¿Cuánto le cuesta a una empresa esperar años para cobrar una reclamación? El tiempo también erosiona oportunidades. Descubre cómo la monetización de litigios puede convertir una expectativa en liquidez.
Una empresa puede tener una reclamación millonaria, contar con argumentos jurídicos sólidos y disponer de evidencia suficiente para sostener su posición; sin embargo, mientras espera una sentencia o un laudo favorable, sus obligaciones financieras continúan, los proyectos requieren inversión y las necesidades de capital no desaparecen. El litigio sigue su curso, pero el negocio no puede detenerse hasta que termine.
Esta situación plantea un problema que muchas veces queda fuera de la discusión estrictamente jurídica: el costo económico de esperar. Porque mantener una controversia durante años no solo implica afrontar honorarios, pericias y gastos procesales; también supone inmovilizar recursos, postergar decisiones y asumir el costo de oportunidad de un capital que podría destinarse a otras actividades.
Para una compañía, la pregunta no debería limitarse a cuánto espera recuperar al finalizar el proceso, sino determinar qué consecuencias financieras tendrá sostener esa reclamación hasta obtener una recuperación efectiva.
El tiempo del litigio y el tiempo del negocio
Los procedimientos judiciales y arbitrales responden a una lógica temporal distinta de la actividad empresarial. La producción de pruebas, las audiencias, los recursos y las eventuales etapas de ejecución requieren plazos que no siempre pueden anticiparse con precisión. Una controversia comercial compleja puede extenderse durante varios años, incluso cuando las partes cuentan con equipos legales experimentados y una estrategia procesal definida.
Sin embargo, las empresas operan bajo otras exigencias, deben cumplir obligaciones con proveedores, atender compromisos financieros, mantener su operación y aprovechar oportunidades de crecimiento que difícilmente permanecerán disponibles de manera indefinida.
Pensemos en una compañía que reclama una indemnización importante por el incumplimiento de un contrato de infraestructura. Aunque tenga perspectivas favorables de obtener una compensación, quizás necesite financiar nuevos proyectos, adquirir equipamiento o fortalecer su capital de trabajo. Si una parte significativa de su patrimonio económico está vinculada a una controversia pendiente, la empresa puede verse obligada a recurrir a financiamiento adicional, reducir inversiones o modificar sus planes de expansión.
En ese escenario, el costo del litigio excede ampliamente los gastos asociados al procedimiento. Existe también un costo de oportunidad: aquello que la empresa deja de producir, invertir o desarrollar mientras aguarda una recuperación que todavía no se materializa.
Esta diferencia resulta especialmente relevante cuando la controversia representa un monto significativo frente a la capacidad financiera de la compañía. Una posición jurídica favorable no necesariamente se traduce en liquidez disponible y, en determinadas circunstancias, esa falta de liquidez puede condicionar decisiones que deberían responder a las necesidades del negocio.
Monetizar una reclamación sin esperar su resolución
Frente a este problema, el financiamiento de litigios y arbitrajes ha desarrollado herramientas que permiten abordar la controversia desde una perspectiva financiera.
Tradicionalmente, el third-party funding se asocia con la posibilidad de que un tercero asuma determinados costos del procedimiento a cambio de una participación en la recuperación futura; sin embargo, su aplicación no se limita a financiar honorarios legales o gastos procesales.
La monetización de reclamaciones permite anticipar una parte de su valor económico antes de que exista una recuperación definitiva. Mediante una operación estructurada sobre los derechos económicos derivados del litigio, una compañía puede obtener recursos para destinarlos a necesidades distintas del propio procedimiento.
La diferencia es importante; mientras el financiamiento tradicional permite afrontar los costos de litigar, la monetización busca resolver una necesidad de liquidez del titular de la reclamación.
Dependiendo de su estructura contractual, estas operaciones suelen realizarse sin recurso contra la empresa, de modo que la recuperación del financiador quede vinculada al resultado de la controversia y a los derechos económicos pactados. Esto permite transferir una parte del riesgo asociado al proceso, sin que necesariamente se deba ceder la totalidad de la reclamación ni perder el control de la estrategia jurídica.
Consideremos nuevamente el caso de una compañía involucrada en una disputa contractual. En lugar de esperar varios años para acceder, eventualmente, al monto reclamado, podría obtener un adelanto sobre una parte de esa recuperación futura y utilizarlo para financiar su actividad. El litigio continuaría por sus propios carriles, mientras que la empresa contaría con recursos para atender objetivos comerciales inmediatos.
Naturalmente, monetizar una reclamación no equivale a recibir anticipadamente su valor nominal. El capital disponible dependerá de una evaluación que contemple las perspectivas de éxito, los posibles escenarios de recuperación, la duración estimada y los riesgos asociados al cobro. El financiador asume la incertidumbre y el riesgo del resultado a cambio de una compensación económica por ello.
Por esa razón, la monetización no elimina el costo de esperar, sino que ofrece una alternativa para distribuirlo de otra manera entre las partes involucradas.
La liquidez también modifica la estrategia
Existe otra dimensión que merece atención: la relación entre disponibilidad de capital y capacidad de negociación.
Una empresa que enfrenta dificultades financieras mientras sostiene un litigio puede experimentar una presión creciente para alcanzar un acuerdo, incluso cuando las condiciones ofrecidas no reflejen adecuadamente el valor de su reclamación. En esos casos, la necesidad de obtener recursos puede terminar influyendo sobre decisiones que deberían adoptarse principalmente a partir de los méritos del caso y de una evaluación razonada de sus riesgos.
Contar con liquidez puede reducir esa presión y permitir que la compañía analice una propuesta de acuerdo con mayor margen de maniobra. No significa que deba prolongar innecesariamente el procedimiento ni rechazar una transacción conveniente, sino que puede evitar que una necesidad financiera inmediata se convierta en el factor determinante de su estrategia jurídica.
Pero tampoco sería correcto concluir que monetizar siempre resulta más conveniente que esperar.
Anticipar capital implica aceptar un costo financiero que debe compararse con otras alternativas disponibles. Una compañía con una posición de liquidez sólida, acceso a financiamiento competitivo y capacidad para sostener la controversia podría preferir conservar íntegramente su participación en una recuperación futura. Otra, con mayores restricciones de capital o proyectos de inversión inmediatos, podría encontrar valor en anticipar una parte de esos recursos.
La decisión exige comprender tanto la controversia como las necesidades de la empresa. No alcanza con analizar si el financiamiento es jurídicamente viable o si las condiciones económicas resultan atractivas de manera aislada; también es necesario considerar cuál será el destino del capital, qué alternativas existen y cómo impactará la operación en la posición financiera y estratégica de la compañía.
En definitiva, la monetización debería evaluarse como una decisión de asignación de capital, no como una respuesta automática frente a la duración de los procedimientos.
La evolución del financiamiento de litigios está incorporando una pregunta que adquiere especial relevancia para las empresas: ¿es conveniente mantener inmovilizado el valor económico de una reclamación hasta su resolución definitiva, o existen mejores alternativas para utilizar parte de ese capital durante el proceso?
No hay una respuesta única. Dependerá del caso, de las condiciones del financiamiento y, fundamentalmente, de la situación y los objetivos de cada compañía.
Lo importante es reconocer que esperar también tiene un costo, incluso cuando el litigio avanza favorablemente y la recuperación futura parece razonablemente probable.
En una controversia empresarial, administrar adecuadamente los tiempos jurídicos es indispensable,pero comprender sus consecuencias financieras puede ser igualmente determinante para proteger el valor del negocio.
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ANEXOS y fuentes:
- Chartered Institute of Arbitrators (Ciarb, 2025). Guideline on Third-Party Funding. https://www.ciarb.org/news-listing/launch-guideline-on-third-party-funding/
- International Council for Commercial Arbitration (ICCA) y Queen Mary University of London (2018). Report of the ICCA–Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration. https://www.arbitration-icca.org/icca-reports-no-4-icca-queen-mary-task-force-report-third-party-funding
- International Comparative Legal Guides (ICLG, 2026). An Overview of Litigation Funding. Lending & Secured Finance Laws and Regulations 2026. Publicado el 1 de julio de 2026. https://iclg.com/practice-areas/lending-and-secured-finance-laws-and-regulations/
Citas
(*) Head of Legal en Loopa Finance
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosNegri & Pueyrredón Abogados
Fargosi Abogados






















































































































