Una ley por medio de la cual se establece un mecanismo para que aquellos que ocupen viviendas en sectores urbanos, tengan la posibilidad de alcanzar la propiedad de las mismas en diez años, fue aprobada con modificaciones por el Senado Nacional. Como dicha ley, conocida como “ley Pierri”, posee una gran amplitud en sus términos, provocó que en el día de ayer, los legisladores salieran a aclarar, que no se estaba reemplazando lo normado en el Código Civil en cuanto a la usucapión, donde se permite acceder a la propiedad luego de que hubiera pasado 20 años de ocupación pacífica y continua, sino que dicha ley prevé la regularización del dominio de aquellas personas que ocupan viviendas populares, teniendo documentos de dominio informales. Con relación a los beneficios de la nueva normativa, existen posiciones encontradas, ya que por un lado, muchos legisladores consideraron que mediante la implementación del nuevo sistema se pretende regularizar la situación de los  beneficiarios de planes de viviendas que como consecuencia del elevado costo, no llegaron a obtener el debido título de propiedad. Por otro lado, desde algunos sectores, consideran que mediante el presente mecanismo, se estaría blanqueando la usurpación de aquellas viviendas que nadie reclama. La denominada “ley Pierri”, había sido sancionada en el año 1997, luego de que una iniciativa de quien por entonces era el Presidente de la Cámara Baja,  permitía que la posesión dominial de familias de bajos recursos que ocupaban viviendas fuesen regularizadas. Con tal fin, dicha ley, establecía un proceso administrativo donde se establecía que dicho beneficio se podría alcanzar luego de demostrar tres años de ocupación pacífica de la vivienda, sin que existiera controversia judicial. A través de la reciente ley que deberá volver a la Cámara Baja como consecuencia de las modificaciones introducidas, se abre un nuevo plazo para que los ocupantes puedan acogerse a los beneficios. El debate sobre dicha ley, radicaba en que se eliminaba la aclaración de que los bienes involucrados son aquellos ubicados en núcleos urbanos, por lo cual se podría interpretar que sin dicha aclaración alguien podría utilizar dicha medida para las propiedades rurales.