El Estado Nacional ha diseñado un plan quinquenal con los objetivos y metas de las acciones de gobierno en la lucha contra la corrupción. Incluye, entre otras medidas, la implementación de lo que podría considerarse un programa de integridad del Estado Nacional.

El presidente Mauricio Macri aprobó el Decreto N° 258/2019, publicado en el Boletín Oficial el 11 de abril de 2019,  mediante el cual implementa el Plan Nacional Anticorrupción (2019-2023). Entre sus fundamentos, el Decreto destaca las obligaciones asumidas por la Argentina ante la comunidad internacional en el marco de la lucha contra la corrupción.

La respuesta del Poder Ejecutivo ante el mandato internacional fue el diseño e implementación de un plan integral que establece y describe los objetivos y metas de las acciones de gobierno en la lucha contra la corrupción en los próximos cinco años.

El plan contiene 260 iniciativas, de las cuales 172 son clasificadas en tres principales grupos de afinidad, a saber: (i) Iniciativas de Transparencia y Gobierno Abierto (ver: "Plan Nacional Anticorrupción: Iniciativas en materia de Transparencia y Gobierno Abierto"), (ii) Iniciativas de Integridad y Prevención (ver: "Plan Nacional Anticorrupción en materia de Prevención de Lavado de Activos"), y (iii) Iniciativas de Investigación y Sanción. Las 88 restantes están referidas a iniciativas sectoriales que incluyen a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidades relacionadas con deportes, empresas de propiedad estatal, industrias extractivas, salud, y tráfico de flora y fauna.

Entre los tres principales grupos de iniciativas podemos identificar algunas medidas que implementan diferentes elementos de lo que podría llamarse un programa de integridad o programa de compliance para el Estado Nacional.

En este sentido, en las iniciativas de Transparencia y Gobierno Abierto, se destacan el diseño de una cláusula anticorrupción para contratos públicos y encuestas de percepción de corrupción y de clima ético.

En las iniciativas de Integridad y Prevención, se pueden apreciar medidas enfocadas en la implementación de códigos de conducta en diversos organismos del Estado Nacional, la promulgación de políticas sobre conflictos de intereses, y diversas iniciativas enfocadas en actividades de identificación y mapeo de riesgos.

Las iniciativas de Investigación y Sanción incluyen medidas expresamente enfocadas en brindar nuevas herramientas legales para la lucha contra la corrupción y otras especialmente enfocadas en el recupero de los bienes involucrados en actos de corrupción. Entre otras, podemos destacar (i) modificaciones a la legislación penal de fondo; (ii) modificaciones a la legislación procesal penal; (iii) régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio; (iv) tratados internacionales enfocados en el recupero de activos; y (v) implementación de canales de denuncias y políticas de protección de denunciantes.

Cada una de las iniciativas ha sido asignada a una agencia del Estado y tiene un plazo establecido para su desarrollo. Conforme las disposiciones del Decreto, será el Consejo Asesor ad honorem el ente encargado de efectuar el seguimiento de la implementación de las iniciativas incorporadas al mencionado Plan. El Consejo Asesor deberá ser creado por la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme las disposiciones del artículo 2 del Decreto.

Por Pedro Serrano Espelta, Gustavo Luis Morales Oliver & Gonzalo Ezequiel Márquez Alonso de Bárcena