En el día de hoy tendrá lugar la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Peticiones y Reglamento de la Cámara Baja, en la que la oposición buscará alcanzar un acuerdo definitivo para poder firmar un dictamen del proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

El plenario de comisiones que se llevará a cabo a partir de las 16.30 en la Sala I del anexo de Diputados, busca firmar el dictamen de mayoría, por lo que en caso de que así suceda la iniciativa opositora quedaría lista para llegar al recinto de la Cámara Baja la próxima sesión ordinaria, que podría ser el mismo miércoles.

La firma del dictamen se produciría luego del principio de acuerdo alcanzado la semana pasada por la oposición con el interbloque de centro izquierda, liderado por Fernando “Pino” Solanas, señalando la diputada de Proyecto Sur, Alcira Argumedo, que su sector aceptó negociar con el resto de la oposición (conformado por la UCR, el PRO, el Peronismo Federal y la Coalición Cívica), cuando accedieron a reducir las facultades del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del Consejo de la Magistratura.

La diputada sostuvo que entre las propuestas planteadas para modificar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura presentado por la oposición, se destaca la de que el presidente de la Corte Suprema pueda presidir el Consejo pero con limitaciones, con un voto de desempate pero sin manejo de fondos, a la vez que resaltó como segundo factor de acuerdo, que el organismo no esté compuesto sólo por gente del derecho, destacando la importancia de los factores sociales y culturales en la aplicación de las leyes.

En caso de aprobarse el proyecto de reforma, el nuevo Consejo de la Magistratura estaría conformado por cuatro jueces, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seis legisladores, de los cuales serán tres senadores y tres diputados de las tres primeras minorías, cuatro abogados, tres académicos, dos abogados y uno de las ciencias sociales y humanidades, y un representante del Poder Ejecutivo, el que no tendrá derecho a voto en el proceso de selección y de remoción.