Llegó la causa "O., J. H. c/Estado Nacional Ministerio de Defensa Estado Mayor General de la Armada s/Daños y perjuicios" a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a los fines de resolver el conflicto de competencia suscitado entre la titular del Juzgado Nº4 del fuero y la titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº9. 

El actor promovió demanda contra el Estado Nacional - Armada Argentina - "por los daños ocasionados en [su] salud psicofísica […] por y en los actos del servicio que desempeñó bajo las órdenes de la demandada". 

Sostuvo que ingresó a la Armada en el año 1987 en perfectas condiciones de salud como aspirante a buzo de bote y buzo táctico; y que, con el pasar de los años "comenzó a padecer los primeros síntomas y secuelas por las tareas que se le exigieron". 

El actor denunció que sufrió diversos accidentes laborales, a lo que se sumó la pérdida gradual de su capacidad auditiva. Sumado a ello, manifestó que a partir del 2008 "también se comenzaron a producir persecuciones y presiones en su contra y que debió soportar hechos y situaciones de persecución, sobre exigencia, descalificaciones, destrato y presión psicológica y moral". 

Para los camaristas, la competencia del fuero quedaba determinada en razón de la índole de la pretensión. 

Específicamente, los magistrados señalaron que la indemnización por daños y perjuicios reclamada "se vincularía con hechos acontecidos durante la relación que unió a las partes; quedando, así, la cuestión regida de modo preponderante por principios y normas de derecho administrativo, como lo son las que informan el régimen particular de empleo de los miembros de las Fuerzas Armadas". 

El pasado 24 de febrero los Dres. Fernández y Greco declararon que la causa era de competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.