El Juzgado de primera instancia rechazó el pedido de allanamiento por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por un manifiesto estado de incertidumbre con respecto a la capacidad contributiva del supuesto evasor.
Asimismo, los magistrados remarcaron que no hay certeza sobre si existió o no algún perjuicio contra el organismo recaudador, el cual decidió apelar la determinación ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La entidad dirigida por Ricardo Echegaray había solicitado el allanamiento de varias propiedades de un supuesto evasor para “obtener y resguardar” toda la documentación referida a operaciones comerciales y datos patrimoniales.
Luego de la apelación, los camaristas consideraron que los argumentos de la AFIP no cumplían con las exigencias que determina la normativa vigente debido a que la solicitud estaba dirigida a producir pruebas y no a conservarlas ante una supuesta intervención del contribuyente.
Por estos motivos, la Cámara desestimó el pedido de la AFIP, que deberá continuar con la investigación, la cual había arrojado una presunta existencia de ingresos y bienes no declarados.
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