“En las próximas semanas” los abogados del Partido Demócrata de Mendoza demandarán a la Nación ante la justicia federal por considerar como inconstitucional la ley 25.413, la cual reglamente el impuesto a créditos y débitos bancarios.

Según la agrupación política, la existencia del tributo, que es considerado como “distorsivo”, “ha provocado que Mendoza pierda desde su existencia 1060 millones de dólares”.

El reclamo, que es avalado por la Unión Cívica Radical (UCR), indica que las provincias han perdido aproximadamente 23.500 millones de dólares en los últimos 14 años (datos extraídos de estudios de la Fundación Mediterránea).

El denominado impuesto al cheque es uno de los más resistidos entre las provincias. Su aplicación comenzó con la emergencia económica de 2001, con la Ley de Competitividad 25.413. Luego, en el 2002, se estableció un régimen de coparticipación, con 70% para la Nación y 30% para las provincias.

Con el tributo, el Estado recauda 0,6 por ciento de cada cheque que se deposita y otro 0,6 por ciento del que se cobra. La norma es de carácter transitorio y su prórroga debe ser aprobada por el Congreso cada dos años.