Del 11% al 75% en dos años. La adopción de inteligencia artificial en departamentos legales argentinos creció casi siete veces entre 2023 y 2025, según el Reporte sobre Departamentos Legales elaborado por Marval y publicado esta semana. Pero detrás del titular triunfalista se esconde una paradoja inquietante: el 67% de quienes usan IA regularmente desconfían de la precisión de los resultados.

Venimos siguiendo de cerca lo que ocurre con la IA en los estudios jurídicos externos. Este reporte muestra ahora "del otro lado del mostrador" lo que sucede en los departamentos legales internos. Como abogado in-house durante casi dos décadas, reconozco estos patrones: adopción reactiva, presupuestos inexistentes, y una brecha creciente entre el discurso y la práctica.

Las herramientas más utilizadas son ChatGPT (62%), Microsoft Copilot (60%) y Gemini (30%). Las plataformas especializadas para servicios legales apenas asoman: Harvey alcanza el 7% y Co-Counsel de Thomson Reuters el 4%. No estamos ante una transformación digital planificada. Es adopción reactiva de herramientas generalistas sin protocolos institucionales.

La confirmación empírica del fenómeno "IA Blue"

El Reporte Marval valida empíricamente lo que vengo advirtiendo desde hace meses: uso masivo, no declarado, de IA generalista sin gobernanza formal.

La brecha presupuestaria es brutal. El 68% de los departamentos legales no tiene presupuesto específico para tecnología legal. Sin embargo, el 75% declara usar IA regularmente. ¿Cómo se explica esta contradicción? La única respuesta lógica es que los profesionales utilizan cuentas personales de ChatGPT Plus a veinte dólares mensuales, no infraestructura corporativa auditada. Es el fenómeno "IA Blue" en su máxima expresión: inteligencia artificial operando en las sombras, por fuera de los flujos de trabajo oficiales.

La autopercepción de madurez tecnológica contrasta con la realidad. El 55% de los encuestados se considera en "madurez tecnológica media", pero solo el 31% utiliza bases de datos legales especializadas. El 11% no emplea ninguna herramienta específica del sector. Cuando estos departamentos hablan de "madurez", en realidad se refieren a usar ChatGPT para redactar borradores. Eso no es transformación digital.

El 69% que no accede a bases de datos legales especializadas opera en un vacío: valida productos de IA sin acceso a fuentes primarias confiables. Es como verificar un diagnóstico médico sin poder consultar la historia clínica.

Aplicaciones operativas, no estratégicas

¿Para qué usan IA estos departamentos? Revisión de documentos legales (63%), investigación jurídica (57%), análisis de contratos (57%), respuesta a consultas (54%) y automatización de tareas repetitivas (45%). Pero cuando llegamos a predicción de resultados de litigios, la cifra desploma: apenas el 1%.

La IA funciona como asistente administrativo, no como herramienta de análisis estratégico. Reemplaza tareas mecánicas pero no penetra el núcleo del juicio legal profesional. ¿Es esto adopción tecnológica o simplemente tercerización de lo tedioso?

El contraste entre expectativa y resultado refuerza el diagnóstico. El 89% busca "aumentar productividad" con IA, pero solo el 26% logró mejoras significativas. El 63% reporta mejoras ligeras. El 11% no observó cambios. Este es el espejismo digital: expectativas infladas, resultados moderados. La IA mejora eficiencia, pero no al ritmo exponencial que prometen los titulares de marketing tecnológico.

Los obstáculos estructurales: no es tecnofobia, es infraestructura

La resistencia a la adopción tecnológica no es aversión irracional. Es desconfianza racional ante obstáculos estructurales reales.

Los tres obstáculos críticos identificados son presupuesto (50%), tiempo para implementación (45%) y falta de conocimiento técnico especializado (50%). Pero el dato más revelador está en otro indicador: el 45% declara que no puede integrar IA con sistemas existentes. Esto explica por qué el 75% que usa IA probablemente lo hace "por fuera" de los flujos corporativos oficiales. No es rebeldía; es la única salida viable.

La brecha de capacitación agrava el cuadro. El 21% no recibió capacitación alguna en el último año. Solo el 41% tuvo formación en "IA aplicada". Pedimos uso responsable de inteligencia artificial sin dar formación. Es como exigir cirugía cardiovascular sin enseñar anatomía.

Mientras tanto, en el mercado global emergen los llamados NewMods: estudios jurídicos que nacen asumiendo la existencia de IA. Pierson Ferdinand opera sin abogados junior porque la IA maneja la investigación. Covenant se fundó con cultura nativa en IA. Crosby completa revisiones de contratos en una hora. Norm AI levantó 50 millones de dólares de Blackstone para su plataforma de cumplimiento normativo con agentes autónomos. Estos competidores nacen donde los departamentos legales argentinos sueñan con llegar. La brecha no es tecnológica: es estratégica.

Las tres tensiones irresueltas

El Reporte Marval expone tensiones sistémicas que atraviesan toda la práctica profesional.

Primera tensión: responsabilidad indelegable sobre sistemas inauditables. El 67% desconfía de la precisión de la IA, pero el 75% la usa regularmente. Como demostró Gabriele Vestri en su análisis de términos de servicio de los principales modelos de lenguaje, todos los proveedores coinciden en un punto: la responsabilidad legal es 100% del usuario. Los proveedores no responden por exactitud, veracidad ni derechos de terceros. El profesional asume responsabilidad total por sistemas que no controla ni puede auditar. Es la asimetría característica del siglo XXI.

Segunda tensión: parálisis sin infraestructura. El 68% carece de presupuesto para tecnología legal. El 69% no usa bases de datos legales especializadas. El 85% no tiene acceso a infraestructura corporativa robusta. Las guías de "uso responsable" son aspiracionales sobre vacío digital. Sin plataforma tecnológica, sin infraestructura de datos, toda regulación es teórica.

Tercera tensión: la desigualdad de acceso como riesgo real. El riesgo no es que la IA reemplace abogados. Es que abogados con IA reemplacen a abogados sin IA. La desigualdad de acceso segrega el mercado. El 85% sin infraestructura corporativa robusta compite contra estudios globales que operan con honorarios fijos, IA integrada y cultura nativa en tecnología. La brecha parece insalvable.

El camino posible: gobernanza sin presupuesto

La buena noticia: no hace falta presupuesto millonario para implementar gobernanza responsable. Hace falta disciplina.

Un protocolo mínimo de cuatro reglas, sin costo pero con alto impacto, puede implementarse hoy. Primero, anonimización previa obligatoria: nunca cargar datos identificables en modelos de lenguaje; usar seudónimos o códigos antes de subir cualquier documento. Segundo, tratar todo producto de IA como borrador preliminar: validación humana obligatoria de citas, normas y argumentos; verificar cada fallo citado en bases oficiales. Tercero, transparencia con el cliente: informar el uso de IA, obtener consentimiento informado para litigios de alto riesgo, documentar el proceso de generación y validación. Cuarto, para datos ultrasensibles, considerar modelos locales como Llama o Mistral que eliminan el riesgo jurisdiccional de servidores extranjeros.

La gobernanza institucional mínima viable no requiere esperar presupuestos formales. Puede implementarse con políticas escritas (no solo buenas prácticas verbales), designación de un responsable de cumplimiento en IA (puede ser un socio senior), y auditorías trimestrales de registros de consultas y validaciones.

La prioridad número uno debería ser cerrar la brecha de acceso a fuentes primarias. El 69% que no usa bases legales digitales opera a ciegas. Antes de adoptar IA más sofisticada, hay que resolver este déficit infraestructural básico. Reitero un pedido sistemático: se deben instrumentar API abiertas de legislación y jurisprudencia en todas las jurisdicciones. Sin esa base mínima, todo discurso sobre evitar alucinaciones de IA es un sermón para cumplir con las formas.

El espejo brutal

El Reporte Marval 2025 no es una fotografía del éxito digital argentino. Es un espejo que devuelve una imagen incómoda.

Adoptamos tecnología reactivamente, sin protocolos, sin presupuesto y sin formación. El 75% ya usa IA; el 67% no confía en los resultados. Entre esos dos números se juega el futuro de la profesión legal argentina.

Como abogado que pasó casi dos décadas del lado in-house, reconozco el patrón: la función legal corporativa siempre fue resiliente, adaptativa y pragmática. Hicimos más con menos. Optimizamos sin presupuesto. Gestionamos crisis sin manual.

Pero esta vez es distinto. La desigualdad de acceso a infraestructura digital no se resuelve con resiliencia individual. Requiere gobernanza institucional, no solo responsabilidad personal. Requiere infraestructura pública digital que permita al 85% excluido acceder a bases legales actualizadas. Requiere autorregulación profesional proactiva, sin esperar leyes que tardarán décadas en llegar.

La alternativa es la obsolescencia. No por culpa de la inteligencia artificial. Por inacción.