En el marco de una causa por el corralito financiero, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió anular una regulación de honorarios de los abogados que actuaron en la misma, ordenando la elevación de los montos fijados en tal concepto. En la causa “De Lara Jauregui Diego y Otros c/ PEN Ley 25561 DTOS 1570/01 214/02 s/ Amparo sobre Ley 25561”, los magistrados que integran la Sala III, decidieron hacer lugar a un recurso de apelación presentado  por dos abogados, debido a que no se había tenido en cuenta el monto del proceso para realizar el cálculo de los honorarios profesionales. Los camaristas sostuvieron que tratándose de un juicio de carácter patrimonial, la jueza actuante en primera instancia, no había tenido en cuenta el monto del proceso, tal como lo establecen las normas que regulan el arancel de los abogados y procuradores. Los magistrados resolvieron que correspondía elevar los honorarios de los apelantes, debido a que la magistrada “incurre en un supuesto típico de arbitrariedad, pues prescinde de la ley aplicable sin dar ningún motivo para ello (ni siquiera la potestad morigeradora que al juez excepcionalmente concede el artículo 13 de la ley nº 24.432) o la jurisprudencia de esta Sala orientada a señalar que en hipótesis como la presente y por las características singulares del proceso y de la relación jurídica que le dio origen, la consideración del monto impone una valoración prudencial, lo cual por cierto en absoluto puede ser utilizado para fundar sólo en apariencia una manifiesta disminución del valor económico pretendido y reconocido, como lo hace la decisión apelada”.