En agosto de 2016 se promulgó la Ley 20.945 cuyo objetivo fue mejorar el sistema de Libre Competencia frente a los casos de colusión que habían ocurrido hasta ese entonces. La ley estableció el nuevo sistema de notificación obligatoria de Operaciones de Concentración (OdC) ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE); sanciones a los acuerdos entre competitivos (regla “per se”); criminalización de los carteles, entre otros.
A dos años de la entrada en vigencia de la Ley y según información publicada por la Fiscalía Nacional Económica, hasta la fecha la Fiscalía ha revisado y resuelto 63 notificaciones de Operaciones de Concentración, de esas solo 2 han sido rechazadas, 8 aprobadas con medidas y 53 sin medidas.
En cuanto a la implementación de la “Regla Per Se” en relación a sancionar acuerdos ilícitos entre competidores ha tardado, ya que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aún no ha dictado sentencias respecto de aquellos requerimientos que versan sobre hechos ocurridos con posterioridad al 30 de agosto de 2016. Lo mismo ocurre con las multas – que pueden llegar al doble del beneficio económico, a un 30% de las ventas del período respectivo o si no es posible determinar lo anterior, a un monto total de 60.000 UTA – ya que para que alcancen dichos valores los hechos tienen que haber ocurrido posteriormente a la entrada en vigencia de la ley.
Finalmente, sobre la obligación de informar participaciones cruzadas con ante la FNE, hasta el momento solo se conoce de un caso por lo que aún se necesita más tiempo para analizar los efectos de esta medida.
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