1. Desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia para participar de forma equitativa e inclusiva en el sistema democrático a través de espacios digitales

Según el Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (2024) la población del Estado Plurinacional de Bolivia ha llegado a los 11.312.620 habitantes  el año 2024. Si bien todavía no se cuenta con resultados más procesados y específicos como ser los datos de la población indígena del país en la actualidad, en el último Censo Nacional de 2012, se definió que el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años era de origen indígena.

En este contexto poblacional, la participación política de los pueblos indígenas en Bolivia se ha visto inducida a tener una evolución sin precedente y una gran importancia en el marco jurídico boliviano, el cual, a través de diversas reformas, ha promovido la inclusión, la igualdad y la representación política de los miembros de los grupos originarios.

Específicamente, el artículo primero de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia del 2009 (CPE), señala:

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

La diversidad cultural y el pluralismo jurídico, en el reconocimiento de la diferentes culturas y etnias, que componen a un Estado y pueblo milenario, permitiendo advertir sobre la construcción de un modelo democrático acorde a la realidad étnica y respeto a toda clase de minorías.

En efecto, el presente trabajo aborda un aspecto muy novedoso contemplado en la nueva CPE, que hace referencia a la participación que tienen los indígenas en los órganos estatales y en la decisiones que impactan su bienestar colectivo.  En base al estudio “Participación política indígena y políticas públicas para pueblos indígenas en América Latina”  dirigido por la fundación Konrad Adenauer Stiftung (2021), existe un avance importante en Bolivia en relación a la  participación de los indígenas en la política boliviana a partir del reconocimiento de sus derechos y la transformación de sus instituciones, que permitieron estructurar una agenda que cambió el rumbo de la política boliviana.

Los cambios a la CPE abrieron el escenario para la aprobación de otras leyes que aportan en la perspectiva del afianzamiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. En efecto, la Ley de Participación Popular dió representación a las comunidades campesinas e indígenas en la definición de sus prioridades de desarrollo y la administración de los recursos asignados para tal fin a los municipios, muchos de los cuáles pasaron a tener autoridades indígenas, iniciando así una era para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades, sin antecedentes en la historia del país.

A pesar de todos los hitos logrados en materia de participación indígena en todos los espacios de la sociedad, lo cierto es que aún está planteada la discusión sobre los impactos de la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el perfeccionamiento y progreso de las democracias.

Bernal y Murillo (2012) han destacado las ventajas de las nuevas tecnologías para superar las barreras territoriales propias de los pueblos indígenas, y a su vez han subrayado los desafíos que las caracterizan, como ser el carácter excluyente de las mismas, debido a las brechas digitales que existen tanto en el acceso como en el uso de estas herramientas por parte de la población indígena.

Sin embargo, la brecha digital no es el único obstáculo para la participación social intercultural en el país. Un aspecto crucial es que la disminución de la brecha digital y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación trascienden el mero acceso a estas tecnologías; según un estudio realizado por los investigadores Puig et al. (2022) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se trata de la habilidad de las personas para utilizarlas de manera eficaz en diversos ámbitos de sus vidas, mejor llamada “alfabetización digital”.

Cuando las personas no solo tienen acceso a las tecnologías, sino que también poseen las competencias necesarias para utilizarlas de manera efectiva en su vida diaria, se genera la apropiación social. Esto significa que las TIC se integran en sus rutinas y actividades cotidianas, con el propósito de mejorar su desarrollo social, económico y cultural. Puig et al. (2022) indican que, de acuerdo al Índice de Desarrollo de la Banda Ancha (IDBA), el nivel de desarrollo de las habilidades digitales entre la población activa de Bolivia es un 10% inferior al de América Latina.

Por lo tanto, los desafíos para el uso de las nuevas tecnologías en la participación ciudadana indígena en Bolivia son varios y requieren un enfoque integral. A pesar de los avances en la infraestructura tecnológica y el creciente acceso a dispositivos y conectividad, persisten importantes brechas digitales que afectan de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. Estas brechas no se limitan solo al acceso, sino que también incluyen la alfabetización digital, mejor entendida como la capacidad de utilizar estas tecnologías de manera efectiva y significativa.

La apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación, es un aspecto crucial para mejorar el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades indígenas. Sin embargo, esto exige un esfuerzo continuo en la educación y capacitación para asegurar que las personas no solo tengan acceso a la tecnología, sino que también adquieran las habilidades necesarias para integrarlas en sus rutinas y actividades diarias, pero además sepan usarlas con cautela.

Según el estudio “Datos Redes Sociales Bolivia 2024” llevado a cabo por Coolosa Comunicaciones, existe una fuerte adhesión de la población en general a las redes sociales y aplicaciones de mensajería privada y de grupo, éste fenómeno ha aumentado la preocupación por la protección de los datos personales de los ciudadanos, sobre todo en poblaciones especialmente vulnerables como son los pueblos indígenas originario campesinos. Considerando que no existe una regulación que proteja los datos personales, las poblaciones indígenas generalmente no tienen una verdadera soberanía de datos, es decir no logran controlar, gestionar y utilizar sus propios datos para tomar decisiones informadas y empoderarse para enfrentar los desafíos que se presentan.

Específicamente, en el contexto democrático electoral, el cumplimiento de las normas de protección de datos es esencial no sólo desde un punto de vista individual, sino para proteger la integridad de las elecciones y el ejercicio de la democracia. El uso de las plataformas durante procesos electorales resulta sumamente peligroso, cuando caemos en cuenta que Bolivia aún no dispone de una Ley General de Protección de Datos Personales. Sin embargo, cabe señalar que la legislación boliviana establece un amplio derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones personales. Asimismo, diversos sectores han implementado legislación específica que establece parámetros de este derecho constitucional, que es aplicado por el regulador específico del sector. Las violaciones del derecho a la intimidad pueden ser objeto de recursos constitucionales, civiles y penales.

Actualmente existen dos proyectos de ley sobre datos personales. El primero es el proyecto de ley No. 405-2018, que fue presentado por un diputado el 30 de noviembre de 2018. El segundo fue presentado el 10 de mayo de 2019, ante la Asamblea Nacional Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. Los miembros de la Fundación Internet Bolivia, junto con la participación de ciudadanos de diferentes regiones del país, son los principales promotores de este proyecto. Sin embargo, aún no existe respuesta por parte de la Asamblea Legislativa de Bolivia respecto a ambos proyectos. Además, está en elaboración un anteproyecto de parte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC).

Es necesario traer a colación a la presente investigación, el tema de la desinformación al representar una de las mayores amenazas a la participación política de los pueblos indígenas en espacios digitales. Al propagar información falsa o engañosa, se busca manipular la opinión pública, polarizar a las comunidades y socavar la confianza en las instituciones.

Los procesos electorales en un sistema democrático están basados en la capacidad de que la ciudadanía pueda decidir su voto a partir de decisiones informadas. Sin conocimiento certero, tanto el voto, como la opinión pública, pueden ser influenciados por premisas falsas: la desinformación. En un contexto electoral, la desinformación en redes sociales busca lograr dos objetivos: desacreditar a determinados candidatos oponentes y minar la confianza en el proceso electoral y sus administradores (Centro Carter, 2021).

Hubo declaraciones por parte del Gobierno de Evo Morales, en específico de parte del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, de que ya se contaba con un borrador de proyecto de ley que buscaba regular las redes sociales incluyendo la creación de 3 nuevos tipos penales (Derechos Digitales, 2016): 

1. La violación de datos personales. 

2. La afectación a la honra en las redes sociales. 

3. La creación de cuentas falsas con el fin de capturar datos para cometer delitos. 

Asimismo, determinaba la prohibición del anonimato y la creación de un Consejo Nacional para el Control de las Redes. Sin embargo, esta propuesta no ha sido socializada a la fecha.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado por regular las plataformas digitales en procesos electorales, la regulación de la desinformación es algo muy complejo de materializar en razón de su alcance y operabilidad extraterritorial, sumado a la rapidez con la que avanzan las mismas.

2. Oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para promover la participación ciudadana de los pueblos indígenas en el sistema democrático boliviano de forma equitativa e inclusiva

El autor Arterton (1987) visualiza la tecnología y su influencia sobre la Democracia como una forma de (1) mitigar la crisis de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas; y (2) establecer una relación más fluida entre los políticos y los ciudadanos superando los filtros de la burocracia y de las instituciones. 

Al respecto de lo que señalaba el autor Arterton, en la actualidad, se necesita colocar a la ciudadanía en un papel más protagónico y no simplemente en el de delegar acciones y decisiones sobre quienes gobiernen. Cuando la ciudadanía se involucra activamente en abordar problemas que afectan a la comunidad, se desencadenan procesos de cambio profundo que van más allá de la simple resolución de problemas. Se fortalecen las relaciones sociales, se replantean las estructuras de poder y se construye un sentido de pertenencia que legitima las decisiones políticas y reduce las desigualdades.

Históricamente, los medios de comunicación masivos han actuado como intermediarios entre los ciudadanos y los gobernantes, limitando la participación ciudadana a un rol pasivo. Esta dinámica ha colonizado la esfera pública, restringiendo la rendición de cuentas y la toma de decisiones a lo que los medios decidan difundir. Sin embargo, el surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha abierto nuevas vías para la participación ciudadana, permitiendo una comunicación más directa y facilitando la discusión de ideas y propuestas.

En efecto, es posible afirmar que las redes sociales han democratizado la producción y el consumo de información, poniendo fin al monopolio informativo que antes detentaban los medios tradicionales. Esta democratización ha permitido que una mayor diversidad de voces sea escuchada y ha fomentado una participación ciudadana más activa, plural y crítica.

La creciente presencia de usuarios en redes sociales y el tiempo que dedican a ellas representan un potencial enorme para la participación política. Estos espacios digitales, que antes eran vistos como exclusivos, ahora son un puente directo entre ciudadanos y candidatos, especialmente como vimos en las elecciones bolivianas de 2020, donde las redes sociales superaron a las plazas públicas como el principal escenario de debate y movilización política.

Asimismo, la tecnología ha desempeñado y sigue desempeñando un papel transformador en la sociedad. Las herramientas tecnológicas han promovido la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Plataformas de gobierno electrónico, aplicaciones móviles y herramientas en línea, proporcionan a los ciudadanos acceso inmediato a información relevante y la capacidad de supervisar las acciones de las autoridades.

Los ciudadanos ahora tienen la capacidad de participar en debates en línea, compartir información y colaborar en proyectos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Las redes sociales, las aplicaciones móviles, las plataformas de votación en línea, los mapas digitales y las plataformas de crowdsourcing son algunas de las herramientas disponibles para que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones y solucionen problemas en sus comunidades.

Las herramientas digitales, como WhatsApp, Facebook o Telegram, facilitan la coordinación de actividades entre miembros de comunidades dispersas, ayudando a organizar reuniones, movilizaciones y campañas de manera más eficiente. Esto es especialmente importante en un país como Bolivia, donde muchas comunidades indígenas están ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso. Las tecnologías digitales eliminan las barreras de distancia y tiempo, permitiendo que los pueblos indígenas se organicen en torno a causas comunes de forma rápida y efectiva.

El uso de redes sociales y otras plataformas digitales también permite que las comunidades indígenas denuncien abusos de derechos humanos, violaciones territoriales y actos de discriminación de manera rápida y directa. Al publicar videos, fotos y testimonios en tiempo real, los pueblos indígenas pueden visibilizar las injusticias que sufren, logrando que estos casos tengan una mayor repercusión mediática y política. Estas herramientas han sido esenciales para generar solidaridad y apoyo desde otros sectores de la sociedad civil, tal es el caso de los recientes incendios acaecidos sobre comunidades indígenas de la amazonia boliviana, generando daños irreparables sobre las zonas afectadas.

3. Efectividad y alcance de las iniciativas que buscan fomentar la participación ciudadana de los pueblos indígenas en el sistema democrático boliviano por medio de espacios digitales

Internet por medio de las redes sociales, facilita la promoción de distintas causas de interés público, entre varias otras funciones. Con el auge de las conexiones a Internet durante las últimas dos décadas, muchos usuarios de forma individual y colectiva han alcanzado por medio de acciones en espacios virtuales, cambiar decisiones políticas, proponer normativas y ejercer presión para su aprobación, aparte de incluir temas en la agenda política.

La participación social sirviéndose de herramientas tecnológicas no es un fenómeno que se ha dado solamente en Bolivia, en el mundo se han presenciado revueltas sociales que se sirvieron de plataformas digitales, como ser la primavera árabe, los Indignados de España, Passe Livre y otras reivindicaciones sociales que reclamaban cambios de regímenes políticos, mejoras en ejercicio de derechos y respeto a la dignidad humana (Castells en Quiroz, 2016).

Varios autores son escépticos sobre el papel democratizador, promotor de la pluralidad e inclusión que se le atribuye a Internet. Esta perspectiva, conocida como "ciberpesimismo", abarca diversas dimensiones. La periodista especializada en Internet y medios digitales, Marilin Gonzalo (2014), trae a colación al reconocido investigador que estudia las implicaciones políticas y sociales de la tecnología, Evgeny Morozov, opositor de los ciberoptimistas quienes sostienen que, si das dispositivos y conectividad a las personas, la democracia surgirá inevitablemente.

Morozov, en vez, defiende que los métodos de control siguen reproduciéndose incluso en el espacio del Internet, porque los gobiernos totalitarios han aprendido a manejar el ciberespacio. Sumado a esto, un aspecto exclusivo del Internet es la brecha digital, sosteniendo que a pesar que el Internet está en constante crecimiento, el 90% de no-conectados pertenece a países pobres o en desarrollo, y, por ende, a poblaciones indígenas alejadas. 

Frente a las corrientes de ciberoptimistas y ciberpesimistas, surge la pregunta sobre las posibilidades reales de Internet para apoyar ideales democratizadores e inclusivos en la participación política en Bolivia. ¿Será Internet un espacio que favorezca la democratización o que restrinja la deliberación pública y la acción ciudadana?

No existen estudios que analicen el impacto del Internet en la democracia boliviana, y más específicamente la relación entre los espacios digitales y la participación social y política de los pueblos indígenas originarios campesinos.

Instituciones públicas como ser la AGETIC, han implementado iniciativas para promover el gobierno electrónico. Específicamente, AGETIC, tiene por mandato desde el 2015, trabajar en el marco del gobierno electrónico y generar políticas integrales con los diferentes órganos del Estado, incluido el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Una de las innovaciones del mandato que tiene esta institución pública, de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 2514, es la creación del Consejo para las Tecnologías de Información y Comunicación del Estado Plurinacional de Bolivia (CTIC- EPB), siendo una de sus consignas generar propuesta normativa y propuestas de política pública relacionadas con programas o proyectos relacionadas a Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información. Por otro lado, el coordinar espacios con organizaciones de la sociedad civil para llevar adelante lineamientos estratégicos en la materia y proponer estándares abiertos oficiales por parte del Estado.

Esto, en el marco de cumplir las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI (2021- 2025)) del OEP, dentro de las cuales se encuentra la AEI 2: Promover la democracia intercultural para el ejercicio de los derechos políticos y el fortalecimiento de la cultura democrática en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Es cierto que, el Internet, específicamente las redes sociales, actualmente son un campo de lucha política, donde se deliberan asuntos públicos, políticos y decisiones de gobierno (Quiroz y Machaca, 2020), un espacio donde la población se apodera y debate desde sus necesidades e inquietudes sobre las temáticas actuales.

Los partidos políticos, las autoridades de gobierno o las figuras políticas no han sido los promotores para promover el uso de los espacios digitales para fines públicos y políticos; dicha iniciativa en todo caso se inició desde la sociedad civil por medio de campañas y manifestaciones. Según la autora Quiroz (2016) la deliberación y participación de los bolivianos en espacios digitales, se inicia con las jornadas de Software Libre de 2008, donde los usuarios por medio de una comunidad virtual, presentaron a autoridades públicas problemáticas y propuestas acerca del uso de software libre en entidades estatales.

Posteriormente se constituyó el grupo Más y Mejor Internet para Bolivia, desde el 2010; y con relación directa al tema de interés del presente trabajo, se dió la masiva organización de la recepción en La Paz a la VIII Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS por la Vida y Territorio, el 19 de octubre de 2011.

Estos fenómenos se constituyen en expresiones de participación en el espacio virtual por demanda ciudadana. Sin embargo, la autora Quiroz (2016) confirma que, a partir del año 2011 y del conflicto del TIPNIS, algunos actores políticos que daban sus primeros pasos en estos ámbitos de deliberación virtual lograron colocar en la agenda mediática algunos acontecimientos de las redes sociales.

La campaña del referéndum constitucional de 2016 fue el evento que llevó las redes sociales al epicentro de la lucha política en Bolivia, y en ese periodo se experimentó por primera vez un proceso masivo de participación ciudadana de manera digital, pero también de desinformación a través de plataformas digitales en el país, aunque durante ese tiempo aún no se le dio ese nombre.

De la revisión de las políticas públicas y las iniciativas de participación social y política de los pueblos indígenas en medios digitales en Bolivia, se evidencia una notable ausencia de programas específicos destinados a fomentar la participación social y política de los pueblos indígenas a través de los espacios digitales. Esta carencia se traduce en una oportunidad perdida para aprovechar el potencial de las TIC en la construcción de una democracia más inclusiva y participativa.

Es urgente diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades indígenas, así como la creación de plataformas digitales seguras y accesibles para la deliberación y la toma de decisiones colectivas. Asimismo, es fundamental fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas para utilizar estas herramientas de manera crítica y efectiva.

Panorma Internacional

A nivel mundial, diversos países han implementado iniciativas de participación ciudadana mediante el uso de herramientas digitales con resultados notables, México, es un excelente ejemplo para el presente trabajo considerando su cercanía socio cultural con Bolivia. La iniciativa mexicana de desarrollar aplicaciones móviles para facilitar la interacción ciudadana con el gobierno representa un paso importante hacia una gobernanza más abierta, plural y participativa. Este enfoque busca aprovechar las ventajas de la tecnología móvil para acercar los servicios públicos a la población y fomentar una mayor transparencia y rendición de cuentas.

La gama de aplicaciones móviles desarrolladas en México es amplia y cubre diversas áreas:

- Gob.mx: El portal oficial del Gobierno de México ofrece diversas herramientas para la participación ciudadana, como la presentación de denuncias, solicitudes de información y la consulta de presupuestos.

- Plataforma Nacional de Transparencia: Esta plataforma centraliza la información pública de las entidades federativas y los municipios, permitiendo a los ciudadanos realizar búsquedas y acceder a datos abiertos.

- Participa.gob.mx: Esta plataforma busca fomentar la participación ciudadana en la definición de políticas públicas a través de consultas y encuestas en línea.

Conclusiones

Las tecnologías digitales tienen el potencial de transformar la participación ciudadana de los pueblos indígenas en Bolivia, proporcionando nuevas vías para la comunicación, la organización, y la expresión de sus voces en el sistema democrático.

Sin embargo, para aprovechar plenamente estas oportunidades, es esencial abordar  los desafíos estructurales y sistémicos que enfrentan los pueblos indígenas en Bolivia para ejercer su derecho a la participación política a través de los espacios digitales. A pesar del potencial transformador de las TIC, la brecha digital, la limitada alfabetización digital, la falta de soberanía sobre los datos y la desinformación, han obstaculizado significativamente este proceso.

La brecha digital se presenta como un obstáculo fundamental, limitando el acceso de las comunidades indígenas a Internet y a dispositivos tecnológicos. Esto inhibe su capacidad para informarse, organizarse y participar en debates públicos en línea. Asimismo, la baja alfabetización digital dificulta la comprensión y el uso crítico de las herramientas digitales, lo que los vuelve vulnerables a la manipulación y la desinformación.

La falta de soberanía de los datos es otro desafío crucial. Los pueblos indígenas carecen de control sobre la recolección, almacenamiento y uso de sus datos, lo que los expone a riesgos de vigilancia, discriminación y explotación. Además, la desinformación y la propagación de discursos de odio en los espacios digitales socavan la confianza en las instituciones y dificultan la construcción de consensos.

En efecto, para garantizar una participación política efectiva de los pueblos indígenas en los espacios digitales, es necesario adoptar medidas urgentes y transformadoras. Estas medidas deben incluir la reducción de la brecha digital mediante la expansión de la infraestructura tecnológica y la provisión de acceso gratuito a Internet en las comunidades indígenas. Asimismo, es fundamental promover la alfabetización digital y el desarrollo de contenidos digitales en lenguas indígenas. Además, es imperativo garantizar la soberanía de los datos de los pueblos indígenas y fortalecer los mecanismos de verificación de información para combatir la desinformación.

Con relación a las oportunidades identificadas en el presente trabajo, es importante señalar que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta poderosa para promover la participación democrática y el empoderamiento de los pueblos indígenas en Bolivia, facilitando y fortaleciendo el ejercicio de sus derechos.

Las tecnologías digitales ofrecen un potencial transformador para los pueblos indígenas de Bolivia, permitiéndoles superar las barreras geográficas y culturales que históricamente han limitado su participación política. A través de plataformas digitales, los pueblos indígenas pueden preservar y difundir sus lenguas, conocimientos tradicionales y cosmovisiones. Además, pueden organizarse de manera más efectiva para defender sus derechos y participar en procesos de consulta previa, libre e informada. Las tecnologías móviles, por ejemplo, facilitan la comunicación entre comunidades dispersas geográficamente, fortaleciendo sus redes sociales y capacidades de autogestión.

A diferencia de otros países de la región, como México, Bolivia ha mostrado un avance limitado en la implementación de iniciativas públicas y/o privadas, para fomentar la participación ciudadana de los pueblos indígenas. Según un informe lanzando por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes el 2021, solo el 50% de los pueblos indígenas en Bolivia cuenta con acceso a internet, lo que limita significativamente su capacidad para participar en procesos de toma de decisiones a nivel nacional.

Por último, a criterio del autor las TIC para los pueblos indígenas representan un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una poderosa herramienta para defender sus derechos y fortalecer sus comunidades. Sin embargo, también pueden profundizar las desigualdades existentes si no se abordan las brechas digitales y los problemas actuales que han sido desarrollados a lo largo del presente trabajo. Para que las TIC sean un verdadero aliado, es necesario un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para garantizar un acceso equitativo y el desarrollo de contenidos relevantes para estos pueblos.

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Normativa

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• Gaceta Oficial de Bolivia. Ley de Participación y Control Social, de 21 de febrero de 2013.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidas, 1966.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Naciones Unidas, 1966.