Los proyectos de ley que habían sido enviados al Congreso por la Presidenta de la Nación al cumplirse 30 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), obtuvieron el dictamen favorable de las comisiones de Legislación Penal y la de Derecho Humanos de la Cámara Baja.
Tales proyectos contemplan la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos, las despenalización del delito de calumnias e injurias, la participación de las organizaciones sociales como parte querellante en procesos por violación de derecho humanos y la norma que busca reglamentar métodos poco invasivos para la realización de los análisis de ADN.
Con relación a las calumnias e injurias, la iniciativa enviada por el Ejecutivo, pretende modificar varios artículos del Código Penal de la Nación, con el fin de que dicha figura deje de ser considerada penalmente y sólo se aplique en el fuero civil.
El proyecto prevé reprimir con una multa la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública.
A su vez, el proyecto plantea que en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
Al enviar tales proyectos, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner había reivindicado a su Gobierno en materia de defensa de la libertad de expresión, sosteniendo que prefería “mil millones de mentiras antes que ser la responsable de haber cerrado la boca a alguien”.