La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió declarar la invalidez de la resolución 254 que el Consejo de la Magistratura había dictado en 2010, por medio de la cual rehabilitaba la posibilidad de la afiliación y la actuación política de cualquier funcionario judicial.

De esta manera, el Máximo Tribunal  ratifico la vigencia del Reglamento para la Justicia Nacional que prohíbe a los jueces y funcionarios tener actividad política, y sólo lo permite para los empleados.

La Corte remarcó la incompatibilidad con la afiliación a partidos o agrupaciones políticas, sin discriminar entre la jerarquía de los funcionarios o de la índole de su trabajo, con la excepción de los empleados.

La medida adoptada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda sostuvo que “las disposiciones reglamentarias de la naturaleza en cuestión constituyen facultades inherentes de la Corte Suprema”.