducción del principio de responsabilidad contaminador-pagador al vocabulario económico.

 

El Capítulo II (arts. 18 a 20) responsabiliza a los titulares por prevenir, mitigar y, cuando corresponda, recomponer o restaurar; incorpora el cierre y abandono y los pasivos ambientales como parte del ciclo de vida; y consagra una regla de no eximición: la renuncia, reversión, caducidad o extinción del derecho no libera de las obligaciones ambientales ni de cierre (arts. 18 y 19). Esto es congruente con el art. 28 de la LGA —que hace objetivamente responsable de la recomposición a quien causa el daño ambiental— y con la obligación prioritaria de recomponer del art. 41 CN, en tanto la responsabilidad se mantenga anudada a la autoría del daño. Ese recaudo es, precisamente, el que vuelve delicada la suerte de los pasivos ambientales preexistentes, que el art. 20 remite a la reglamentación, como veremos más adelante.

 

El art. 20 manda al Ejecutivo actualizar el régimen ambiental (instrumentos de evaluación y control, reducción de emisiones, cierre y abandono, pozos inactivos, identificación y saneamiento de pasivos), con un criterio de proporcionalidad según naturaleza, escala y riesgo. Es coherente con el mandato del art. 163 de la Ley Bases y del Decreto 1057/2024, que ordenan elaborar, de común acuerdo con las provincias, una legislación ambiental armonizada orientada a las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental, marco uniforme todavía en gestación, respecto del cual la 9744 se adelanta[6]. Es decir que hoy el capítulo ambiental de la 9744 funciona más como marco de deberes y de reenvío que como régimen operativo cerrado; su eficacia dependerá de la reglamentación.

 

La cuestión ambiental de mayor peso jurídico es la de los pasivos ambientales preexistentes. Dado el elevado costo de la remediación y del abandono de pozos, el modo en que se asigne esa carga es decisivo. La ley, leída literalmente, anuda la responsabilidad a las actividades «a su cargo» (art. 18); pero, al remitir a la reglamentación el saneamiento de pasivos (art. 20), deja abierta la puerta a imputar al operador actual pasivos que no generó. Si la reglamentación avanzara en ese sentido, la solución sería objetable: una responsabilidad objetiva desvinculada de la autoría del daño excede las facultades provinciales y altera el régimen de responsabilidad civil que la Constitución reserva al Congreso de la Nación (arts. 75, inc. 12, y 126), además de contradecir el principio contaminador-pagador del art. 4° de la Ley General del Ambiente, que imputa los costos de recomposición únicamente al sujeto generador del daño. Una norma provincial no puede trasladar válidamente a las operadoras pasivos causados por terceros.

 

Dos precisiones técnicas deberían acompañar esa definición. Primero, las tareas de saneamiento tendrían que regirse por criterios de criticidad ambiental y una evaluación de riesgos específica para cada sitio, previa su debida caracterización, con objetivos de remediación fijados en niveles aceptables para la salud y el ambiente, siguiendo estándares internacionales como las guías RBCA (ASTM E2081 y ASTM E1739). Segundo, el cierre del proceso debería acreditarse mediante un acto administrativo formal -la ley ya alude a la «certificación» del cierre y abandono (art. 20)-, evitando nociones como la de «libre deuda ambiental», conceptualmente imprecisa porque presupone una obligación exigible que no siempre existe en estos casos.

 

El eje de regalías y cargas: del 12% federal al 15% + «X» mendocino

 

Esta es, quizás, la innovación de mayor impacto económico. El régimen federal fija una regalía general del 12% sobre la producción y permite reducirla hasta el 5% según las características de cada proyecto. La 9744 reconfigura el esquema en dos planos.

 

En la licitación, los oferentes compiten sobre una regalía base del 15% expresada como «15% + X», donde X es un porcentaje a libre elección del oferente que puede ser negativo (art. 11)[7]. La provincia eleva así el piso nominal por encima del federal, pero lo flexibiliza: por un lado, admite que la oferente lo reduzca (X negativo); por otro, el propio texto aclara que el factor preponderante de la fórmula de adjudicación es el monto de inversión comprometido, no la regalía aislada. Es un diseño de «nominal alto, efectivo flexible».

 

Ese énfasis en la inversión no es un detalle. Al convertir la inversión comprometida en factor preponderante (art. 11), la 9744 recoge el criterio que, frente a la regalía como variable rectora de adjudicación, veníamos propiciando y, de paso, zanja en la práctica un interrogante de fondo: hasta dónde puede la ley federal imponer criterios de adjudicación a las provincias, dueñas del recurso[8]. El pliego mendocino deberá, además, armonizarse con el pliego modelo federal cuyos presupuestos mínimos fijó el Decreto 1057/2024 —regalías, bono de entrada, unidades de trabajo, condiciones de abandono, protección ambiental, salud y seguridad, responsabilidad social y solución de controversias, varios de los cuales la ley ya recepta[9].

 

En la ejecución, el Ejecutivo puede reducir la alícuota hasta el 5% según productividad, condiciones y ubicación de los pozos, pero sólo si se verifica el cumplimiento del plazo y del plan de inversiones de la oferta adjudicada (art. 28). Y, más audaz aún, el art. 29 habilita regímenes de incentivos que perforan ese piso: reducciones de regalías por debajo del 5% para reactivar pozos inactivos, exploración complementaria, crudos pesados o recuperación mejorada. En otras palabras, Mendoza sube el techo declarado y, a la vez, abre la puerta a un incentivo por debajo del mínimo histórico federal del 5% para proyectos marginales. La lógica es transparente: competir por capital con Neuquén y Vaca Muerta y destrabar el convencional maduro y Malargüe Oeste, donde los números no cierran con la alícuota plena.

 

El régimen de canon completa el cuadro con herramientas de alivio: compensación parcial del canon de explotación cuando la concesionaria comprometa inversiones de riesgo exploratorio por al menos el doble del canon a compensar (art. 30), y reducción de hasta el 80% del canon de prórroga del permiso de exploración (art. 31). Son herramientas pensadas para destrabar proyectos que hoy no cierran con la normativa vigente.

 

Por último, el destino de los recursos marca una decisión de política fiscal: las regalías y cánones van a Rentas Generales, mientras que la Tasa de Control, las multas, los derechos y las sumas comprometidas no invertidas quedan afectados a la Autoridad de Aplicación, con mención expresa al cuidado del ambiente y a la reducción de la huella de carbono (art. 25). Es una afectación específica que busca financiar la propia capacidad de fiscalización y la agenda ambiental del sector.

 

Del anteproyecto a la ley: observaciones recogidas y tensiones que subsisten

 

Un comentario final, desde dentro del proceso. Durante la elaboración del anteproyecto señalamos una serie de incompatibilidades con la Ley 17.319 en su texto vigente, varias de las cuales el texto sancionado terminó recogiendo. El anteproyecto preveía que, fracasada la licitación, el Ejecutivo pudiera otorgar una concesión de explotación directamente a EMESA; esa adjudicación directa desapareció, y el art. 6 conserva sólo la operación transitoria hasta la licitación, coherente con la veda de nuevas áreas reservadas a empresas estatales y con la regla de licitación de la ley nacional[10].

 

En el plano económico, la base de cálculo de la regalía —que el anteproyecto extendía a gasolinas, gas licuado y productos en boca de pozo— adoptó la fórmula federal del «producido y efectivamente aprovechado de los hidrocarburos líquidos y gaseosos» (art. 28); la reducción de la alícuota, antes atada a un rígido plazo de diez años, quedó condicionada al cumplimiento del plan de inversiones, en línea con los criterios del art. 59; y la reducción del canon de prórroga pasó del 90% al 80% y de «modificar» a «reducir» (art. 31), respetando que la Provincia puede disminuir, no aumentar, los valores federales. También se incorporó la regla del art. 66 de la ley nacional: la oposición del superficiario no suspende los trabajos autorizados si media afianzamiento suficiente (art. 21), se sistematizaron las habilitaciones de procesamiento que la Ley 27.742 había sumado al art. 4, y la Tasa de Control quedó caracterizada como contraprestación por los servicios de fiscalización, inspección y control técnico (art. 36), de modo de sortear el filtro del art. 56 de la ley nacional[11].

 

Otras observaciones, en cambio, no se reflejaron en el texto final y dejan tensiones abiertas. Nos remitimos a lo ya mencionado más arriba respecto de la asignación de responsabilidad objetiva por pasivos ambientales preexistentes. La prohibición de que las personas jurídicas extranjeras de derecho público sean titulares (art. 10) reproduce el derogado art. 51 de la Ley 17.319: subsiste hoy como decisión de política provincial, no como derivación de la ley nacional[12]. El canon que el art. 27 impone al almacenamiento subterráneo de gas natural colisiona con el art. 44 bis, que exime a esas autorizaciones de bonos de explotación y veda gravámenes análogos por vía provincial[13]. El régimen sancionatorio en litros de nafta súper (art. 33) podría superponerse con la escala en UVAs del art. 87 de la ley nacional para los incumplimientos de obligaciones emergentes de permisos y concesiones; distinguir las infracciones exclusivamente provinciales de las derivadas de títulos nacionales evitaría problemas de doble juzgamiento y de agravamiento[14]. Y, en la relación con los superficiarios, la fórmula que obliga a ofrecer «como mínimo» los valores nacionales (art. 21) conserva el riesgo de transformar en piso obligatorio lo que el art. 100 configura como una referencia optativa.

 

Reflexión final

 

La 9744 es, en lo esencial, una ley de armonización: recoge la estructura de la 17.319 reformada, incorpora institutos provinciales como la operación transitoria, preferencia del iniciador, sanciones indexadas, contenido local, y traslada al plano local el giro federal hacia la renta y la inversión.

 

Su mayor apuesta está en las regalías, donde combina un piso nominal más alto con una flexibilidad descendente inédita. Su principal interrogante está en lo ambiental: el deber sustantivo de recomposición y la lógica de ciclo de vida son robustos y congruentes con la LGA, pero los instrumentos operativos quedan librados a una reglamentación todavía pendiente. El propio tránsito del anteproyecto al texto sancionado corrigió varias incompatibilidades con el régimen federal, aunque dejó otras en pie. En una provincia donde la licencia social pesa tanto como la ecuación económica, ese decreto reglamentario será tan decisivo como la propia ley.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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Citas

[1]Sobre el alcance de este giro —del autoabastecimiento basado en el «saldo físico» al concepto de saldo comercial, y la supresión, en el art. 31 de la Ley 17.319, del deber de asegurar la máxima producción y la conservación de reservas— nos remitimos a F. J. Romano, «Ley Bases: Análisis crítico de las reformas a la Ley de Hidrocarburos», abogados.com.ar.

[2]El distingo entre dominio y administración —poder concedente, en cabeza de las provincias— y jurisdicción —diseño de la política y potestad de legislar, en cabeza de la Nación— fue delineado por la CSJN desde «YPF c/ Provincia de Mendoza» (Fallos 301:341, 1979) y reafirmado en «Chevron c/ Neuquén» (2011) y «Enap Sipetrol c/ Chubut» (2015). Lo desarrollamos en Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit.

[3]La reconversión del art. 27 bis es una excepción —limitada hasta el 31/12/2028— al principio de licitación; el Decreto 1057/2024 precisó que puede requerirse sobre parte o la totalidad del área, sin necesidad de subdivisión. Analizamos esta vía y la coexistencia de explotación convencional y no convencional en Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit.

[4]La Ley 27.007 procuró cerrar ciertos excesos provinciales —reservas de áreas y cuasi-regalías como el «canon extraordinario de explotación»—, fijando topes de regalías y vedando otros gravámenes sobre la producción. La Tasa de Control de la 9744 (art. 36), concebida como contraprestación por la fiscalización y con tope del 0,8%, aparece diseñada para no colisionar con ese límite. Sobre el punto, Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit.

[5]Al no fijar plazos propios, la 9744 hereda el esquema del art. 35 de la Ley 17.319 (25/35/30 años) y la supresión de las prórrogas dispuesta por la Ley Bases. Sobre la tensión que ello genera —si una provincia, en ejercicio de su poder concedente, podría aún prorrogar— nos remitimos a Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit. El derecho de preferencia del iniciador (art. 8) puede leerse como una respuesta provincial a ese escenario sin prórrogas.

[6]Art. 163 de la Ley 27.742 y Decreto 1057/2024, que instruyen a la Secretaría de Energía a identificar la normativa aplicable y a coordinar con las provincias un régimen ambiental uniforme y armónico, orientado a las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental. La estirpe de esta «legislación ambiental uniforme» se remonta al art. 23 de la Ley 27.007: Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit.

[7]La fórmula «15% + X», con X eventualmente negativo, replica la del pliego modelo federal incorporada por la Ley Bases (nuevo art. 47 de la Ley 17.319). Objetamos en su momento que la regalía ofertada fuera el criterio rector de adjudicación, por recaudatorio y cortoplacista, y propusimos ponderar la inversión, como lo hacía la Ley 27.007: Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit.; y antes, «Cómo afecta la ley ómnibus a la política federal de hidrocarburos», La Nación.

[8]Planteamos el interrogante en Romano, «Ley Bases: Análisis crítico…», cit.: al licitar y adjudicar según sus propios pliegos, las provincias, como autoridades concedentes, terminan definiendo en los hechos esos criterios, lo que vuelve difícil impugnarlos por apartamiento de la ley federal.

[9]Decreto 1057/2024 (B.O. 29/11/2024), art. 42, reglamentario de los Capítulos I, II y VI del Título VI de la Ley 27.742; prevé tres variantes de pliego modelo (plataforma continental y mar territorial, convencional y no convencional).

[10]Arts. 29, 45 y 79, inc. e), de la Ley 17.319 (texto según Ley 27.742) y art. 91 bis, que veda a las provincias y a la Nación establecer en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica.

[11]Art. 56 de la Ley 17.319: durante la vigencia de permisos y concesiones, las provincias y los municipios no pueden crear nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras.

[12]La prohibición reproducía el derogado art. 51 de la Ley 17.319 y subsiste hoy sobre fundamento provincial autónomo. Una cláusula análoga se incluyó en el llamado eléctrico «AMBA I», entendida como impedimento para la participación de empresas públicas extranjeras.

[13]Art. 44 bis de la Ley 17.319 (incorporado por la Ley 27.742): las autorizaciones de almacenamiento subterráneo de gas natural no están sujetas al pago de bonos de explotación ni pueden gravarse con pagos análogos por vía provincial.

[14]Art. 87 de la Ley 17.319 (texto vigente): multas de entre 80.000 y 80.000.000 de UVAs para los incumplimientos de obligaciones emergentes de permisos, concesiones y autorizaciones que no configuren causal de caducidad.

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