En el día de ayer, el juez federal Claudio Bonadío, ordenó efectuar diez allanamientos sobre las Administradoras de Fondos de Negocios de Jubilaciones y Pensiones  que operan en el mercado, con el fin de determinar si dichas administradoras realizaron operaciones para favorecer los intereses de sus directivos, contrariamente a los intereses de los aportantes, produciendo de esta manera un perjuicio a sus afiliados. En los allanamientos efectuados en el marco de la denuncia presentada por el fiscal Guillermo Marijuan, se buscó determinar si las administradoras cometieron acciones fraudulentas, tales  como depreciar sus activos, anteriormente al anuncio del gobierno de estatizar sus fondos. En el operativo efectuado en las sedes centrales de las entidades, se secuestraron importantes cantidades de documentación, con el fin de efectuar con la misma un estudio sobre las operaciones llevadas a cabo en el último plazo, mediante lo cual se podrá determinar si la medida cautelar establecida sobre tales entidades debe prolongarse. Según se dio a conocer, en caso de que el magistrado, luego de efectuar un análisis de la documentación determine que la misma demuestra la existencia de algún tipo de irregularidad, evaluarán la posibilidad de nombrar un veedor o un interventor sobre las administradoras que hayan efectuada alguna maniobra fraudulenta. El magistrado que actúa en la causa, imputó a las administradoras que operan en el mercado el delito establecido en el artículo 174 del Código Penal, luego de que  el fiscal presentase una denuncia contra dichas entidades, por haber efectuado una liquidación de bonos antes del anuncio efectuado por la Presidente de la Nación, ante la posibilidad de que sus fondos sean estatizados. En la mencionada normativa, se establece que quienes efectúen algún fraude contra la administración pública, podrán recibir una pena desde dos a seis años de prisión.