El financiamiento de litigios ha demostrado ser una herramienta invaluable para impulsar acciones colectivas de gran envergadura contra empresas en Europa y en el mundo. En casos como el cártel de camiones, el escándalo del dieselgate y las reclamaciones de PPI en el Reino Unido, el financiamiento de litigios ha sido clave para superar los desafíos financieros y legales asociados con estos casos complejos. A través de esta forma de financiamiento, las partes afectadas, en su gran mayoría consumidores, han podido avanzar en la búsqueda de justicia y compensación.

El cártel de camiones

El cártel de camiones consistió en un acuerdo ilegal entre varios fabricantes de camiones en Europa para coordinar sus políticas comerciales y fijar precios en numerosos países de la Unión Europea. Los fabricantes de camiones involucrados en este cartel incluyeron a DAF, Daimler (Mercedes-Benz), Iveco, MAN, Scania y Volvo/Renault.

La colusión entre estos fabricantes de camiones tenía como objetivo restringir la competencia en el mercado. Entre otras acciones, los fabricantes evitaron competir y compartieron información comercial sensible, en violación de las leyes antimonopolio de la Unión Europea. Esta conducta ilegal tuvo un impacto significativo en el precio de compra de los camiones para los compradores quienes pagaron precios más altos debido al acuerdo entre los fabricantes.

La Comisión Europea, como autoridad encargada de hacer cumplir las leyes de competencia en la Unión Europea, investigó y sancionó en su decisión C-2016/4673 a los fabricantes de camiones involucrados en el cartel en virtud del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT.39824 – Camiones), y declaró la existencia de un cártel durante el periodo comprendido entre 1997 y 2011.

La Comisión impuso multas millonarias a las empresas infractoras por su participación en la colusión, pero estas multas no indemnizaron a los compradores ya que la Comisión se limitó a resolver que el cártel existió, pero no determinó cuales fueron las consecuencias inmediatas sobre el precio de compra para cada comprador.

Esto motivó una ola de reclamaciones por parte de los compradores de camiones afectados, quienes buscaron compensación por los daños sufridos debido a los precios inflados. El financiamiento de litigios ha sido crucial en apoyar estas reclamaciones masivas y permitir que los afectados busquen justicia y reparación, ya que permitió a los afectados agruparse, y sufragar los costos legales y periciales para probar ante la justicia cual fue el sobreprecio pagado al momento de comprar cada camión, y hacer frente a estas grandes empresas que sin dudas contaban con equipos legales y periciales de primer nivel.[1][2]

Las reclamaciones de PPI

El escándalo de PPI (Payment Protection Insurance, por sus siglas en inglés) se refiere a una controversia financiera que se originó en el Reino Unido y afectó a millones de consumidores. Un PPI es un seguro de protección de pagos diseñado para cubrir los pagos de préstamos, tarjetas de crédito u otros productos financieros en caso de enfermedad, desempleo u otras circunstancias que impidan al deudor cumplir con sus obligaciones.

El problema surgió cuando se descubrió que muchas instituciones financieras, como bancos y entidades crediticias, vendieron de manera inapropiada y engañosa los seguros de PPI a los consumidores. Estas ventas indebidas se llevaron a cabo incluso cuando los consumidores no eran elegibles para el seguro o no se les informaba adecuadamente sobre las exclusiones y limitaciones de cobertura.[3]

Como resultado, muchos consumidores pagaron primas por PPI que no necesitaban o no querían, lo que resultó en un daño financiero significativo para ellos.

Cuando los consumidores intentaron presentar reclamaciones por los beneficios del seguro, se encontraron con dificultades y rechazos injustificados por parte de las instituciones financieras. Como respuesta a esta situación, se estableció un proceso de reclamación para que los consumidores afectados presentaran quejas y buscaran compensación a través del Servicio de Resolución de Disputas Financieras del Reino Unido (Financial Ombudsman Service) e incluso recurrir a acciones legales ante la justicia.

En esta última instancia fue donde la financiación de litigios jugó un rol crucial al permitir que los consumidores afectados presentaran reclamaciones legales sin tener que preocuparse por los costos financieros asociados. [4] Al proporcionar fondos para cubrir los costos legales y ofrecer una mayor seguridad financiera, el financiamiento de litigios hizo posible que los afectados buscaran justicia y compensación de manera efectiva, contribuyendo así a la resolución y el cierre de este escándalo.

El dieselgate

Este caso se originó cuando se descubrió que varios fabricantes de automóviles, en particular el Grupo Volkswagen, habían manipulado los sistemas de control de emisiones en sus vehículos diésel para superar los límites legales.

El Tribunal Supremo de Alemania emitió recientemente una decisión trascendental con relación al escándalo del dieselgate en aquel país. En su decisión, el Tribunal Supremo de Alemania determinó que los propietarios de vehículos afectados por el dieselgate tienen derecho a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios a los fabricantes de automóviles. Esta decisión es especialmente relevante porque establece que los propietarios de vehículos diésel no solo tienen derecho a la reparación del vehículo o a una compensación por la pérdida de valor, sino también a una indemnización adicional por el daño moral sufrido.

El Tribunal Supremo consideró que los fabricantes de automóviles habían actuado de manera engañosa y deliberada al manipular los sistemas de emisiones, lo que resultó en un daño para los propietarios de los vehículos, así como para el medio ambiente. Además, se destacó que los propietarios de vehículos afectados habían sufrido una pérdida de confianza en los fabricantes y una disminución del valor de sus vehículos debido al escándalo.

Esta decisión del Tribunal Supremo de Alemania ha sentado un precedente importante y se espera que tenga implicaciones significativas para miles de propietarios de vehículos afectados por el dieselgate ya que abre la puerta para que los propietarios presenten reclamaciones y busquen una compensación adecuada por los daños sufridos, tanto económicos como morales, en aquel país.

Además, esta decisión también ha fortalecido la postura de los consumidores y ha enviado un mensaje claro a la industria automotriz de que las prácticas engañosas y las violaciones de las normas medioambientales no serán toleradas.

En el escándalo del dieselgate, el financiamiento de litigios ha sido instrumental para respaldar las demandas de los propietarios de vehículos afectados en Alemania y otras partes del mundo como en el Reino Unido[5]. Los fondos proporcionados han permitido a los demandantes luchar contra los fabricantes de automóviles y buscar compensación por el engaño y el daño ambiental causado por la manipulación de las emisiones de los vehículos.

Conclusiones:

El financiamiento de litigios ha demostrado ser una herramienta esencial para financiar acciones colectivas de gran envergadura contra empresas en Europa y en el mundo, de modo directo a los consumidores, o indirecto, proveyendo financiación a despachos de abogados que pactan honorarios a éxito con sus clientes.

Actualmente, el financiamiento de litigios está jugando un papel importante en varias demandas, por ejemplo, contra MasterCard y Visa en el Reino Unido. [6]  En este caso, los consumidores alegan que las compañías cobraron tarifas excesivas y violaron las leyes de competencia, buscando una compensación por los daños sufridos. El financiamiento de litigios ha permitido a los demandantes avanzar en estos casos complejos sin preocuparse por los costos asociados y ha fortalecido su posición legal. En Australia, por ejemplo, se inició una acción colectiva de accionistas contra el Commonwealth Bank of Australia en relación con una presunta falta de información adecuada a los accionistas sobre su incumplimiento de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.[7]

Los ejemplos son muchos, pero el punto es que el respaldo financiero proporcionado por los fondos de litigios ha nivelado el campo de juego contra las grandes empresas y ha permitido a los demandantes, en su mayoría consumidores, buscar justicia y compensación, sin tener que preocuparse por devolver el dinero al financiador, que recuperará su inversión únicamente si el caso es exitoso.

Estos casos emblemáticos resaltan el impacto positivo del financiamiento de litigios al brindar acceso a la justicia a aquellos que, de otra manera, podrían no haber tenido los recursos para enfrentar a grandes corporaciones. Como resultado, se promueve la rendición de cuentas (accountability) y se crea un ambiente legal más equitativo. Con el crecimiento continuo de la industria de financiamiento de litigios, se espera que esta herramienta siga desempeñando un papel crucial en la promoción de la justicia y el empoderamiento de los demandantes en Europa y porque no más allá. Me pregunto si en base a estas experiencias, ¿vendrá una nueva etapa para el continente sudamericano?