En el marco del caso Greco, el juez Sergio Torres dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del ex Procurador del Tesoro de la Nación Osvaldo Guglielmo, quien se encuentra acusado de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En el marco del caso Greco, donde se investiga el pago irregular a un grupo empresario, el juez Sergio Torres, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, además de dictar el procesamiento del ex funcionario, trabó un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

El ex procurador del Tesoro de la Nación se encuentra acusado de haber intervenido en las maniobras defraudatorias que habrían tenido lugar en el expediente “Greco, Héctor Osvaldo Miguel c/ Estado Nacional y otros s/ incidente de ejecución de convenio”, que tramitaba ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 6.

En dicha causa, se sustanciaba la demanda interpuesta por los representantes del denominado “Grupo Greco” contra el Estado Nacional reclamando el cumplimiento de los convenios celebrados entre las partes que fueran aprobados por los decretos 1444 y 1067.

La maniobras en contra del Estado, se habrían verificado por medio de la actuación de quienes ya sea directamente o por representación jerárquica, tuvieron a su cargo la representación del Estado a partir del 10 de junio de 2004, encontrándose entre ellos el ex procurador Guglielmo.

El magistrado adjudicó la realización de dichas maniobras a “quienes a contrario de los intereses del Estado Nacional hasta ese momento incoados habrían coadyuvado, impulsado y procurado la homologación judicial de la liquidación de una deuda reclamada al Estado por el mentado grupo empresario, decretada el día 11 de agosto de 2005 en el citado expediente, por la suma de $332.396.128,64.-, pagaderos en Bonos de Consolidación Moneda Nacional Cuarta Serie, obligando así abusivamente al Estado Nacional y perjudicando de esa manera sus intereses”.

En base a ello, el juez Torres consideró que en el presente caso se encuentran reunidos los extremos previstos por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, determinando que se halla suficientemente acreditado en esta etapa procesal que las irregularidades probadas traslucen un actuar por parte de quien ejerciera el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación, teniendo ello un carácter perjudicial para los intereses del Estado Nacional.