El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictó una resolución por medio de la cual se toman una serie de medidas que apuntan a la aceleración de los procesos penales. Mediante dichas reformas, según consideraciones efectuadas por el propio Righi, habrá importantes modificaciones en la forma en que desempeña su actividad cotidiana el Ministerio Público Fiscal. Entre las medidas de mayor trascendencia, se destaca la autorización brindada a los fiscales generales ante los Tribunales Orales y las Cámaras de Apelaciones para poder nombrar a secretarios como fiscales subrogantes “ad hoc”. Tal posibilidad, tiene por finalidad garantizar la representación del Ministerio Público Fiscal frente a los tribunales de juicio o de cámara. En cuestión presupuestaria, reclamó el crédito presupuestario necesario para lograr la aprobación de recursos y cargos, los cuales ya han sido solicitados. Con tal fin, se instruyó a la Dirección General de Administración de la Procuración General para que intensifique las gestiones a fin de obtener lo reclamado al Ministerio de Economía de la Nación. A su vez, en su resolución, el Procurador General, le encargó a la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, la realización de cursos, los cuales permitirán la formación y el entrenamiento de los fiscales en lo relacionado a la litigación oral. Es importante recordar, que la ley 26.374, creó en cada cámara, una oficina judicial, la cual es colaboradora en la realización de las audiencias. En base a ello, en la resolución, Righi, con el fin de crear una agenda única, racional y organizada, les pidió a los presidentes de las respectivas cámaras, que mediante dichas oficinas, se establezcan las fechas de las audiencias con los fiscales. Mediante ello, se busca evitar la superposición de fechas.