Una empresa de la provincia de Buenos Aires se opone a pagar una deuda por Ingresos Brutos que la Dirección General de Rentas (DGR) determinó de oficio y cuya suma asciende a 1.146.044,13 pesos.

Ahora la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar su competencia en la acción declarativa de inconstitucionalidad planteada por la firma y, además, cita jurisprudencia de otros casos, como el de la firma Mastellone en 2009.

La Procuraduría General había considerado que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia en la causa “al ser parte una provincia en una causa de manifiesto contenido federal”.

Akapol S.A., dueña de marcas como Poxipol y La Gotita, entre otras, y con su fábrica y sede administrativa en Buenos Aires, solicitó la inconstitucionalidad de determinados artículos del Código Tributario provincial y de ciertas leyes que violan, según su criterio, la Constitución.

En 2004, Córdoba declaró exenta de Ingresos Brutos a las actividades industriales cuya “la explotación, establecimiento productivo o la obra se encuentren dentro de la jurisdicción”.

La industria volvió a pagar el tributo cuatro años después, aunque se determinó un umbral de facturación para dejar fuera de la órbita del impuesto a pequeñas y medianas industrias. También se dispuso una alícuota diferenciada para las compañías alcanzadas por el gravamen. La línea de división se encontraba en la radicación o no dentro de la provincia.

Akapol optó por declararse exenta del pago o tributar una alícuota más baja, pero DGR realizó una determinación de oficio por considerar la existencia de deuda mayor a cinco años y superior al millón de pesos.