La familia de una joven atropellada en Tucumán recibió una intimación de pago por los honorarios del abogado del motociclista, condenado por el homicidio, y de los letrados de la municipalidad de San Isidro de Lules.
En 2007, el hombre que manejaba el vehículo fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, cumplidos parcialmente porque antes de llegar a la mitad de la pena fue extraditado a Bolivia, su país de origen.
Además de la demanda penal, la familia inició una civil contra el condenado y el municipio local. Como su abogado no siguió el trámite, la causa prescribió por inactividad procesal y, por ende, la actora demandante fue condenada al pago de honorarios.
Cabe señalar que el letrado de la familia argumentó que la Municipalidad de San Isidro de Lules tenía parte de la responsabilidad ya que el camino donde aconteció la tragedia no contaba con una vereda y los pastizales de los extremos estaban muy crecidos.
"El juicio nunca lo perdieron, la causa fue archivada porque el abogado no mostró actividad en el proceso desde el 21 de julio de 2011 hasta el 2 de marzo de 2012", sostuvo el actual abogado de la familia. Asimismo, aclaró que "el tribunal no actuó mal porque los abogados de la otra parte presentaron un recurso legítimo y ahora quieren cobrar las costas".
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