El juez federal Norberto Oyarbide lo decidió en el marco de la causa que investiga los destrozos y las pintadas que aparecieron en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, durante la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Los cinco alumnos pertenecientes a la institución fueron procesados por el delito de daño agravado y, además, como medida cautelar se les trabó un embargo por 5000 pesos a cada uno de ellos.
El hecho se remonta a la madrugada del 25 de septiembre de 2013, momento en el que un grupo de estudiantes ingresó a la iglesia y prendió fuego distintos muebles. Los jóvenes también rompieron varios elementos y dejaron pintadas en el piso.
Oyarbide, por su parte, manifestó que "teniendo en cuenta que el ámbito en que se produjo la profanación es un lugar consagrado a la alabanza, a la comunión, al perdón y a la reconciliación, considero que el contenido de las pintadas efectuadas, el haber incendiado el sillón utilizado por el párroco que oficia la misa y el extremo de haber orinado y pisado el altar principal de la iglesia dan cuenta de un hecho de suma gravedad, demostrando un contenido de odio, violencia e intolerancia por parte de los encausados, que menoscaba no sólo el sentimiento de los fieles católicos, sino a la comunidad en su conjunto que cree en los valores del pluralismo y la confraternidad".
Asimismo, aclara que “lo sucedido, lesiona el derecho humano a la libertad religiosa que ostentan todos los fieles, sea cual fuera su credo, y llama la atención sobre la necesidad de valorar el diálogo responsable como medio de encuentro para dirimir nuestras discrepancias. Así, si nuestra intención como sociedad es avanzar hacia una democracia plena, hechos como éste no pueden pasar inadvertidos".
Cabe señalar que sobre los tres estudiantes que son mayores de edad, el magistrado resolvió dictar el procesamiento sin prisión preventiva, debido a que si recayera condena, la misma sería de ejecución condicional.
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