Piden la Nulidad de un Laudo Arbitral del CIADI
La Nación presentó un planteo para que se anule el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)  por medio del cual nuestro país fue condenado a abonarle al grupo empresario francés Vivendi una suma que supera los cien millones de dólares. En el planteo presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, nuestro país argumentó que el mencionado tribunal se había extralimitado con la resolución que había tomado al condenar a nuestro país a pagar la indemnización. El tribunal, expresó que se había producido una violación de los derechos de la empresa Vivendi, de su subsidiaria y del convenio firmado entre Argentina y Francia con el objetivo de que sean protegidas las inversiones en respectivos países como consecuencia del accionar de los funcionarios provinciales. La cuestión se originó como consecuencia de la demanda presentada contra Argentina por la rescisión del servicio de agua realizada por el Gobierno de la Provincia de Tucumán que poseía la empresa Compañías de Aguas de Aconquija, perteneciente al grupo Vivendi, en el año 1998. Tal rescisión, se había basado en un informe realizado por una comisión legislativa, en el cual se demostró que el contrato de concesión con la compañía se encontraba plagado de irregularidades. A su vez, la decisión del gobierno provincial, se sustentó en que durante un período de aproximadamente 20 días el agua que llegaba a las casas era turbia. Entre los argumentos presentados por nuestro país contra la resolución emitida por dicho tribunal, se destaca la puesta en duda de la imparcialidad de dicho tribunal. Ello se debe, a que se cuestionó la supuesta vinculación de la suiza Gabrielle Kaufman-Kholer con una empresa vinculada con el Grupo Vivendi.

 

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