La Cámara Criminal y Correccional Federal autorizó a dos ONGs a tener acceso al expediente en el que se encuentran involucrados funcionarios públicos, debiendo contar para ello con el aval de los imputados en el proceso. Los jueces que integran la Sala I, en la causa "Banco de la Nación Argentina s/ estafa", permitieron a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y al Centro de Investigaciones y Prevención contra la Criminalidad Económica que pudieran monitorear una causa donde se investiga una estafa del Banco Nación. De esta manera, los camaristas dejaron sin efecto la decisión adoptada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, basando su decisión en la medida adoptada en la causa donde se investiga a la ex ministra de Economía Felisa Miceli. En la causa "Miceli, Felisa s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, los camaristas habían determinado que la mejor forma para superar el conflicto suscitado entre el principio de protección del individuo frente al Estado y el principio democrático de la publicidad, consistía en abrir al público el expediente, teniendo que contar para ello con el aval de la persona involucrada.