Tierras rurales, fenotipo institucional y el costo jurídico de cambiar las reglas
El régimen de tierras rurales plantea un problema que la sucesión de noticias judiciales no alcanza a explicar. El Poder Ejecutivo dispuso la derogación de la Ley 26.737 mediante el DNU 70/2023. El proyecto legislativo posterior perdió en el Senado el capítulo que pretendía reformarlo. En octubre de 2026, el dictamen de mayoría de Diputados incorporó una solución de signo contrario: dejar sin efecto el artículo derogatorio y restituir la ley. La cuestión relevante es cómo un régimen cuya eliminación había sido formalmente decidida pudo volver a convertirse en una condición del acuerdo legislativo.[1]
En el artículo del 13 de agosto examiné cómo la cautelar y la reglamentación de 2016 determinaban la aplicación efectiva del régimen.[2] En el del 16 de octubre analicé los títulos de legitimación y el límite entre tutela colectiva y representación política.[3] Esta entrega desarrolla una consecuencia de esa trayectoria: cómo las vías jurídicas de defensa y la forma elegida para reformar pueden alterar las alternativas del propio reformador.
Mi tesis es que la derogación no consiguió desplazar al régimen del centro de la coordinación institucional. Sus defensores conservaron vías jurídicas diferentes para sostenerlo; el control judicial pudo actuar sobre una disposición determinada, mientras que el control parlamentario del DNU quedó organizado sobre la aceptación o el rechazo del conjunto. Esa combinación permite que la resistencia a una reforma sectorial eleve el costo de conservar una agenda normativa mucho más amplia. La restitución por ley aparece entonces como una alternativa estratégicamente inteligible para quienes preferirían la derogación.
La teoría del derecho como fenotipo extendido (EPT) permite identificar los soportes que hacen posible esa resistencia. La teoría de juegos evolutiva (EGT) permite analizar por qué ciertas estrategias de reforma se abandonan, se modifican o se reproducen frente a ella. El aporte jurídico de reunirlas consiste en mostrar que las reglas sobre competencia, legitimación y tratamiento de los decretos también distribuyen capacidad de conservar y de reformar el ordenamiento. La supervivencia institucional de una regulación depende, en parte, de esas reglas de segundo orden.
I. La unidad de la reforma fue menor que la del régimen
La Ley 26.737 no estableció solamente un límite a la titularidad extranjera. Creó una organización de información, habilitación y control. Su artículo 14 atribuyó al Registro Nacional de Tierras Rurales funciones de registración, requerimiento de información, expedición de certificados y control de cumplimiento. Sus artículos 15 y 16 previeron relevamiento y coordinación interministerial con participación provincial. Esas disposiciones conectan una decisión legislativa con oficinas, datos, procedimientos y actuaciones profesionales.[4]
El artículo 154 del DNU pretendió remover la base legal de ese conjunto. De ello no se sigue que la organización quedara automáticamente habilitada para seguir ejerciendo atribuciones derogadas. Las competencias requieren fundamento jurídico. Lo que tampoco desaparece por la sola enunciación derogatoria es el conocimiento acumulado sobre el régimen, la capacidad de formular reclamos para conservarlo ni su disponibilidad como solución normativa identificable.
En Law as Extended Phenotype, distinguí la información jurídica transmisible de las estrategias que ejecutan sus portadores y de sus efectos institucionales. Una regla produce más que cumplimiento inmediato: puede organizar prácticas, generar instrumentos y ofrecer razones que otros actores reutilizan. Cuando esos efectos facilitan su posterior transmisión o retención, aparece el mecanismo de retroalimentación que interesa a EPT.[5]
La unidad que aquí conviene seguir no es la palabra soberanía ni cualquier restricción a los extranjeros. Es una regla más delimitada: la adquisición extranjera de tierra rural debe someterse a un control público especial. Esa regla admite variantes en topes, definiciones y procedimientos. El conflicto no enfrenta, por tanto, dos textos inmóviles. También enfrenta maneras diferentes de conservar, reducir o eliminar ese control.
La infraestructura administrativa creada por la ley constituye un soporte directamente identificable. Los tribunales y los procedimientos parlamentarios tienen otra condición: preexisten a ella y sirven a innumerables conflictos. No son instituciones creadas por la Ley de Tierras. Interesa observar cómo la controversia moviliza esas capacidades generales, a través de actores y pretensiones determinados, para disputar la continuidad del régimen. Confundir ambos planos convertiría cualquier institución interviniente en un supuesto fenotipo y vaciaría la explicación.
La consecuencia jurídica es concreta. El reformador actúa sobre una disposición, pero encuentra oposición organizada mediante un conjunto de competencias y procedimientos que esa disposición no controla. Si calcula el alcance de la reforma sólo por el efecto derogatorio del nuevo texto, subestima el sistema sobre el que interviene.
II. La derrota de un demandante no elimina las demás vías de resistencia
CECIM muestra un límite de esa capacidad de movilización. El 29 de septiembre, la Corte rechazó la demanda por falta de legitimación, sin resolver la constitucionalidad de la derogación. La finalidad estatutaria de defender la soberanía no bastaba para configurar el título colectivo invocado. La relevancia política del objeto no suplía la existencia de un caso judicial.[6]
Árbol de Pie muestra algo distinto. Había otros actores y títulos parcialmente diferentes. El 9 de octubre, la mayoría devolvió la causa al juzgado de origen y suspendió interinamente los efectos del artículo 154 hasta el examen de la legitimación y de la petición cautelar. La disidencia de Rosenkrantz cuestionó la competencia para disponer esa protección y sus presupuestos. Ninguna de esas posiciones convirtió a cualquier defensor del régimen en parte legitimada.[7]
La lectura evolutiva de ambos episodios debe respetar esa diferencia. Una variante argumental puede fracasar y, sin embargo, continuar la controversia a través de otra pretensión cuya admisibilidad requiere un examen propio. La derrota de CECIM no eliminó todas las vías posibles de impugnación. Tampoco demostró que las restantes fueran procedentes.
Esta pluralidad tiene un efecto sobre la resistencia del régimen: su destino no dependía de un único demandante ni de un único fundamento. Es una pluralidad de soportes, no una licencia para eludir las reglas procesales. No hace falta suponer coordinación entre las asociaciones, los jueces y los legisladores para reconocerla. Cada intervención puede responder a razones distintas y producir, de todos modos, un efecto convergente de conservación.
La distinción es decisiva para la división de poderes. El derecho de acceso a la justicia no confiere representación política de la comunidad. La insuficiencia de un título de legitimación tampoco concede al Ejecutivo inmunidad frente a los demás casos. La controversia se desplaza entre vías cuya autonomía jurídica debe mantenerse, aunque sus efectos entren en la misma negociación política.
III. El DNU reunió lo que el conflicto podía separar
La arquitectura del control parlamentario añade un mecanismo que el relato de los fallos deja fuera. El artículo 23 de la Ley 26.122 impide que las Cámaras introduzcan enmiendas, agregados o supresiones durante el tratamiento del decreto. El artículo 24 vincula su derogación con el rechazo de ambas Cámaras. El artículo 25 preserva las potestades legislativas ordinarias del Congreso.[8]
Existen, por tanto, dos rutas distintas. El control especial obliga a pronunciarse sobre el decreto sin corregir su articulado. La legislación ordinaria permite intervenir sobre una materia determinada. La unidad del instrumento sometido a aceptación o rechazo puede ser mucho más amplia que la unidad del desacuerdo que lleva a cuestionarlo.
El Ejecutivo que reúne reformas heterogéneas en un DNU procura producir efectos mediante un mismo vehículo. Ese agrupamiento también conecta sus riesgos. Si una cuestión concentra resistencia suficiente, quienes valoran otras disposiciones tienen razones para buscar una solución sectorial que reduzca el peligro sobre el conjunto. El costo de sostener la derogación de una sola ley puede incluir el riesgo político de perder otras modificaciones que no dependen materialmente de ella.
Aquí aparece una asimetría jurídica relevante. La impugnación judicial puede dirigirse contra el artículo 154 y su afectación concreta, sin convertir todo el decreto en objeto necesario del mismo litigio. El rechazo parlamentario tramitado conforme a la Ley 26.122 no funciona como una edición artículo por artículo. La legislación ordinaria ofrece una salida para desagregar el conflicto. Los tres procedimientos producen opciones estratégicas diferentes porque distribuyen de manera distinta el alcance de la decisión.
Esta interpretación encuentra una huella documental en el propio debate. El informe del dictamen de minoría II, incorporado al Orden del Día 448, sostuvo que la propuesta sectorial buscaba evitar el rechazo del DNU completo. Es una atribución de finalidad formulada por una parte del conflicto, no una confesión del Ejecutivo ni una causalidad demostrada. Pero acredita que la relación entre concesión sobre tierras y conservación del decreto formaba parte de la controversia parlamentaria.[9]
La elección de la vía agrega otra diferencia: una ley ordinaria queda sometida a la intervención del Ejecutivo y al eventual veto regulado por la Constitución. El rechazo parlamentario del DNU previsto en la Ley 26.122 se expresa mediante resoluciones de las Cámaras, no mediante una ley remitida para promulgación. Cambiar de procedimiento modifica también quién conserva capacidad de impedir el resultado. De allí que una promesa de restitución por ley y la decisión de rechazar el decreto no ofrezcan a sus defensores la misma garantía institucional. El desacuerdo sobre la ruta puede subsistir aun entre quienes coinciden en proteger la Ley de Tierras.[10]
La innovación del análisis consiste en hacer explícita la regla que vuelve inteligible esa discusión. La vinculación entre una disputa sectorial y una agenda general tiene un soporte institucional identificable: la diferencia entre control sin enmienda y legislación modificatoria.
IV. Por qué puede resultar racional sostener lo que se quiso eliminar
La EGT agrega una pregunta que la mera enumeración de obstáculos no responde: ¿qué estrategia obtiene mejores resultados dentro del entorno institucional existente? En mi síntesis entre EPT y teoría de juegos, las reglas jurídicas modifican los beneficios, costos y respuestas esperables de las conductas. No se limitan a clasificar actos como permitidos o prohibidos. También alteran qué conviene hacer frente a las estrategias de los demás.[11]
Para un promotor de la reforma, insistir en la derogación total ofrece un beneficio condicionado a su supervivencia judicial y política. Aceptar una restitución sectorial supone resignar ese objetivo, pero puede aumentar la posibilidad de conservar otras decisiones. Negociar una modificación limitada del régimen ofrece una tercera ruta. El orden de preferencia entre esas alternativas depende de la resistencia que cada una encuentre y del valor atribuido al resto de la agenda.
Para quienes buscan conservar el control sobre la tierra, reclamar la restitución específica y promover el rechazo del DNU tampoco son estrategias equivalentes. Difieren en objeto, aliados posibles y procedimiento. Un actor puede preferir asegurar el régimen sectorial; otro puede querer utilizar esa controversia para cuestionar el decreto entero. No es necesario atribuirles una utilidad común para explicar una convergencia parcial.
El mecanismo propuesto es el siguiente: cuando aumenta el costo esperado de mantener una reforma sectorial dentro de un instrumento indivisible para su control parlamentario, la concesión sobre esa materia puede mejorar el resultado conjunto del reformador. Aceptar la restitución no exige una conversión ideológica. Puede expresar una adaptación a las alternativas disponibles.
Esta es una proposición condicional sobre incentivos, no una medición de preferencias secretas. No conocemos aquí cuánto valor asignó cada bloque a cada disposición ni qué probabilidades atribuyó a un eventual rechazo. El modelo permite identificar la información que importa y una explicación que debe contrastarse. La referencia parlamentaria al DNU completo aporta una pieza de evidencia; no completa por sí sola la reconstrucción.
Tampoco basta con ese cálculo para declarar un equilibrio evolutivamente estable. En EGT, la selección exige observar cómo se reproducen o desplazan estrategias en una población y frente a alternativas. Un acuerdo legislativo aislado no demuestra esa dinámica. La serie de intentos sobre tierras ofrece, en cambio, variación institucional relevante: modificación reglamentaria, derogación por DNU, reforma legislativa y propuesta de restitución. El programa de contraste consiste en seguir qué diseños vuelven a utilizarse, cuáles se abandonan y qué condiciones explican esa trayectoria.
La diferencia respecto de una narración política convencional es que la estrategia no depende solamente de cuántos votos posee el Gobierno. Depende también de la forma jurídica elegida, de las vías de impugnación que esa forma deja abiertas y del alcance de lo que puede perderse con cada derrota. El procedimiento integra los incentivos.
V. Lo que EPT explica y el argumento de los votos deja pendiente
La objeción más fuerte es sencilla: el Gobierno no consiguió apoyo suficiente, negoció y aceptó una concesión. ¿Para qué recurrir entonces a EPT?
Porque contar votos describe una restricción inmediata, pero deja abierta la formación y persistencia de esa restricción. El régimen de tierras ofrece una solución preexistente, instrumentos de aplicación y una regla reconocible alrededor de la cual pueden converger actores que discrepan en otras materias. No necesitan construir desde cero qué significa restituirlo. El trabajo institucional anterior puede reducir el costo de coordinar su defensa.
Esa reducción es el mecanismo de retorno que debe investigarse. La regla organiza prácticas y artefactos; éstos facilitan que nuevos portadores la invoquen, apliquen o propongan restablecerla; esa reutilización favorece su retención. La aparición del mismo número de ley en demandas y proyectos es un indicio documental de circulación. No alcanza para demostrar que la infraestructura haya sido la causa decisiva de su conservación.
En From Metaphor to Identification insistí en separar persistencia, eficacia causal y validez. Una institución puede ser causa, mediadora o simple acompañante de un resultado. El análisis que las confunde se protege de cualquier refutación: todo lo que sobrevive termina presentado como prueba de su propia aptitud.[12]
La explicación rival sostiene que preferencias sociales y coaliciones políticas ya consolidadas produjeron tanto la defensa judicial como la reacción parlamentaria. Según ella, los soportes jurídicos serían instrumentos reemplazables de una fuerza política previa. Para distinguir ambas lecturas habría que reconstruir el papel de modelos de demanda, información registral, argumentos reutilizados, costos de organización y cambios de posición. Si la infraestructura no alteró la capacidad de actuar ni la adopción de soluciones, EPT aportaría poco en este caso. Si permitió coordinar una defensa que no habría surgido con la misma facilidad, explicaría algo que la cuenta final de votos no contiene.
VI. Restituir el texto no resuelve la disputa sobre su aplicación
Hay un segundo problema jurídico que impide equiparar la supervivencia del régimen con la conservación intacta de sus efectos. En Channel Opacity and the Survival of Legal Change estudié precisamente la diferencia entre reformas visibles y cambios en los criterios operativos de aplicación. El Decreto 820/2016 intervino en ese segundo plano, sin reemplazar la ley por una liberalización legislativa general.[13]
El episodio actual permite precisar la unidad que se conserva. Defender la Ley 26.737 puede unificar a una coalición respecto de su existencia y dejar sin acuerdo cuestiones sobre control societario, documentación, información y funcionamiento administrativo. La misma enunciación legal puede sostener configuraciones de aplicación diferentes. Por eso una restitución legislativa no permite deducir, sin examen adicional, que todos los efectos del régimen anterior regresan de manera idéntica.
La consecuencia para el legislador es exigente. Si pretende modificar el alcance real del control, debe hacerse cargo de sus instrumentos y de su capacidad de aplicación, además del texto. Si pretende conservarlo, necesita examinar esos mismos elementos. En ambos sentidos, la calidad de la decisión depende de identificar qué conductas cambian y mediante qué competencias. EPT no recomienda desmantelar protecciones para hacer viable cualquier reforma; exige que la decisión política asuma el sistema institucional sobre el que actúa.
La hipótesis del canal tampoco se vuelve verdadera porque una propuesta de restitución avance por una vía visible. Mi paper examinaba las dificultades de modificaciones liberalizadoras. La conservación de restricciones tiene otra dirección. Incorporar este episodio al análisis exige mantener esa diferencia y revisar las predicciones originales sin acomodarlas al resultado.
VII. La resistencia institucional no concede una competencia nueva
La conclusión normativa no consiste en premiar al régimen que mejor se defiende. Una regulación puede disponer de fuertes soportes de conservación y ser ineficaz, desproporcionada o contraria a derechos. Una reforma puede carecer de apoyo y estar mejor justificada. La aptitud para persistir no decide ninguna de esas cuestiones.
El mismo límite alcanza a la intervención judicial. Que una cautelar facilite conservar el régimen o aumente el costo de reemplazarlo no constituye una razón autónoma para concederla. Debe justificarse por competencia, legitimación, peligro y adecuación de la protección. La resistencia institucional que EPT ayuda a explicar no agrega atribuciones a un juez. El cálculo que EGT vuelve inteligible tampoco acredita por sí solo la necesidad y urgencia constitucional de un decreto.
Hay, por tanto, una doble exigencia para la división de poderes. Los efectos estratégicos del proceso deben poder examinarse sin imputar por ello una usurpación a toda tutela colectiva. Las razones de protección deben poder controlarse sin confundir la relevancia del bien con una autorización ilimitada para conservar una política pública. CECIM y la disidencia en Árbol de Pie mantienen visible ese problema de límites.
La restitución específica tampoco convalida jurídicamente las demás disposiciones del DNU. Su eventual utilidad para reducir el riesgo político de un rechazo general pertenece al análisis de estrategias. La validez del resto del decreto conserva sus propios fundamentos y vías de control. Confundir conservación política con convalidación constitucional sería atribuir al acuerdo un efecto que no se sigue de él.
El caso de tierras permite así formular una tesis más precisa sobre la reforma jurídica: el alcance de una potestad para derogar no coincide con la capacidad institucional para sustituir un régimen. Esa capacidad depende de soportes de reproducción que la derogación no borra por sí sola y de reglas procedimentales que conectan sus conflictos con otras decisiones. El mismo DNU que facilitó reunir reformas pudo aumentar el costo de mantener una de ellas cuando encontró resistencia.
La pregunta constitucional que deja el episodio es qué arquitectura permite revisar una regulación por sus méritos sin que la decisión quede absorbida por la amenaza sobre un paquete entero o por una protección provisional que no alcanza el examen de fondo. La respuesta requiere decisiones justificadas sobre instrumentos, competencias y aplicación. La voluntad de cambiar una ley no reemplaza ese trabajo.
Citas
(*) Ignacio Adrián Lerer es abogado (UBA), Executive MBA (IAE, Universidad Austral) e investigador independiente en derecho, instituciones e inteligencia artificial. estudio.justitia.com.ar. ORCID: 0009-0007-6378-9749.
[1] Senado, comunicación oficial de la sesión del 6 y 7 de agosto de 2026; Diputados, Orden del Día 448, período 144, dictamen de mayoría, arts. 38 y 39, p. 7; y comunicación oficial del 21 de octubre. El último texto fue aprobado con modificaciones y devuelto al Senado: aquí se analiza el acuerdo expresado en esa etapa, no una restitución legislativa ya consumada.
[2] Ignacio Adrián Lerer, «Tierras rurales: el régimen rige por una cautelar, y quién es extranjero lo decide un reglamento de 2016», Abogados.com.ar, 13-08-2026. Primera entrega de esta secuencia de análisis sobre el régimen y sus condiciones de aplicación.
[3] Ignacio Adrián Lerer, «Tierras rurales: quién puede defender un bien colectivo y hasta dónde puede hacerlo», Abogados.com.ar, 16-10-2026. Desarrollo previo sobre CECIM, Árbol de Pie, legitimación y límites de la tutela colectiva.
[4] Ley 26.737, texto oficial, especialmente arts. 14 a 16. Se identifica la arquitectura creada por la ley, sin certificar el funcionamiento actual de cada dependencia ni la suficiencia de sus datos.
[5] Ignacio Adrián Lerer, Law as Extended Phenotype: A Game-Theoretic Synthesis, versión 1.0, DOI 10.5281/zenodo.20612950, especialmente §§ 1.2–1.3 y 2.1–2.4. El PDF lleva el título desarrollado Law as Extended Phenotype: A Game-Theoretic Microfoundation for Memetic Legal Evolution. Se utilizan sus distinciones y mecanismo propuesto; no se trasladan al caso de tierras sus índices, resultados cuantitativos ni atribuciones de estabilidad.
[6] CSJN, C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986, FLP 47574/2023/CS1 y FLP 47574/2023/1/RH1, 29-09-2026, cons. 5 a 9. Texto del fallo, copia publicada por Class Actions Argentina.
[7] CSJN, Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo colectivo, FGR 20213/2023/CS1, 09-10-2026, mayoría, cons. 6 a 12 y resolutivo; disidencia parcial, cons. 8 a 10. Sentencia en el repositorio del Ministerio Público de la Defensa. Se describen esas decisiones, sin atribuir un estado actual al expediente posterior de Bariloche.
[8] Ley 26.122, texto oficial, arts. 22 a 25. La indivisibilidad señalada corresponde al trámite especial de aceptación o rechazo, no a una imposibilidad general de modificar por ley disposiciones incluidas en un DNU.
[9] Orden del Día 448, dictamen de minoría II, informe, p. 8. Su atribución sobre el propósito de evitar el rechazo del decreto se utiliza como evidencia de una posición parlamentaria. No se adoptan sus restantes afirmaciones ni su caracterización de las decisiones judiciales.
[10] Constitución Nacional, texto oficial, arts. 78, 80 y 83; Ley 26.122, arts. 22 y 24. El informe del dictamen de minoría II del Orden del Día 448 señala expresamente la diferencia relativa al veto. Se recoge la distinción de procedimientos, no su afirmación de irreversibilidad política de un rechazo.
[11] Ignacio Adrián Lerer, Law as Extended Phenotype: A Game-Theoretic Synthesis, versión 1.0, DOI 10.5281/zenodo.20612950, especialmente §§ 1.2–1.3 y 2.1–2.4. El PDF lleva el título desarrollado Law as Extended Phenotype: A Game-Theoretic Microfoundation for Memetic Legal Evolution. Se utilizan sus distinciones y mecanismo propuesto; no se trasladan al caso de tierras sus índices, resultados cuantitativos ni atribuciones de estabilidad.
[12] Ignacio Adrián Lerer, From Metaphor to Identification: A Causal Architecture for the Extended Phenotype Theory of Law, versión 1.0, DOI 10.5281/zenodo.22062929, especialmente §§ 2.1–2.3 y 8. La arquitectura distingue mecanismos candidatos, identificación causal y evaluación normativa.
[13] Ignacio Adrián Lerer, Channel Opacity and the Survival of Legal Change: Why Reform Endures Where No One Reads It in Argentina’s Rural Land Regime, 2011–2026, versión 1.6, DOI 10.5281/zenodo.21842757, especialmente §§ 4, 8–10; Decreto 820/2016, texto oficial. El artículo desarrolla una nueva aplicación jurídica del marco, sin dar por contrastadas las predicciones del paper.
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