Una sentencia italiana 1 distingue los contra-tos societarios de los pactos parasociales y explica por qué una opción de venta de ac-ciones no constituye necesariamente un pac-to leonino 2.
La reciente visita del papa León XIV a la Argentina ha puesto nuevamente de moda un nombre que, en el derecho de los contratos, tiene una reputación bastante menos venera-ble: el pacto leonino.
Pero no todos los leones son iguales. Y tam-poco todos los contratos que protegen a un accionista frente a las pérdidas de una inver-sión merecen ser calificados de leoninos.
Una reciente decisión de un tribunal italiano ofrece una buena oportunidad para explicar por qué.
El caso involucraba a Friulia S.p.A., una so-ciedad financiera que había participado en el capital de Tirso S.p.A., y a Andrea Parodi, quien había asumido el compromiso de ad-quirir las acciones emitidas por Tirso y de propiedad de Friulia bajo determinadas con-diciones.
La operación tenía una finalidad económica particular: facilitar el financiamiento de una empresa mediante recursos públicos, desti-nados indirectamente a promover la activi-dad económica y el empleo en una región it-aliana.
El contrato contemplaba una opción de venta (put option) que permitía a Friulia exigir a Parodi que éste adquiriera su participación en Tirso por un precio determinado confor-me a ciertas condiciones pactadas en ese mismo contrato.
Cuando surgió la controversia, Friulia solici-tó ante los tribunales de Trieste un embargo preventivo contra Parodi para asegurarse el eventual cobro del precio al que éste debía adquirir las acciones de Tirso. Parodi cues-tionó, entre otras cosas, la competencia terri-torial del tribunal y la validez del contrato.
La justicia rechazó sus argumentos.
La primera cuestión consistía en determinar qué clase de relación jurídica estaba en dis-cusión.
Parodi sostuvo que correspondía intervenir a los tribunales del lugar donde Tirso (la so-ciedad emisora de las acciones en disputa) tenía su domicilio social.
Su argumento invocaba, entre otras disposi-ciones, el Código Procesal Civil italiano, que establece una regla especial de competencia para las controversias entre socios relativas a la relación societaria: esas cuestiones se dirimen ante el juez del domicilio de la sociedad.
El derecho argentino tiene una norma idénti-ca: “en las acciones que derivan de las rela-ciones societarias, [es competente el juez] del lugar del domicilio social inscripto” 3.
Pero el tribunal rechazó esa interpretación.
¿Por qué? Porque la controversia no versaba sobre los derechos y obligaciones derivados de la condición de accionista, sino sobre el cumplimiento de un contrato de transferen-cia de acciones celebrado entre dos sujetos determinados.
Uno de ellos, Friulia, perdería su calidad de accionista como consecuencia de la opera-ción en cuestión. El otro, Parodi, adquiriría esa condición precisamente como resultado de la transferencia.
Por consiguiente, el hecho de que el contrato tuviera por objeto acciones no lo convertía en una controversia relativa a la relación so-cietaria.
La distinción tiene una consecuencia pro-cesal inmediata: el domicilio de la sociedad cuyas acciones se transfieren no determina, por sí solo, la competencia territorial para resolver los conflictos derivados de esa transferencia.
En el caso, el tribunal confirmó la competen-cia de Trieste sobre la base de las reglas a-plicables al cumplimiento de una obligación contractual entre dos personas ajenas a la so-ciedad: la de pagar el precio estipulado en u-na compraventa.
Pero la decisión contiene otra enseñanza, quizás más importante.
Una cosa es el contrato de sociedad y otra, muy distinta, los acuerdos que los accionis-tas celebran entre sí o con terceros acerca de sus participaciones.
El contrato de sociedad regula la organiza-ción societaria y el ejercicio en común de u-na actividad económica. Los segundos pue-den perseguir finalidades diferentes: Aregu-rar una inversión, establecer condiciones pa-ra la transferencia de acciones, garantizar u-na salida del negocio o distribuir deter-minados riesgos económicos.
Algunos de estos últimos acuerdos pueden incluirse, en sentido amplio, dentro de la ca-tegoría de los pactos parasociales.
El ejemplo más conocido es el convenio de sindicación de acciones, mediante el cual de-terminados accionistas coordinan el ejercicio de sus derechos políticos o establecen res-tricciones a la transferencia de sus participa-ciones 4.
Pero el universo de los pactos parasociales es mucho más amplio. Puede comprender también opciones de adquisición (call) o de venta (put) y otros mecanismos destinados a organizar intereses vinculados con la par-ticipación accionaria.
Conviene, sin embargo, introducir una pre-cisión: no todo contrato celebrado por un ac-cionista con un tercero es necesariamente un pacto parasocial. Una compraventa ordinaria de acciones, por ejemplo, no adquiere auto-máticamente esa naturaleza. La calificación depende de la función que el acuerdo cumple dentro de la relación económica de las par-tes.
En el caso examinado, la opción put formaba parte de una operación de financiación par-ticipativa y protección de la inversión. Por e-llo, resulta razonable ubicarla dentro de la categoría amplia de los pactos parasociales, aunque el tribunal no haya utilizado expresa-mente esa denominación.
¿Puede una opción de venta constituir un pacto leonino?
Parodi había sostenido que el contrato era nulo por infringir la prohibición del llamado pacto leonino: aquel que excluye a un socio de toda participación en las ganancias o en las pérdidas de la sociedad.
El tribunal rechazó, prima facie, esa obje-ción.
La finalidad de la operación era proveer fi-nanciamiento a Tirso y favorecer su desa-rrollo. Friulia no era indiferente a la suerte de la empresa: por el contrario, el éxito de la iniciativa constituía la razón económica de su inversión.
La opción de venta funcionaba como un me-canismo de protección de esa inversión, y no necesariamente como un instrumento para desvincular al accionista de todo riesgo em-presarial.
El tribunal recordó, además, que la Corte de Casación italiana ha reconocido reiterada-mente la licitud de acuerdos mediante los cuales, en el marco de una financiación par-ticipativa, un sujeto se obliga a adquirir la participación de otro por un precio predeter-minado, incluso cuando comprende intereses y el reembolso de aportes adicionales.
La Ley General de Sociedades argentina ha identificado varias cláusulas que, insertadas en un contrato de sociedad, pueden ser con-sideradas leoninas: cuando alguno de los so-cios recibe todos los beneficios o se lo excluye de ellos, o es liberado de contribuir a las pérdidas; cuando al socio capitalista se le restituyen los aportes con un premio de-signado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias; cuando se aseguran al socio su capital o las ganancias eventuales; cuando la totalidad de las ga-nancias pertenezcan al socio sobreviviente o cuando permiten la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla e-fectiva.
¿Y qué ocurre cuando la opción depende de la voluntad de su titular?
Aquí aparece una segunda cuestión, que conviene no confundir con las anteriores.
Parodi también alegó que la eficacia del compromiso de compra estaba sometida a u-na condición puramente potestativa, (esto es, librada a su capricho y, por ende, nula) ya que Friulia podía decidir, a su exclusivo ar-bitrio, si aceptaba o no una oferta de daquí-sición recibida dentro de determinado plazo.
El tribunal observó que el contrato contem-plaba varias condiciones alternativas. Entre ellas figuraba una circunstancia completa-mente objetiva y ajena a la voluntad de Friu-lia: que no se recibiera ninguna oferta de compra durante los doce meses posteriores a la designación del asesor encargado de bus-car interesados en comprar esas acciones.
Esa fue precisamente la condición que se cumplió: a nadie le interesaron las acciones de Tirso en poder de Friulia, por lo que ésta estaba en libertad de exigir a Parodi que se las comprara en los términos de la opción a-cordada.
Por consiguiente, la condición cuestionada por Parodi no había llegado a operar, y el tri-bunal descartó que pudiera fundarse en ella la nulidad del contrato.
La distinción es importante. Una opción put confiere a su beneficiario la facultad de de-cidir si vende o no sus acciones. Esa facultad de elección no convierte, por sí sola, al con-trato en un negocio sujeto a una condición meramente potestativa ni en un pacto leo-nino.
Debe distinguirse entre el ejercicio volunta-rio de un derecho de opción y la subordina-ción de la eficacia de una obligación a una condición cuya realización depende exclusi-vamente del arbitrio de una de las partes.
También debe distinguirse la eventual invali-dez de una condición contractual de la proy.-bición de excluir a un socio de las ganan-cias o pérdidas sociales. Son problemas jurí-dicos diferentes, aunque puedan plantearse en relación con una misma operación.
Finalmente, el tribunal destacó que el nego-cio de transferencia de acciones era ajeno al contrato de sociedad tanto por su objeto‒transferir la titularidad de las acciones y no organizar el ejercicio común de una activi-dad económica‒ como por sus sujetos: un accionista y una persona que todavía no lo e-ra.
Conviene recordar que se trataba de un pro-cedimiento cautelar. Por ello, las considera-ciones del tribunal sobre la validez del con-trato fueron formuladas en términos provi-sionales y no constituyen una sentencia de-finitiva sobre el fondo del litigio.
La enseñanza, sin embargo, es clara: la so-ciedad es una persona jurídica distinta de sus accionistas. Y estos, además de ser socios, pueden contratar entre sí o con terceros para proteger sus propios intereses económicos.
Que esos contratos tengan por objeto accio-nes no significa que pasen a formar parte del contrato social, que deban regirse necesa-riamente por sus disposiciones o que todas las controversias derivadas de ellos deban tramitar ante los tribunales del domicilio de la sociedad.
Las acciones pertenecen al universo del de-recho societario. Pero los contratos que las tienen por objeto no pierden, por esa sola circunstancia, su naturaleza contractual.
Y, para volver al comienzo, conviene recor-dar que no todo león es Papa. Ni toda opción de venta es un pacto leonino.
Citas
1 In re “Friulia SpA c. Parodi”, n.r.g. 3456/2026, Tri-bunal Especializado en Cuestiones de Empresa de Trieste, 16 noviembre 2025; GiurisNews 52/2026, 16
noviembre 2026.
2 Un pacto, contrato o cláusula leonina es un acuerdo en el que una de las partes obtiene todas las ventajas o beneficios, mientras que la otra asume todos los per-juicios, riesgos o pérdidas. El contrato leonino rompe la igualdad y la reciprocidad que deben existir en los acuerdos. En el derecho privado estas cláusulas se consideran nulas, inválidas o se tienen por inexis-tentes porque violan la equidad y la buena fe. Su nombre proviene de la fábula de Esopo titulada El león, la vaca, la cabra y la oveja, según la cual va-rios animales se asociaron para cazar una presa, pero al momento de repartirla, el león se quedó con todas las partes argumentando su fuerza y poderío, dejando a los demás sin nada.
3 Art. 5, inc. 11, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
4 Véase Negri, Juan Javier, “En torno a la sindicación de acciones”, El Derecho, 1998:175.
Opinión
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