Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de presentarse, a partir del lunes, ante la Justicia porteña para dar detalle acerca del conflicto que afectó la recolección de residuos.
Celsa Ramírez, la fiscal subrogante en lo Penal, Contravencional y de Faltas, podría citar en primer lugar al ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y a funcionarios vinculados al servicio de higiene urbana.
De esta manera, los involucrados deberán ampliar la información necesaria para la presentación de una causa por infracción al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe recordar que la violación al artículo 54 castiga con una multa y hasta 30 días de arresto a quien “coloca o arroja sustancias insalubres o capaces de producir daño en lugares públicos o privados de acceso público”.
Por su parte, la infracción al artículo 69 sanciona a “quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos”.
La Justicia porteña deberá determinar si corresponde aplicar la sanción a cualquiera de las normativas mencionadas. Si la fiscal encuentra razones suficientes solicitaría el llamado a declaración indagatoria a los supuestos responsables de las contravenciones, a las autoridades del CEAMSE y a los representantes gremiales.
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