En la última semana, el Congreso Nacional avanzó con el tratamiento de algunos de los proyectos de ley claves del año legislativo que afectarán al mundo empresario. Por un lado, se aprobó en comisión de Diputados una iniciativa para reducir la jornada semanal de trabajo mientras que los gerentes de la minera Vale, acompañados por su abogado, confirmaron en el Congreso que el proyecto Río Colorado está en proceso de venta aunque anticiparon que asumirán los costos legales. En tanto, los senadores ya dejaron listo para debatir en el recinto tres de las propuestas más polémicas del paquete de reforma de la justicia: la elección popular de los consejeros de la Magistratura; la creación de tres Cámaras de Casación y una nueva regulación para las medidas cautelares.

Impacto en agenda de negocios:

Con una nutrida convocatoria, que incluyó a más de 40 diputados y senadores, la comisión de Minería, Energía y Combustibles se convirtió en el escenario para el debate entre los representantes de la empresa Vale, patrocinados por el abogado Adolfo Durañona del estudio Backer & McKenzie, y ejecutivos de la provincia de Mendoza, encabezados por el gobernador, Francisco Pérez. El puntapié inicial lo dio la empresa que, a través de su representante legal, aseguró que se "propusieron varias alternativas, ninguna aceptada por las autoridades argentinas”.

“¿Qué entendemos por suspensión del proyecto? Que está interrumpido, no va a continuar. La empresa está buscando un comprador. Queremos mantener los activos, se va indemnizar como corresponde a los 400 empleados directos, y se va a cumplir con los contratistas”, aclaró Durañona.

En el trascurso de la misma reunión, "Paco" Pérez y el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se alternaron para lanzar duras acusaciones sobre la empresa. Hizo lo propio el presidente de la Cámara Argentina de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer. "La empresa dice que propuso alternativas, digámoslas claramente: solicitaron diferimientos de IVA, pagar impuestos con bonos de deuda argentinos según su valor nominal, la suspensión de los derechos de exportación y un tipo de cambio diferencial, un dólar Vale”, argumentó el gobernador mendocino. A su vez, el representante de los proveedores acusó: "Llegamos a la conclusión de que se trata de una gran maniobra, y vamos a interponer una denuncia por estafa".

También expuso, durante la jornada, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. Entre sus argumentos más salientes, sostuvo que "la empresa incumple la Ley de Empleo 24.013" y reiteró que  el Gobierno nacional  "va a poner por encima de todo la defensa del empleo del país.”

Por su parte, en materia laboral, los diputados de la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, presididos por el laboralista del FPV Héctor Recalde, aprobaron el proyecto de ley que reduce la jornada semanal de trabajo. Establece dos reformas que modifican la Ley de Jornada de Trabajo eliminando excepciones a la limitación de la jornada máxima de ocho horas diarias o 45 semanales a los trabajos agrícolas, ganaderos y a los del servicio doméstico y, por otro lado, reducen de 48 a 45 horas semanales la jornada máxima extendible para menores de 16.

Novedades a la Reforma Judicial:

Contrariamente a lo que había anticipado el senador kirchnerista Aníbal Fernández, sí hubo correcciones en el texto original enviado por el Ejecutivo. Aunque la esencia se mantiene: los miembros del órgano que designa y promueve la destitución de jueces serán elegidos por el voto popular en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los integrantes del Consejo de la Magistratura pasarán 13 a 19. Con esa conformación, serán tres jueces, tres abogados –se les suma uno-, y se añadirán cinco académicos más al único que hay hoy.

Además, se comenzó a debatir la semana última la creación de las tres Cámaras de Casación que podrán tener un efecto en la prolongación del tiempo promedio del trámite judicial. El texto consiguió despacho —aval de todas las comisiones involucradas en su estudio— para pasar a ser debatido en el plenario, de momento, sin modificaciones.

Desde el Senado, el kirchnerismo también completó el tratamiento en comisión del paquete de proyectos de reforma judicial cuando el bloque que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto firmó el último jueves dictamen para el proyecto que regula las medidas cautelares contra el Estado nacional. Tras escuchar las exposiciones de los funcionarios del Ejecutivo, el oficialismo aceptó cambios a la letra original como permitir que los jueces puedan tomar una medida unilateral sin escuchar al Estado con el propósito de defender el medio ambiente ante el riesgo de un daño irreparable. Además, se aceptó que, cuando exista un litigio entre un juez civil y un juez en lo contencioso administrativo, deberá resolverlo este último dado que le corresponde la relación entre empresas y el Estado. Por último, la senadora del peronismo disidente Sonia Escudero logró que se le conceda 10 días hábiles al particular para solicitar una nueva cautelar. Todas las iniciativas serán llevadas al recinto el miércoles próximo.