El Tribunal General de la Unión Europea rechazó los recursos que fueron presentados por Telefónica y el Gobierno español contra la sanción de 151,8 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2007.
 
El motivo del castigo fue que la justicia comunitaria había concluido en que la operadora llevaba a cabo prácticas anticompetitivas en el segmento de la banda ancha.
 
Por su parte, la empresa no se quedará estática y recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la UE para que revea la sentencia. Además, la justicia comunitaria había sostenido que se podía interponer un recurso de casación en un plazo de dos meses.
 
Cabe destacar que la presente multa es la segunda más alta impuesta por la Comisión Europea. La primera fue la sanción de 500 millones a Microsoft por conductas monopólicas.
 
En cuánto a la decisión del tribunal, los jueces sostuvieron que "era probable que la conducta de Telefónica hubiese reforzado las barreras a la entrada y a la expansión en dicho mercado y que, de no haber existido las distorsiones resultantes del estrechamiento de márgenes, la competencia habría sido más intensa en el mercado minorista, de lo que se hubieran beneficiado los consumidores en términos de precio, de elección y de innovación".
 
Además, se rechazó el argumento de la compañía que indicaba que se había ajustado de forma escrupulosa a las exigencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la normativa española.
 
En contraposición, el Tribunal sostuvo que Telefónica no podía ignorar que la legislación respetada no la protegería ante una intervención de la Comisión “con arreglo al derecho de la competencia”.
 
Cabe recordar que la investigación de Bruselas comenzó en 2003 tras una denuncia de Wanadoo (France Telecom). Allí, se había determinado que Telefónica debilitaba a sus rivales al obligarles a igualar los precios minoristas.