Por medio de un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expuso su postura sobre el Caso Sosa, resaltando el Consejo Directivo de esa asociación que “resulta indispensable para el funcionamiento de las instituciones republicanas y el sistema democrático, el acatamiento ineludible de las sentencias de los jueces, cualquiera sea la jerarquía que éstos posean”.
Tras remarcar que las declaraciones efectuadas por el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz y de otros funcionarios, desconociendo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que ordena reponer en su cargo al ex Procurador General provincial Dr. Emilio Eduardo Sosa, implican una gravedad institucional, el Consejo Directivo de la Asociación remarcó que “el sistema arbitra los mecanismos para recurrir aquéllas, más allá de su acierto o error, o que no conformen a las partes”.
El comunicado agrega que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto Tribunal de la República e intérprete último de la Constitución Nacional y por ende los funcionarios a quienes las sentencias de aquélla van dirigidas, deben arbitrar los medios necesarios, dentro del marco legal que corresponda, para lograr su efectivo cumplimiento”, concluyendo que “es obligación de todos los poderes públicos y de todos los habitantes de la Nación el estricto acatamiento de las mandas judiciales, conducta básica para el fortalecimiento de la salud institucional de un Estado Republicano y Democrático de Derecho”.
Por su parte, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) instó a los poderes públicos de Santa Cruz a cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la vez que hizo “un llamado a los poderes públicos de Santa Cruz a adoptar las decisiones que den cumplimiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte”.
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