Se trata de la investigación que involucra al fisco local, luego de una denuncia penal llevada a cabo por la Administradora Tributaria de la provincia (ATER). El caso está en trámite en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Paraná, a cargo de Marina Barbagelata.

Un listado "con las 65 empresas involucradas por 17 millones de pesos de impuestos que debían pagar y no pagaron, porque les cargaron compensaciones truchas para que no tributen" fue llevado a la justicia por el titular de ATER, Marcelo Casaretto.

Ahora, a través del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, el gobierno de la provincia puso a disposición todos los elementos necesarios para contribuir en la acción penal y, además, se presentó como querellante.

La investigación se vincula a una supuesta maniobra contra el fisco de Entre Ríos llevada a cabo desde enero de 2012 hasta la actualidad. Por su parte, la diputada provincial Rosario Romero manifestó que el fraude "se hizo a través de un sistema de compensaciones que se regularizan con el Ministerio de Economía, pero en este caso se habían autorizado compensaciones sin que sea de manera formal".

La justicia le solicitó a ATER que entregue las terminales informáticas de los agentes que se encuentran involucrados en la operatoria denunciada y convocó a cuatro miembros del organismo a prestar declaración testimonial.