La nueva guía judicial permite continuar una discusión pendiente: cuánto control exige el trabajo asistido y cómo sostenerlo sin convertir la gobernanza en una carga puramente formal.
Un abogado recibe un escrito impecablemente redactado. Los argumentos siguen un orden convincente, las citas tienen apariencia profesional y la conclusión coincide con la pretensión de su cliente. El programa tardó pocos minutos. Ahora comienza el trabajo que la velocidad de generación puede volver menos visible: comprobar qué merece llegar al tribunal.
La escena es hipotética, pero el problema organiza una nueva intervención del sistema judicial del Estado de Nueva York. El 26 de octubre de 2026, su Sistema Judicial Unificado anunció la publicación de The Risks of Using Artificial Intelligence in Preparing Court Papers: What Every Attorney Should Know, elaborada por su Comité Asesor sobre Inteligencia Artificial y los Tribunales. El comunicado oficial presenta una orientación favorable al uso informado de la tecnología y recuerda que el abogado conserva la responsabilidad por los escritos que presenta.[1]
La noticia merece atención por la decisión institucional que expresa. Es posible admitir la asistencia tecnológica, prescindir de una declaración general sobre su utilización y, al mismo tiempo, exigir un control profesional exigente. Esa combinación obliga a mirar dónde se invierten los recursos de la supervisión.
El 21 de agosto de 2025 publiqué en estas páginas «La Guía de IA del CPACF y el problema latente: La infraestructura digital que aún no tenemos». Allí planteé que el deber de validar necesita condiciones materiales para cumplirse.[7] Después examiné el costo de la gobernanza a propósito de la Guía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y, en «Firmar no es revisar», la distancia entre una aprobación registrada y un control efectivo.[2] Nueva York permite retomar esa secuencia y formular mejoras concretas para la orientación profesional argentina.
Una guía educativa dentro de un marco normativo anterior
Conviene separar el anuncio de octubre de la regulación que lo precede. La nueva publicación es una guía informativa y educativa. Su lectura debe acompañarse de la Parte 161 de las reglas del administrador judicial, vigente desde el 1 de junio de 2026.[3]
Esa Parte establece una política aplicable a los tribunales del sistema estatal, en asuntos civiles y penales. Favorece permitir el uso de IA para preparar escritos cuando se respeten los deberes existentes y sostiene que no debería exigirse declarar ese uso al presentarlos. Además, ofrece una regla modelo cuya adopción por cada tribunal es discrecional.[3]
La distinción importa. Una política estatal, una regla modelo y la regla efectivamente adoptada por un tribunal tienen funciones diferentes. La guía advierte que deben comprobarse también las disposiciones particulares del foro.[4] Por eso sería incorrecto convertir el anuncio en la afirmación de que ningún juez puede exigir información adicional.
Existe otro límite relevante: la definición de escritos de la Parte 161 excluye los materiales que constituyen prueba o se ofrecen como tal, sujetos a consideraciones separadas.[3] La política sobre redacción asistida no resuelve por sí misma el tratamiento de una imagen generada, una grabación alterada o un documento presentado para acreditar un hecho.
Qué permite saber una declaración de uso
Informar que se utilizó IA puede servir para determinados fines. Su utilidad depende de qué consecuencia se conecte con esa información. Una declaración aislada dice poco sobre la calidad del resultado: puede corresponder a una corrección de estilo, a la selección de jurisprudencia o a la elaboración completa de una argumentación.
Imaginemos dos escritos. El primero fue redactado con amplia asistencia de IA y después contrastado con el expediente y las fuentes originales. El segundo se preparó manualmente, copiando un precedente de un modelo desactualizado. Saber cuál utilizó IA no permite identificar cuál merece confianza.
La declaración puede facilitar una investigación, pero no sustituye el examen de la actuación. Tampoco su ausencia demuestra que el documento sea enteramente humano, ni esa autoría garantiza diligencia. El problema regulatorio consiste en elegir qué información se exige, para qué se utilizará y qué control concreto hace posible.
La opción neoyorquina resulta interesante porque concentra la atención en los deberes ligados al escrito. De allí no se sigue que toda exigencia de transparencia sea superflua. Cuando la tecnología afecta la producción o la autenticidad de la prueba, por ejemplo, las preguntas cambian. El propio recorte de la Parte 161 impide extender indiscriminadamente su solución.
La firma tiene efectos; la revisión necesita contenido
La sección 130-1.1a de las reglas neoyorquinas atribuye a la firma una certificación basada en el conocimiento, la información y la convicción formados después de una indagación razonable según las circunstancias, acerca del carácter no frívolo de la presentación y sus planteos.[5] El anexo de la Parte 161 vincula la firma con la revisión del material asistido y la ausencia de contenido ficticio.[3]
Estos efectos jurídicos no convierten la firma en una prueba técnica infalible de cómo se trabajó. Explican por qué importa reconstruir el control que la precedió. La obligación de revisar no se satisface por el mero hecho de que el documento tenga un responsable identificable.
La guía aporta una formulación práctica: verificar exige leer la autoridad, comprobar su existencia, su relación con la proposición invocada y la fidelidad de la cita. La confirmación del propio sistema no basta. También recomienda conservar un registro de las herramientas, las tareas y las comprobaciones realizadas.[4]
Puede existir el fallo y, sin embargo, no sostener lo que se le atribuye. Una cita literal puede ser correcta y pertenecer a un voto que no expresa la decisión de la mayoría. Un precedente pertinente puede haber sido desplazado por una modificación posterior. Encontrar el documento abre la revisión; todavía resta comprender qué autoriza a afirmar en ese caso.
Por eso propongo distinguir tres preguntas de trabajo: si la fuente es auténtica, si respalda la afirmación y si resulta aplicable al asunto. La división sirve para organizar una tarea profesional. No pretende agregar un nuevo formulario ni presentar como creación normativa lo que integra el examen jurídico de una autoridad.
El ahorro debe medirse después de revisar
El comunicado anuncia beneficios de eficiencia, pero también insta a documentar la verificación.[1] Allí reaparece la pregunta económica que atravesaba mi análisis de la Guía ICAM: ¿cuánto cuesta ejercer el control que hace aceptable la asistencia?
La respuesta no puede obtenerse comparando solamente el tiempo de escritura. Debe incluir búsqueda, revisión, correcciones y comprobación final. Un borrador que llega rápido y exige reconstruir cada referencia puede consumir más trabajo que otro menos elaborado, pero acompañado de fuentes accesibles y bien delimitadas.
La longitud introduce un problema adicional. Si el sistema multiplica argumentos y autoridades, aumenta el material que alguien debe examinar. La abundancia puede mejorar la cobertura; también puede generar una carga que el profesional no está en condiciones de asumir dentro del plazo. La productividad debe juzgarse sobre el escrito utilizable, después de la revisión.
Esto tiene una consecuencia para el encargo. Pedir un argumento acotado, construido sobre documentos identificados y con las dudas visibles puede resultar más útil que solicitar una pieza completa cargada de referencias. La decisión depende del asunto. Una mayor cantidad de texto no constituye, por sí sola, un mejor servicio al cliente.
Tampoco corresponde presentar esta conclusión como una medición ya realizada por Nueva York. Es un criterio de gestión que se desprende del problema: evaluar el trabajo total necesario para obtener una presentación defendible.
Una documentación que permita reconstruir decisiones
Registrar todo puede producir archivos inmensos y poco útiles. Registrar solamente «revisado» deja sin respuesta qué se comprobó. Entre ambos extremos existe espacio para una documentación ajustada a la tarea.
Propongo que el registro permita identificar la versión revisada, las fuentes decisivas, las correcciones materiales y la persona que resolvió las dudas relevantes. Un escrito breve puede requerir una constancia sencilla. Una presentación compleja, con varias personas y numerosas autoridades, exige una organización mayor. El contenido del control debe corresponder al riesgo y al trabajo efectivamente realizado.
La versión importa porque el escrito puede cambiar después de la comprobación. Si se agrega una cita o se modifica el alcance de una afirmación, la revisión anterior no cubre automáticamente ese cambio. Una constancia vinculada a un borrador distinto puede dar una apariencia engañosa de continuidad.
Esta propuesta desarrolla la recomendación de conservar registros; no describe una obligación documental específica impuesta por la guía. Tampoco supone almacenar indiscriminadamente conversaciones, datos del cliente o información de terceros. La utilidad probatoria del registro debe convivir con la reserva profesional y una conservación proporcionada.
Qué puede aprovechar la abogacía argentina
La experiencia comparada ayuda a formular mejores preguntas. No convierte las reglas neoyorquinas en derecho argentino ni determina las consecuencias de un error cometido en nuestros tribunales.
Para el ejercicio en la Capital Federal, el artículo 6 de la Ley 23.187 exige lealtad, probidad, buena fe y fidelidad al secreto profesional.[6] Son deberes que deben considerarse junto con las normas procesales, éticas y sustantivas aplicables a cada actuación. De ellos no cabe deducir, sin más, un régimen nacional uniforme de declaraciones sobre IA ni una responsabilidad automática por cualquier inexactitud.
Sí puede aprovecharse una orientación organizativa: facilitar el acceso a las fuentes, reservar tiempo para examinarlas y establecer qué sucede cuando una comprobación falla. Si no se encuentra una autoridad, la cita debe quedar fuera de la presentación hasta que pueda sostenerse. Si el documento existe pero no respalda el argumento, corresponde modificar el argumento. Dejar una advertencia interna y presentar el mismo texto conserva el problema.
Los colegios profesionales también pueden contribuir mediante formación práctica y recursos compartidos para la comprobación de fuentes. Son propuestas de política profesional que requieren evaluar costos y resultados. Su interés radica en mejorar la capacidad real de controlar, especialmente en estructuras pequeñas, sin presumir que todos los estudios pueden sostener la misma organización.
Cómo podría mejorar la guía del CPACF
La Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados, elaborada en julio de 2025 por el Laboratorio Fintech y Legaltech del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, ya contempla validación, control por etapas, confidencialidad y formación. Sus apartados 5.2 y 5.3 advierten incluso sobre referencias existentes cuyo contenido se falsea.[8] El punto de partida es valioso. Propongo desarrollarlo mediante un anexo de aplicación práctica.
Ese anexo podría organizar la comprobación alrededor de un ejemplo completo: localizar un fallo, leer el pasaje pertinente, identificar qué decidió y establecer su relación con el asunto. Debería mostrar también cómo actuar cuando algo falla. Una fuente no localizada se retira del borrador; una fuente que contradice el argumento obliga a reformularlo; una duda material pendiente impide presentar esa afirmación como comprobada. Así, cada advertencia se conecta con una decisión observable.
Un segundo componente sería una constancia breve, vinculada a la versión del escrito, con las fuentes decisivas y las comprobaciones realizadas. Podría acompañarse de ejemplos para un profesional independiente y para un equipo. Su finalidad sería ayudar a reconstruir la revisión sin exigir una estructura administrativa uniforme. Se trata de una propuesta para el Colegio, no de una nueva formalidad procesal que este artículo pretenda imponer.
También convendría separar la información al cliente, la autorización para tratar datos y la eventual declaración al tribunal. La guía breve aborda las dos primeras cuestiones en el apartado 5.2.[8] Nueva York examina especialmente la tercera. Que un foro no exija declarar la asistencia no resuelve qué información debe recibir el cliente ni qué tratamiento de sus datos resulta admisible. Un cuadro de situaciones podría evitar que esas relaciones diferentes se reduzcan a una única obligación de transparencia.
Hay además una precisión técnica importante. El apartado 6.2.j asocia una temperatura baja con la posibilidad de garantizar información ajustada a derecho.[8] Esa promesa debería eliminarse: un ajuste de generación no acredita la existencia, vigencia o pertinencia de una autoridad. La recomendación útil para el ejercicio profesional es comprobar el resultado con fuentes, cualquiera sea la configuración utilizada. Del mismo modo, reiterar una instrucción para que el sistema no invente puede orientar la tarea, pero no reemplaza esa comprobación.
La expresión de responsabilidad «única y exclusiva» del abogado, en el apartado 5.3, también merece una aclaración.[8] Mantener sus deberes profesionales no decide anticipadamente toda eventual responsabilidad de proveedores, estudios u otros participantes. Propongo indicar que la asistencia tecnológica no desplaza las obligaciones del profesional, sin prejuzgar las responsabilidades que correspondan a terceros según su conducta y el régimen aplicable.
La actualización debería coordinarse con los Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, que el propio CPACF presenta como ampliación de la guía.[9] No conviene fragmentar la orientación en documentos cuya relación el matriculado deba reconstruir. Una edición identificada por fecha, con enlaces entre ambos textos y ejemplos comunes, facilitaría su consulta y mantenimiento.
Finalmente, el problema de infraestructura que señalé en 2025 conserva valor como agenda de trabajo, sin necesidad de repetir diagnósticos absolutos sobre todos los sistemas de información jurídica. El Colegio podría comenzar por un mapa de fuentes por jurisdicción y materia, con fecha de comprobación, alcance y límites conocidos; luego identificar dónde hacen falta convenios de acceso o mejoras públicas. Ese mapa no certificaría un escrito. Reduciría el costo de encontrar las fuentes necesarias para revisarlo.
La responsabilidad exige medios para ejercerla
Nueva York ofrece una decisión que merece discutirse: permitir la asistencia de IA, apoyarse en deberes profesionales existentes y dirigir la atención hacia la verificación. Su valor práctico dependerá de cómo se aplique y de qué resultados produzca. La publicación de una guía no prueba por sí sola que disminuyan los errores.
La cuestión que deja abierta es concreta. Si la redacción se acelera, el estudio debe decidir qué hará con el tiempo liberado, qué fuentes pondrá a disposición del revisor y qué margen conservará para corregir o detener la presentación. Mantener intacta la responsabilidad del abogado exige tomar en serio esas condiciones.
Una buena organización del trabajo asistido debería permitir explicar por qué cada afirmación importante llegó al escrito. Cuando esa explicación puede reconstruirse, la firma encuentra respaldo en una actuación profesional reconocible. Allí empieza a hacerse efectiva la diligencia que las declaraciones generales prometen.
Fuentes
- Sistema Judicial Unificado del Estado de Nueva York, Using AI Responsibly: New Guidance for Attorneys, comunicado del 26 de octubre de 2026.
- Ignacio Adrián Lerer, «Firmar no es revisar: la aprobación humana ante la IA jurídica», Abogados.com.ar, 15 de septiembre de 2026. Antecedente adicional: «La Guía ICAM (Colegio de la Abogacía de Madrid, España): Cuando la gobernanza perfecta cuesta lo que nadie tiene».
- Nueva York, 22 NYCRR, Parte 161, secciones 161.1 a 161.4 y Apéndice A. Entrada en vigor: 1 de junio de 2026, según la publicación oficial de la disposición en el New York State Register del 15 de abril de 2026.
- Comité Asesor sobre Inteligencia Artificial y los Tribunales, The Risks of Using Artificial Intelligence in Preparing Court Papers: What Every Attorney Should Know, especialmente secciones 5 a 7.
- Nueva York, 22 NYCRR, sección 130-1.1a, firma y certificación de escritos.
- Argentina, Ley 23.187, artículo 6, incisos e y f, texto actualizado.
- Ignacio Adrián Lerer, «La Guía de IA del CPACF y el problema latente: La infraestructura digital que aún no tenemos», Abogados.com.ar, 21 de agosto de 2025.
- CPACF, Laboratorio Fintech y Legaltech, Unidad de Innovación y Transformación Digital, Guía para el uso de Inteligencia Artificial para Abogados, julio de 2025, apartados 5.2, 5.3 y 6.2.j.
- CPACF, Instituto de Derecho Informático, Criterios orientadores para un uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en la Abogacía, julio de 2025; presentación institucional de su relación con la guía breve.
Citas
Ignacio Adrián Lerer es abogado (UBA) y MBA Ejecutivo (IAE Business School, Universidad Austral). Escribe sobre derecho, instituciones e inteligencia artificial. estudio.justitia.com.ar.
Opinión
Negri & Pueyrredón Abogados
opinión
ver todosKabas & Martorell
Gericó Associates
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten





















































































































