La iniciativa, que tiene como objetivo facilitar la llegada de inversiones, comenzó a tratarse en diciembre del pasado año por un pedido del director de YPF, Miguel Galuccio.
Se trata de un proyecto de ley que busca regular el negocio petrolero y restringir una parte sustancial del control que tienen las provincias sobre la actividad, como por ejemplo en el porcentaje de regalías percibidas.
De acuerdo al borrador de la iniciativa, las provincias podrían verse obligadas a organizar licitaciones para dar prioridad al compromiso de inversión de las empresas a la hora de adjudicar yacimientos.
Por otra parte, el proyecto contempla una extensión de los plazos de concesión para exploración y producción de recursos no convencionales y una mayor flexibilidad cambiaria.
Si los gobernadores dan el visto bueno durante una reunión en la quinta de Olivos, el Ejecutivo Nacional podría enviar durante el presente mes el proyecto al Congreso, el cual podría ser aprobado rápidamente.
Uno de los gobernadores más reticentes a la propuesta oficial es el neuquino Jorge Sapag, aunque según fuentes oficiales podría acompañar la iniciativa siempre y cuando la ley no regule hacia atrás y que se aclare en el texto que las provincias son dueñas de los recursos del subsuelo, tal como indica la Constitución Nacional.
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