I. El alcance del decreto
El Boletín Oficial del 16 de noviembre de 2026 publicó el Decreto 1366/2026, que introduce ajustes en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). No toca los incentivos ni la estabilidad del régimen, pero sí precisa cuestiones que, en la práctica, venían condicionando la estructuración de los proyectos, cuestiones vinculadas a (i) quién puede ser considerado proveedor local, (ii) cómo se fija la fecha límite para cumplir la inversión mínima, (iii) de qué manera pueden transferirse o reorganizarse los vehículos que llevan adelante el proyecto y (iv) qué fondos computan para acceder al mercado de cambios.
Recordamos que el RIGI fue creado por el Título VII de la Ley 27.742, conocida como Ley de Bases, con el objeto de atraer inversiones de gran escala mediante un esquema de incentivos, estabilidad y garantías a favor de los Vehículos de Proyecto Único (VPU), y su reglamentación está contenida en el Decreto 749/2024.
El nuevo decreto sustituye cuatro disposiciones del Anexo I de esa reglamentación, habiendo entrado en vigencia el mismo día de su publicación.
II. Síntesis del Régimen
Antes de entrar en las modificaciones, vale la pena repasar los rasgos centrales del RIGI tal como surgen de la Ley 27.742. El régimen alcanza a los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas (art. 167). El plazo de adhesión, originalmente previsto por dos años y luego prorrogado por el Decreto 105/2026, se extiende actualmente hasta el 8 de julio de 2027.
El umbral de entrada es una inversión en activos computables de al menos USD 200 millones, aunque el Poder Ejecutivo puede fijar montos sectoriales de entre USD 200 y 900 millones. De ese mínimo, el 40% debe ejecutarse en los dos primeros años, porcentaje que excepcionalmente puede reducirse al 20% (art. 173). Los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), desarrollados por etapas, exigen una inversión mínima de USD 1.000 millones por etapa (art. 172).
El régimen contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios relevantes para los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Entre ellos se destacan una alícuota reducida del impuesto a las ganancias, mecanismos especiales en materia de IVA, exenciones para determinadas importaciones y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas de exportación. A ello se suma la posibilidad de acceder al mercado de cambios para determinadas operaciones y un régimen de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por treinta años desde la adhesión (arts. 183, 187, 190, 198, 200 y 201).
La ley también regula aspectos vinculados con la transferencia de participaciones en los VPU, los mecanismos de resolución de controversias y la protección de los derechos adquiridos bajo el régimen. Sobre ese marco normativo se inserta el Decreto 1366/2026, cuyas modificaciones se concentran en la definición de proveedor local, el cumplimiento de los compromisos de inversión, la reorganización y transferencia de vehículos de proyecto y las fuentes de financiamiento computables para el acceso al mercado de cambios.
III. Modificaciones relevantes
a) Proveedor local: se elimina el requisito de capital nacional
El artículo 1 del decreto redefine el concepto de “proveedor local”. Para las personas humanas nada cambia, por cuanto sigue bastando el domicilio fiscal en el país para ser considerado proveedor local en términos del RIGI. Tampoco se modifica el criterio aplicable a los bienes, que deben ser de origen nacional conforme al Anexo I del ACE 18 del MERCOSUR.
El cambio sustancial está en las personas jurídicas. Hasta el momento, además de estar constituidas y domiciliadas en la Argentina, debían tener al menos el 51% de su capital, o de los votos necesarios para formar la voluntad social, en manos de personas con domicilio fiscal en el país. Desde el 16 de noviembre de 2026 alcanza con la constitución y el domicilio en el país, cualquiera sea la nacionalidad o residencia de los accionistas.
La modificación tiene consecuencias concretas. El plan de inversión de todo proyecto debe incluir el compromiso de contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto destinado a bienes y obras, siempre que exista oferta local disponible en condiciones de mercado (art. 47, inc. l, del Anexo I). Con la nueva definición, las filiales argentinas de grupos extranjeros pasan a computar para ese porcentaje, lo que amplía de manera considerable el universo de proveedores elegibles. Los considerandos lo justifican en que la composición del capital no debería ser, por sí sola, un obstáculo para integrarse a las cadenas de suministro de estos proyectos.
b) Una única fecha límite para la inversión mínima
El artículo 2 de la norma comentada introduce una precisión respecto del modo en que debe reflejarse el cumplimiento de la inversión mínima comprometida. En adelante, el plan de inversión deberá identificar una fecha única antes de la cual se habrá alcanzado el monto mínimo de inversión exigido para el Proyecto Único considerado en su conjunto.
La aclaración adquiere especial relevancia en los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), cuya ejecución puede desarrollarse por etapas. Los considerandos del decreto señalan expresamente que la fecha límite del proyecto debe distinguirse de los compromisos de inversión correspondientes a cada una de sus etapas, cuyos requisitos permanecen inalterados. De este modo, la reglamentación procura armonizar la existencia de hitos parciales propios de este tipo de emprendimientos con la necesidad de contar con una referencia temporal única para evaluar el cumplimiento del proyecto en su totalidad.
La norma agrega, además, que dicha fecha no debe resultar ajena a las prácticas del sector. Aunque se trata de un concepto necesariamente flexible, parece orientado a que la Autoridad de Aplicación pueda ponderar la razonabilidad de los cronogramas propuestos a la luz de las características y tiempos habituales de desarrollo de cada industria.
c) Cesiones en UTE y reorganización de Sucursales Dedicadas
El artículo 3 del decreto reemplaza íntegramente el artículo 62 del Anexo I. La nueva versión conserva las reglas sobre adquisiciones, fusiones y compra de acciones de un VPU, y agrega dos procedimientos que la reglamentación no contemplaba.
En lo que se mantiene, (i) un VPU sigue sin poder adquirir otro proyecto, (ii) ni fusionarse con uno distinto de su Proyecto Único. La fusión de dos o más Proyectos RIGI requiere aprobación y se rige por el proyecto de adhesión más antigua. Un tercero puede comprar acciones de un VPU sin que ello afecte los derechos del vehículo, pero esa compra no computa como inversión si es posterior a la solicitud de adhesión.
La primera novedad se refiere a las UTE y otros contratos asociativos que actúan como VPU. Sus miembros pueden ceder total o parcialmente su participación, o incorporar nuevos integrantes, sin que se vean afectados los derechos del vehículo. Para ello, la operación debe inscribirse en el Registro Público y comunicarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los quince días corridos. En esa comunicación deben acreditarse cuatro extremos: el consentimiento de los demás miembros, salvo que el contrato lo dispense; que el nuevo integrante no está alcanzado por las causales de exclusión del régimen; la transferencia o afectación al fondo común operativo de los bienes del cedente destinados al proyecto, y la asunción, por parte del nuevo miembro, de los compromisos de inversión y las garantías pendientes.
La Autoridad de Aplicación dispone de treinta días corridos para formular observaciones; si no lo hace, la operación se tiene por conformada. El cedente responde solidariamente por las obligaciones del régimen devengadas hasta la inscripción, y la cesión, al igual que la compra de acciones, no computa como inversión.
La segunda novedad, habilita la reorganización de las Sucursales Dedicadas. Previa autorización, la sucursal puede transferir la totalidad de los activos, pasivos, derechos y obligaciones afectados al proyecto a una SA o SAU constituida al efecto. Cuando la casa matriz está constituida en el país, el instrumento previsto es la escisión del artículo 88 de la Ley 19.550; el decreto contempla, como alternativa, el aporte en especie o la transferencia de fondo de comercio regida por la Ley 11.867, sin limitar esa vía a un supuesto determinado.
La nueva sociedad sustituye a la sucursal como VPU, con todos sus beneficios y compromisos. No hay una nueva adhesión ni se alteran la fecha de adhesión, los plazos o el plan de inversión. La casa matriz responde solidariamente hasta la inscripción, y la autorización no suple el consentimiento de terceros que pueda requerirse para ceder las concesiones o permisos afectados al proyecto.
d) Acceso al mercado de cambios: aportes de accionistas indirectos
El artículo 4 amplía el círculo de quienes pueden aportar las divisas que el VPU necesita para acceder al mercado de cambios.
La regla de base no varía. Si el VPU solicitó el beneficio del artículo 198 sobre los cobros de exportaciones, el BCRA puede condicionar su acceso al mercado de cambios: solo podrá acceder en la medida en que el total de divisas ingresadas y liquidadas sea igual o superior al que demanda para el proyecto, incluido el acceso que solicita. Esa limitación no alcanza al pago de intereses de deuda financiera ni de dividendos habilitados (art. 199 de la ley).
Lo que cambia es quién puede ingresar esas divisas, ya sea mediante aportes de no residentes o mediante deuda externa, incluidas las obligaciones negociables. El texto introducido por el Decreto 105/2026 ya admitía al propio VPU, a los miembros de las UTE y contratos asociativos que actúan como VPU, a la sociedad titular de la Sucursal Dedicada y a los accionistas o socios del VPU, aunque estos últimos solo en forma directa. El Decreto 1366/2026 extiende la posibilidad a los accionistas o socios indirectos del VPU y a los accionistas directos o indirectos de los miembros de las UTE y contratos asociativos.
En todos los casos, los fondos computan únicamente en la proporción en que se destinen de manera efectiva al Proyecto Único. Deben, además, canalizarse conforme a los procedimientos que establezca el BCRA y registrarse contablemente como afectados al proyecto, de modo que su trazabilidad quede asegurada.
IV. Consideraciones finales
El Decreto 1366/2026 no altera los incentivos del RIGI ni el alcance de su estabilidad. Su aporte es de otra índole, ya que procede a dar precisiones en puntos donde la reglamentación anterior generaba dudas o directamente no daba respuesta ajustada y terminada.
En materia de proveedores, la posibilidad de que sociedades argentinas con capital extranjero califiquen como proveedor local obliga a los VPU a revisar sus planes de desarrollo de proveedores y la forma en que computan el piso del 20%. Puede ocurrir que contratos ya celebrados con filiales locales de grupos extranjeros, que antes no sumaban, pasen ahora a integrar ese porcentaje.
Para las operaciones de M&A y los joint ventures, el procedimiento de cesión en UTE ofrece plazos ciertos de quince y treinta días. Los contratos de cesión tendrán que prever expresamente la asunción de los compromisos de inversión y de las garantías por parte del ingresante, y regular la solidaridad del cedente hasta la inscripción. En los procesos de due diligence, a su vez, no puede perderse de vista que la compra de acciones o participaciones de un VPU ya adherido no suma inversión computable: el comprador hereda el cronograma del proyecto tal como se encuentra.
Los inversores que ingresaron al régimen bajo la forma de una Sucursal Dedicada cuentan ahora con una vía para migrar a una SA o SAU sin perder la fecha de adhesión, aunque siguen necesitando los consentimientos de terceros que correspondan respecto de concesiones y permisos. En el plano del financiamiento, los aportes y la deuda externa canalizados a través de sociedades holding intermedias pueden computarse para el acceso al mercado de cambios, siempre que se respeten la trazabilidad y los procedimientos que fije el BCRA.
Quedan pendientes dos definiciones relevantes, las cuales son (i) la metodología para determinar el origen nacional de los bienes, que debe precisar la Autoridad de Aplicación, y (ii) los procedimientos del BCRA para el cómputo de divisas aportadas por accionistas indirectos. De su contenido dependerá, en buena medida, el alcance práctico de varias de estas modificaciones.
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