Las empresas que se ocupan de distribuir garrafas se hayan muy preocupados y a la espera de que se levante la feria judicial, ya que pesa sobre ellas la amenaza de expropiación por parte de los gremios que nuclean su actividad, a favor de los trabajadores. Los sindicatos iniciaron una causa penal ante el incumplimiento de las fábricas de depositar una cuota sindical de $ 1.000 por trabajador, solicitando que se pague esa deuda o se obligue a las firmas a cerrar. El conflicto se inició a raíz de la resolución 1010/2009, firmada por la viceministra de Trabajo Noemí Rial, por la cual la Federación Argentina Sindical del Petróleo y el Gas Privado consiguió que las compañías del sector realizaran un aporte de $ 1.000 al sindicato por cada uno de los casi 30.000 empleados que representan. La finalidad de esos pagos era financiar la formación de los miembros del sindicato, sumándose a los conceptos que ya se pagan por medicamentos y de aporte extraordinario por convenio. Tanto las grandes compañías de la actividad como las distribuidoras fueron intimadas a efectuar esos pagos, ante lo cual interpusieron una acción de amparo con resultado adverso; debiendo así pagar las deudas, situación que cumplieron las primeras nombradas pero no las segundas, que fueron así denunciadas por incumplimiento ante la Justicia Penal. Fuentes del sindicato manifestaron que las distribuidoras deberán pagar su deuda o cerrar y luego ellos mismos verán como las hacen funcionar.