A más de dos años de su lanzamiento, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sigue ajustándose a partir de lo que deja su implementación en la práctica. El Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1366/2026, que introduce modificaciones puntuales a la reglamentación del régimen (Decreto 749/24). No son cambios de fondo, pero sí de alto impacto operativo: tocan la cadena de proveedores, los plazos de inversión, las reorganizaciones societarias y el acceso al mercado de cambios.
Para quienes ya tienen un proyecto adherido, o están evaluando presentarse, estas precisiones pueden simplificar la estructura de la inversión y abrir alternativas de financiamiento que antes no estaban claras. Repasamos lo más relevante.
1. Un concepto más amplio de "proveedor local"
El decreto redefine quién califica como proveedor local a los efectos del RIGI. A partir de ahora, alcanza con que la persona jurídica esté constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital. En el caso de personas humanas, se exige domicilio fiscal en el país.
El proveedor debe prestar servicios o proveer bienes a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos. Cuando se trate de bienes, deberán cumplir los criterios de origen nacional del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR, según la metodología que defina la Autoridad de Aplicación.
Por qué importa: las filiales argentinas de grupos extranjeros pasan a computar como proveedores locales. Esto amplía la base de empresas que pueden integrarse a las cadenas de suministro de los grandes proyectos y facilita a los VPU cumplir con sus compromisos de contratación local.
2. Una fecha límite única para el monto mínimo de inversión
Se precisa el concepto de "fecha límite": es aquella antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables previsto en los artículos 172 y 173 de la Ley 27.742, incluidos los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Esa fecha no puede ser ajena a las prácticas del sector.
El decreto aclara que existe una fecha límite única para el Proyecto Único en su conjunto, distinta de los compromisos y montos mínimos de cada etapa, que conservan sus propios parámetros.
Por qué importa: da mayor previsibilidad para planificar cronogramas de inversión por etapas, algo especialmente relevante en minería, energía e infraestructura.
3. Reglas claras para transferencias, fusiones y reorganizaciones
El nuevo artículo 62 de la reglamentación ordena las operaciones societarias sobre los VPU:
• Fusiones y adquisiciones: un VPU no puede incorporar un proyecto distinto del Proyecto Único, salvo ampliaciones reglamentadas. Si se combinan dos o más Proyectos RIGI, se necesita aprobación de la Autoridad de Aplicación y rigen los derechos y obligaciones del proyecto con fecha de adhesión más antigua.
• Compra de acciones del VPU: adquirir participaciones después de la solicitud de adhesión no altera los derechos del vehículo, pero esa operación no computa como inversión para alcanzar el monto mínimo.
• UTE y contratos asociativos: sus miembros pueden ceder total o parcialmente su participación o incorporar nuevos integrantes sin perder los beneficios. La operación se informa dentro de los 15 días corridos desde su inscripción en el Registro Público; la autoridad tiene 30 días corridos para observarla y, vencido ese plazo, se considera conformada. El cedente responde solidariamente por las obligaciones devengadas hasta la inscripción. Estas transferencias no darán lugar al cómputo de inversiones en activos computables
• Sucursales Dedicadas: con autorización previa, pueden transferir todo lo afectado al proyecto a una sociedad anónima o SAU creada a tal fin (por escisión, aporte en especie o transferencia de fondo de comercio). La nueva sociedad conserva la fecha de adhesión, los plazos y las condiciones aprobadas. La autorización no reemplaza el consentimiento de terceros para transferir concesiones o permisos.
Por qué importa: se habilita la entrada y salida de socios en proyectos estructurados como UTE, un mecanismo clave para atraer nuevos inversores o rotar participaciones sin poner en riesgo el régimen, y se ofrece una vía ordenada para que las Sucursales Dedicadas migren a una estructura societaria local.
4. Divisas: cuentan también los fondos que aportan los accionistas
Para los VPU que usan el beneficio sobre cobros de exportaciones (artículo 198 de la Ley 27.742), el decreto amplía las divisas que se computan a efectos del acceso al mercado de cambios. Además de las ingresadas y liquidadas por el propio VPU, se computarán los aportes de no residentes y los endeudamientos financieros externos (incluidas emisiones de valores negociables) que ingresen y liquiden:
• los integrantes de UTE o contratos asociativos que actúen como VPU;
• las sociedades accionistas, directas o indirectas, de esos integrantes;
• las sociedades accionistas o socias, directas o indirectas, del VPU;
• la sociedad titular de un VPU constituido como Sucursal Dedicada.
El cómputo procede en la medida en que los fondos se destinen efectivamente al Proyecto Único, se cumplan los procedimientos del BCRA y se registren contablemente para asegurar su trazabilidad. Se mantiene la excepción para el pago de intereses de endeudamientos financieros y de dividendos habilitados.
Por qué importa: reconoce cómo se financian en la realidad los grandes proyectos, muchas veces a nivel de la casa matriz o del holding. Bien documentado, esto puede traducirse en mayor flexibilidad cambiaria para el vehículo.
Qué conviene revisar ahora
• Proyectos adheridos: revisar la estrategia de contratación local a la luz del nuevo concepto de proveedor y verificar la trazabilidad contable de los fondos que llegan desde los accionistas.
• Proyectos en UTE o con Sucursal Dedicada: evaluar si la cesión de participaciones o la reorganización societaria abre oportunidades de financiamiento o de incorporación de socios.
• Inversores que analizan adquirir participaciones en un VPU: tener presente que esa compra no suma al monto mínimo de inversión del proyecto.
• Proveedores con capital extranjero radicados en el país: analizar cómo posicionarse frente a los VPU como proveedores locales.
Comentarios finales
Las modificaciones del Decreto 1366/2026 no alteran la estructura del RIGI, pero precisan aspectos que en la práctica generaban dudas. Restará seguir la normativa complementaria que dicten la Autoridad de Aplicación y el BCRA, en particular respecto de los procedimientos para computar las divisas ingresadas por sujetos vinculados al VPU.
Artículos
opinión
ver todosPérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten
Barreiro






















































































































