La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciaría de manera inminente a favor de la inconstitucionalidad de al menos dos artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales, avanzando en igual sentido que lo resuelto en el fallo emitido el pasado noviembre. De esta manera se estaría terminando el sistema que permitía que la CGT mantuviera el monopolio de la representación gremial en nuestro país. A ello debe sumarse, las advertencias efectuadas por el gobierno a la central sindical, relativas a la falta de argumentos para no conceder la personería gremial de la CTA. La constitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la ley de Asociaciones Sindicales estaría siendo analizada por el Máximo Tribunal, según publicó en su edición de hoy el diario El Cronista Comercial. Según parecen conocer los dirigentes gremiales, en uno de los expedientes que se encuentra ante dicho tribunal, se planeó la inconstitucionalidad del artículo 30. De acuerdo a la normativa, solamente un sindicato de oficio, profesión o categoría tiene la posibilidad de obtener la personería gremial en caso de tener intereses diferentes de un sindicato de dicha actividad preexistente, siempre que dicho gremio no comprenda en su personería la representación de los trabajadores. Tal situación habría sido planteada en el expediente Asociación Personal Superior del Congreso – APES c/ Ministerio de Trabajo, resuelto por la Sala VI de la Cámara Laboral. En tal caso, APES había decidido llevar su planteo  a la Corte debido a que el gremio principal de su actividad, argumentaba que representa la totalidad del personal cualquiera sea su categoría. Otro de los pronunciamientos que hace tambalear el poder que ostentan los dirigentes gremiales, consiste en la posible declaración de inconstitucionalidad del artículo 29  de la normativa. En el mismo, se establece que sólo un sindicato de empresa podrá recibir de las autoridades laborales la personería, siempre y cuando en la zona de actividad o categoría donde obre el mismo, no exista una asociación sindical de primer grado. Los sindicalistas habrían sido advertidos sobre los posibles pronunciamientos de la Corte por el propio Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien les manifestó la existencia de cinco expedientes donde la Corte se podría pronunciar en tal sentido. Posteriormente a ello, desde la CGT recibieron información adicional donde confirmaron que la Corte se podría pronunciar en breve en contra de lo normado en la ley 23.551.