En el marco de la causa en la que se investiga la actuación de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos en el rescate y atención de las víctimas de la tragedia de Cromañón, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el sobreseimiento dictado sobre el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra y de una serie de ex funcionarios de su gestión.

Tanto Ibarra como los ex funcionarios se encontraban acusados por un supuesto actuar negligente en el rescate y atención a las víctimas de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 en el interior del local “República de Cromañón”.

Tras resaltar que en base a la prueba aportada se puede afirmar que diversos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reunieron en la sede de Defensa Civil  a fin de dar respuesta a las necesidades de la tragedia ocurrida, la Sala III descartó la existencia de dolo en la conducta de los imputados, señalando que “dada la imprecisión y falta de coincidencia en las distintas reglamentaciones que prevén la conformación de estos organismos,  era imposible que los funcionarios imputados pudieran comprender y conocer el lugar y organismo que cada uno de ellos debía conformar,  situación que también descarta que voluntariamente hayan querido incumplir una norma”.

En la sentencia, los jueces se manifestaron en relación a las jerarquías dentro de la administración pública así como de las responsabilidades que le caben a un jefe de gobierno, señalando que “la Jefatura de Gobierno, sólo debe intervenir en la medida que conozca que sus inferiores incumplen con sus obligaciones específicas, entre tanto, resulta indispensable mantener la confianza de que el inferior habrá de ejercer adecuadamente sus facultades”, agregando a ello que sólo debe actuar en el ejercicio de su poder directo en caso de tomar conocimiento de que un inferior incumple con los deberes a su cargo.

Los magistrados concluyeron que los funcionarios del gobierno porteño que intervinieron en la emergencia, actuaron de acuerdo a las obligaciones legales que sus cargos les imponía así como dentro de las posibilidades que la tragedia les permitió, recordando en relación a la actuación de la policía y los bomberos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires carece de jurisdicción respecto de la Policía Federal Argentina y la Superintendencia Federal de Bomberos.

El presente pronunciamiento se produjo luego de que la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional emitida en septiembre de 2008, que confirmó el sobreseimiento de varios ex funcionarios, incluido el de Aníbal Ibarra, fuese recurrida por el abogado querellante José Iglesias.