El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adoptó una polémica medida, por medio de la cual, se dispuso la rescisión de todos aquellos contratos vigentes que pertenezcan a empleados públicos en condición de jubilarse que se estén desempeñando en alguna de las reparticiones porteñas. Dicha medida, establece el cese en sus funciones para el próximo 31 de octubre de todos aquellos empleados que sean mayores de 60 años, en caso de que sean mujeres y 65 años para los hombres. A través de una nota que fue difundida a todas las reparticiones, se establece una nómina de personas a las que abarca la rescisión del contrato, obligando al titular de cada jurisdicción a efectuar el acto administrativo necesario a los fines de dar cumplimiento a dicha orden. Tal decisión adoptada por parte de Mauricio Macri, despertó fuertes críticas desde diversos sectores de la oposición, quienes consideraron que tal decisión posee una gran insensibilidad y un elevado grado de injusticia al dejar sin trabajo de forma sorpresiva a personas que por su edad no se pueden reincorporar al sector laboral. Resulta de trascendencia destacar, que los empleados cuyos contratos fueron rescindidos, es decir aquellos comprendidos en los decretos 948/2005 y 959/2007, no forman parte de la planta permanente de la administración porteña.