Jorge Luis Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, pertenecientes a la Cámara Federal, confirmaron el procesamiento de una escribana, tal y como lo había resuelto en primera instancia el juez Norberto Oyarbide.
La mujer se encuentra acusada de formar parte de una banda dedicada a suministrar documentación adulterada a inmigrantes y, de ese modo, facilitar la permanencia ilegal en Argentina.
El procesamiento corresponde al delito de “asociación ilícita”. Antes, Oyarbide había dictado una resolución sin prisión preventiva, la cual fue calificada por la defensa de la mujer como “infundada”.
De esta manera, la Sala Primera del Tribunal de la Cámara Federal analizó elementos tales como testimonios y escuchas telefónicas y entendió que la banda certificaba distintos documentos, que en un principio resultarían falsos, para ser presentados ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones.
Según fuentes judiciales, la mujer se encuentra acusada de "formar parte en calidad de miembro de una asociación ilícita, conformada por tres o más personas; dedicada a la realización de trámites de gestoría o certificación de distintos documentos para los que solicitarían y cobrarían dinero de distintas personas, muchas de ellas de origen extranjero, facilitando de este modo, la realización o celeridad de trámites referentes a documentos destinados a acreditar la identidad".
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