Buscando mejorar su imagen ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo  Económico (OCDE), el gobierno uruguayo enviará al Parlamento de dicho país un proyecto de ley para flexibilizar el régimen de secreto bancario para evitar posibles delitos de evasión tributaria, buscando la iniciativa quitar la condición de presunción de fraude tributario para que la Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay pueda pedir a la Justicia que disponga la apertura de las cuentas bancarias de un contribuyente.

La iniciativa del gobierno de José “Pepe” Mujica, la cual sería convertida en ley próximamente, dado que el oficialismo Frente Amplio tiene mayoría en ambas Cámaras, afectaría a los argentinos que tienen ahorros en ese país, habiendo recibido los agentes financieros y corredores de bolsas las inquietudes de los ahorristas luego de que el envío del proyecto al Parlamento fuese anunciado por el Gobierno.

La exposición de motivos del proyecto establece que "a efectos de posibilitar el control de las nuevas situaciones gravadas y avanzar en el control integral de la tributación, se amplían normas que permiten el acceso a la información en poder de los bancos, por parte de la administración tributaria y en aplicación de convenios internacionales suos por la República".

Se estima que gran parte de los 3886 millones de dólares que se encuentran invertidos en entidades uruguayas, así como aquellos que salen al exterior previo paso por las entidades financieras de ese país, pertenecen a ahorristas argentinos, por lo que se estima que en caso de aprobarse el proyecto podría generar una fuerte salida de capitales.

De acuerdo por lo explicado por el ministro de Economía de Uruguay, Fernando Lorenzo, el levantamiento del secreto bancario continuará siendo por orden judicial, pero se extenderán los argumentos para requerirlo, a la vez que se ofrecerán facilidades para el levantamiento cuando existan dudas sobre un contribuyente.

De esta manera, ya no será necesario que el contribuyente se encuentre en un proceso de defraudación, debido a que si la DGI tiene alguna denuncia sobre algún contribuyente, podrá solicitar de forma expresa y fundada ante la Justicia el levantamiento del secreto.