En la causa “Giménez, Rogelio Lindor c/ Agua y Saneamiento Argentinos S.A. y otro s/ Despido”, el accionante apeló la resolución de primera instancia porque se encuadró la relación de trabajo bajo la ley 22.250.
El trabajador sostuvo en la demanda que trabajó en el mantenimiento y saneamiento de las redes de cañerías de agua y cloaca existentes en la zona que AYSA tiene a su cargo, precisando que entre sus tareas debía realizar la limpieza de las cañerías, desagües, bocas de tormenta, y otros sistemas de las redes mencionadas, debiendo en caso necesario, hacer zanjas y descubrir caños a los fines de repararlos o destaparlos.
Los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo determinaron que la relación habida entre el accionante y Proba SA, lo fue en los términos de la ley 22250.
Al pronunciarse en tal sentido, los camaristas puntualizaron que “la ley 22250, en su ámbito de aplicación (art. 1º), establece que queda comprendido el empleador de la industria de la construcción que ejecute obras de ingeniera o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas o modificaciones, reparación o demolición de las existentes, montajes o instalación de partes ya fabricadas o de vía y obras”, a la vez que “también incluye a aquél que elabore elementos necesarios o efectúe trabajos destinados exclusivamente para la ejecución de aquellas obras, en instalaciones o dependencias de su propia empresa, establecidas con carácter transitorio y para ese único fin”, mientras que en relación “a los trabajadores dependientes de los referidos empleadores, establece que cualquiera fuere la modalidad o denominación que se acuerde a su contratación o la forma de su remuneración, también quedarán incluidos en la norma”.
En base a ello, los magistrados entendieron que “teniendo en cuenta la actividad desarrollada por la codemandada Proba SA, las tareas realizadas por el actor, según la prueba testimonial mencionada, llego a la conclusión de que la relación que unió a las partes se encuentra comprendida en la industria de la construcción, por lo que cabe confirmar lo decidido en la anterior instancia”.
En el fallo dictado el 28 de junio del presente año, los Dres. Diana Regina Cañal y Alejandro Hugo Perugini determinaron que en relación a queja del recurrente sobre la indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que “resulta procedente la indemnización del art. 80 L.C.T., aun cuando el trabajador no hubiese cumplido con el decreto 146/01”, modificando de esta forma lo resuelto en primera instancia sobre dicho punto.
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