Dos decisiones judiciales recientes —una contra BNP Paribas y otra relacionada con JPMorgan Chase & Co. por su vínculo con Jeffrey Epstein— han reavivado el debate sobre la obligación de las corporaciones de respetar los derechos humanos.
El caso BNP Paribas: cuando la complicidad financiera se convierte en responsabilidad civil
En octubre de 2025, un jurado federal en Nueva York declaró responsable a BNP Paribas por haber brindado apoyo financiero al régimen de Omar al-Bashir en Sudán, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad en Darfur. Los tres demandantes —una mujer y dos hombres, ciudadanos estadounidenses desplazados a raíz del conflicto— recibieron indemnizaciones de entre US$ 6,7 y 7,3 millones cada uno. La demanda, presentada bajo el caso Kashef et al. v. BNP Paribas S.A., argumentó que el banco facilitó transacciones internacionales para el régimen sudanés entre 1997 y 2011, eludiendo sanciones estadounidenses y permitiendo el acceso de dicho régimen a los mercados financieros globales. El veredicto, basado en derecho suizo, confirma que una empresa puede ser parte de una cadena causal que posibilite violaciones de derechos humanos. Debe destacarse que los abogados de BNP Paribas han adelantado su decisión de apelar dicho veredicto.
JPMorgan Chase & Co. y Jeffrey Epstein: la debida diligencia en la mira
El caso JPMorgan Chase & Co. por su vínculo con Jeffrey Epstein reabrió el debate sobre las obligaciones de reporte y control interno en instituciones financieras de gran escala. Epstein fue cliente del banco entre 1998 y 2013, incluso después de su condena penal en 2008. Las demandas civiles sostuvieron que el banco ignoró deliberadamente señales de alerta sobre transacciones sospechosas, incluyendo múltiples retiros en efectivo con mucha frecuencia. En 2023, JPMorgan acordó pagar US$ 290 millones a las víctimas y US$ 75 millones al Gobierno de las Islas Vírgenes, sin admitir responsabilidad legal. El caso expuso fallas graves en la aplicación de la Bank Secrecy Act (BSA) y en los protocolos de anti-money laundering (AML) y know your customer (KYC).
Dos caminos, una misma advertencia
Ambos casos reflejan un mismo principio: el deber de respeto a los derechos humanos atraviesa toda actividad corporativa. Mientras BNP Paribas enfrenta la imputación de haber financiado indirectamente un genocidio, JPMorgan carga con la acusación de haber tolerado transacciones ligadas al tráfico de personas. Estos fallos consolidan un nuevo estándar de debida diligencia global: las empresas no solo deben evitar infringir derechos humanos, sino prevenir activamente su vulneración.
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