En un contexto donde la comunidad internacional está comprometida con la descarbonización y donde el hidrógeno verde ocupa un rol clave -como una fuente inagotable de energía limpia y sustentable-, Latinoamérica viene avanzando de manera significativa confirmando que el hidrógeno verde es un instrumento esencial para la segunda etapa de transición energética. Varios países cuentan ya con sus planes de hidrógeno, como es el caso de Uruguay, y otros están en vías de hacerlo. Es fundamental entonces conversar sobre el financiamiento de los proyectos de hidrógeno verde, y en particular la perspectiva y posición de las instituciones financieras para otorgar financiamiento a este tipo de proyectos.

Uno de los desafíos de la industria del hidrógeno verde es precisamente cómo hacer que los proyectos sean financiables por instituciones multilaterales e incluso bancos privados, considerando que dicha industria se encuentra en una etapa primaria de desarrollo. Y para cumplir con este desafío, se deberá también trabajar en simultáneo con los otros desafíos que tiene esta industria:

• Existencia de acuerdos de compra (offtake agreements) a largo plazo con contrapartes de buena reputación.
• Uso de tecnología desarrollada.
• Existencia de políticas y regulación bien definidas.

En la actualidad, los costos de producción de hidrógeno verde son elevados, con una tecnología comenzando a desarrollarse, un mercado offtake limitado y una regulación aún no aprobada. Todos ellos son riesgos que las multilaterales y bancos privados analizan a la hora de otorgar o no un financiamiento.  

Probablemente las instituciones que decidan financiar este tipo de proyectos, lo harán tomando una postura más conservadora que se refleje en: (i) mayores exigencias para acreditar la solvencia del deudor y sus promotores, (ii) la adopción de plazos de deuda más cortos en comparación con los proyectos de energías renovables más tradicionales, (iii) una regulación precisa y detallada de los eventos de amortización anticipada, (iv) la incorporación de más mecanismos de cash sweep[1], y (v) en el mantenimiento exigente de cuentas de reserva. Probablemente también fomenten offtake agreements en el formato de “take or pay”[2].

Creemos entonces que la declaración conjunta de ocho instituciones multilaterales[3], en el marco de la COP 28, viene a fomentar e impulsar el financiamiento de este tipo de proyectos[4]. El objetivo de dicha declaración es precisamente impulsar instrumentos financieros (por ejemplo, green bonds[5]) para el financiamiento soberano sostenible vinculado al clima y la naturaleza. Se anunció también la conformación de un equipo de trabajo que estará liderado por DFC y BID.

Precisamente esta última institución anunció un par de meses atrás, el plan piloto BID CLIMA[6] que consiste en una herramienta de financiamiento que recompensa a los países por alcanzar objetivos relacionados con la naturaleza y el clima. Se proporciona un descuento equivalente al 5% del monto principal del préstamo cuando se alcancen y verifiquen objetivos específicos de protección de la biodiversidad y medio ambiente. Inicialmente se financiarán diez proyectos piloto, por un total de US$1.000 millones. Uruguay se encuentra dentro de los primeros nueve países que participarán en el programa, junto con Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, República Dominicana, y Surinam[7].

Otra de las herramientas que fomentará el financiamiento de los proyectos de hidrógeno verde es el apoyo financiero que otorgue el propio gobierno, como es en el caso del proyecto piloto de hidrógeno verde donde el gobierno de Uruguay otorgó un aporte de USD 10 millones.

Finalmente, siendo el financiamiento uno de los desafíos clave para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, es fundamental que el resto de los desafíos (tecnología, regulación y mercado de compra) se desarrollen en simultaneo, dado que todos están vinculados.